■ Reforma aprobada blinda a legisladores investigados por nexos con paramilitares: senadora
Balean soldados colombianos el vehículo de una dirigente indígena; muere su esposo
■ “El atentado era para mí”, acusa Aída Quilcué; los militares creyeron que iba en la camioneta, dice
Bogotá, 16 de diciembre. El esposo de una lideresa indígena de Colombia murió hoy luego que efectivos del ejército dispararon por no atender una orden de alto contra el vehículo en que se desplazaba.
El jefe de la tercera división del ejército, general Justo Eliseo Peña, dijo que los hechos ocurrieron en una carretera del departamento del Cauca. El oficial lamentó lo sucedido y anunció una investigación para establecer responsabilidades de los soldados que hacían parte del retén.
El indígena muerto fue identificado como Edwin Legarda, esposo de Aída Quilcué, consejera mayor del Comité Regional Indígena del Cauca, una de las promotoras de la marcha que culminó en Bogotá conocida como Minga, con la que pueblos originarios reclaman tierras ancestrales.
“El hecho lo consideramos premeditado debido a que el pasado lunes regresó la consejera mayor tras reafirmar las denuncias del exterminio que sufren los pueblos indígenas de Colombia”, dijo a periodistas el presidente de la Organización Nacional Indígena, Luis Evelis Andrade.
Andrade calificó la muerte de Legarda, quien falleció en un hospital de la región cuando recibía atención médica, como “vil atentado” que comprueba las amenazas contra quienes se atreven a denunciar la crisis humanitaria y genocida de los pueblos indígenas.
Quilcué dijo que “el atentado era para mí” y sostuvo que los militares dispararon indiscriminadamente contra la camioneta que conducía su esposo porque creían que ella viajaba en el vehículo.
En otro orden, la senadora opositora Cecilia López dijo hoy que una reforma aprobada el lunes en el Congreso es un “blindaje de protección” para los legisladores que son investigados por nexos con los paramilitares de ultraderecha, proceso bautizado por la prensa como “parapolítica”.
López, portavoz del Partido Liberal en el Senado, aseguró que esa era la intención del gobierno al plantear que un artículo que establece sanciones a los implicados y los partidos a los que pertenecen tendrá efecto a partir de 2009, aunque desde 2006 se realizan investigaciones a varios políticos.