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Arturo Alcalde Justiniani

La farsa de los salarios mínimos

El raquítico incremento a los salarios mínimos pone en evidencia una política económica contraria a los intereses de los trabajadores, en un momento crucial de crisis. Lisa y llanamente, significa un despojo en la medida que el porcentaje impuesto de 4.6 por ciento promedio (4.2 por ciento en la zona A, que comprende la mayor parte de la población) es sensiblemente inferior a la inflación, aun considerando los datos del Banco de México, que bien sabemos están diseñados para aparentar una realidad distinta a la que confirma cotidianamente la población cuando acude a un mercado a comprar alimentos para la familia. La mala noticia será que hoy podrán adquirir menos que antes.

Basta analizar dos declaraciones para confirmar el teatro de mal gusto que envuelve esta decisión fundamental. La Confederación Patronal de la República Mexicana señaló: “En la visión humanista de Coparmex, nuestro foco está en la persona, y aunque no somos una institución de beneficencia, sí consideramos que la función de la empresa es la creación de valor para toda la sociedad… eso se hace, entre otros aspectos, con una compensación decente para sus colaboradores” (La Jornada, 16/dic/2008, p. 22). Surgen varios cuestionamientos: cómo se puede creer que dos pesos diarios constituyan un incremento “decente” frente a la inflación que todos conocemos; quién ha pensado que la Coparmex pueda considerarse una institución filantrópica, ¡sólo eso nos faltaba!, cuando es esencial el esfuerzo de los trabajadores para mantener funcionando el aparato productivo. ¡Y ahora resulta que el incremento salarial es una limosna!

Enrique Aguilar Borrego, presidente del Congreso del Trabajo, señaló: “es inaceptable un alza a los mínimos por abajo del 4 por ciento” (Reforma, 16/dic/2008, p. 2); con esta posición, podemos darnos una idea del grado de defensa que ejercen nuestros líderes obreros de la economía popular, es la vieja táctica de poner un límite bajo, para luego aparentar que se logró un avance al convenir un monto superior. Es famosa la anécdota de un viejo líder sindical de la industria de la confección que citaba a los patrones en el Sanborns Azulejos para preguntarles qué porcentaje de incremento salarial había decidido la empresa otorgar, si le decían que 5 por ciento, acudía a la asamblea muy fresco y con toda firmeza exclamaba: ¡Compañeros, ni un paso atrás, cinco por ciento o huelga!

Las reuniones realizadas por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM) son una muestra de la farsa tripartita. El representante de la Confederación de Trabajadores de México llegó con la consigna de su líder, Joaquín Gamboa Pascoe, que días antes había anunciado que estaba listo “para sacrificarse más”. Después del acuerdo, los representantes regresaron a sus lujosos automóviles y a seguir sacrificándose. Se suman interrogantes: ¿habrá alguien que les crea? ¿Creerán ellos sus propias mentiras? ¿Qué sentido tiene esta pantomima frente a una sociedad ávida por participar responsablemente en el diseño de estrategias que nos permitan superar las dificultades de una crisis creciente? ¿No les dará vergüenza cobrar un sueldo por tan penosa tarea?

Resulta evidente que la CNSM es un acto de simulación en el que prevalece la voluntad del gobierno federal por vía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La opinión de este gobierno es que los trabajadores más desprotegidos del país se merecen dos pesos y centavos para salvar sus angustias, cubrir una inflación superior a 6 por ciento, y responder así a un 2009 que amenaza degradar aún más los niveles de vida. Este es el auténtico rostro de la política económica.

El razonamiento parece sencillo: si estamos en crisis, si sufrimos las consecuencias de una política económica equivocada que incluye los efectos de nuestra excesiva vinculación a la suerte de nuestro vecino del norte, deberíamos actuar como lo hacen las familias en estado de necesidad, apoyarse unos a otros, dando prioridad a los más necesitados. Si lo principal es proteger el bienestar colectivo, se impone la urgencia de una política de redistribución racional, suprimir los gastos superfluos, reducir los salarios excesivos y canalizar mayores recursos a quienes se ahogan en una pobreza creciente. Esta imposición del gobierno federal actúa en sentido contrario a una elemental política de derechos humanos, cuando hace tan sólo una semana que con motivo de la conmemoración del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue presentado el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, que en su capítulo del derecho al trabajo adquirió el compromiso de “promover que los salarios fijados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aseguren a todos los trabajadores y empleados una garantía social básica… Diseñar y ejecutar un programa nacional de trabajo digno, cuyo objetivo sea garantizar la vigencia de los derechos humanos laborales”.

Hoy más que nunca resulta evidente la necesidad de un debate nacional sobre la política salarial y, en particular, el papel que juega el salario mínimo en el modelo económico. No podemos resignarnos a la tesis de que cualquier mejora salarial es inflacionaria y que la única medicina posible es sacrificar a los trabajadores. Con esta visión reducida, sólo se abate el mercado interno y se condena a los trabajadores a vivir peor. Buena parte de la responsabilidad de la crisis mundial se deriva de políticas que acorralando a los deudores les impidieron cumplir con las obligaciones hipotecarias contraídas. En México, una expresión de esta política ha generado el desastre relacionado con las tarjetas de crédito. Deberíamos aprender de otros países que han puesto el énfasis en la recuperación salarial para reducir inequidades y dinamizar su economía.

Por lo pronto, habría que desaparecer la inservible Comisión Nacional de Salarios Mínimos y rescatar la propuesta de hacer depender esta función de la Cámara de Diputados. Sería un buen propósito de fin de año.

 
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