■ Cateos y robos, desde hace 4 meses: ONG
Preocupan operativos militares en Santiago Lachivía, Oaxaca
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), autoridades de la comunidad indígena Santiago Lachivía, Oaxaca, y otros organismos, manifestaron su preocupación por el reciente operativo militar en esa región oaxaqueña, donde elementos castrenses realizaron cateos ilegales y sustrajeron los ahorros de un poblador. Recordaron que en agosto de 2008 soldados asesinaron a dos comuneros en un operativo similar.
En un documento conjunto, los denunciantes aseguran que el pasado 17 de diciembre unos 50 soldados ingresaron a esa comunidad con el argumento de que se trataba de un operativo. Sin embargo, aseguraron, lejos de ello los militares cometieron abusos contra los pobladores, como destrozos, cateos “ilegales” y el hurto de 5 mil pesos en efectivo que un comunero tenía en su domicilio.
Debido a estos hechos y en “uso de sus atribuciones como autoridad comunitaria”, el agente municipal de la región, Fructuoso Martínez Aragón, informó por un altavoz a su comunidad de lo que acontecía, por lo que los pobladores de Santiago Lachivía reclamaran que los militares respondieran por los abusos perpetrados.
Sin embargo, dada la negativa de los soldados a la demanda, los pobladores “se vieron obligados a mantener en la comunidad a los responsables de los abusos” hasta que se presentó un superior jerárquico de los militares y sus subordinados asumieron la responsabilidad en los hechos para luego retirarse de ese sitio.
El Centro Prodh y el resto de los firmantes subrayaron que, pese a lo anterior, los comuneros temen que se repitan hechos similares o alguna represalia; recordaron que este no es el primer operativo militar en la comunidad, pues el 5 de agosto 120 comuneros de Santiago Lachivía fueron baleados por militares mientras los primeros realizaban trabajo colectivo, lo que provocó dos muertos, entre ellos el anterior agente municipal, y heridos graves, sin que se haya sancionado a los responsables.
Subrayaron que los operativos castrenses en las comunidades indígenas violan los derechos humanos; “se trata de una de las consecuencias más perniciosas de la militarización que caracteriza a las políticas en materia de seguridad”.