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■ Anuncian las Abuelas de Plaza de Mayo el encuentro de otra nieta; suman 96 hallazgos

Permanecerá en prisión el ex dictador Videla, ratifica tribunal en Argentina

Stella Calloni (Corresponsal)

Buenos Aires, 22 de diciembre. La Cámara Federal ratificó hoy que el ex dictador Jorge Rafael Videla, procesado por delitos de “lesa humanidad” cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983), debe continuar detenido en una cárcel, mientras las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron el hallazgo de la nieta número 96, hija de detenidos desaparecidos nacida en cautiverio y robada por los militares en tiempos del horror.

Se trata de la hija de Raquel Carolina Negro y Edgard Tulio Valenzuela, quien acaba de ser recuperada por las Abuelas, que este año lograron rescatar y devolver su identidad a ocho hijos de desaparecidos durante la pasada dictadura. Se estima que entre 400 y 500 niños nacidos en cautiverio y arrancados a sus madres, antes de desaparecerlas, fueron entregados como “botín de guerra” por militares y policías a familias amigas o se apropiaban ellos mismos, en una historia alucinante comparada con lo actuado en la Alemania bajo dominio nazi.

La sala segunda del tribunal de apelaciones al ratificar que Videla debe seguir en una cárcel determinó que “no existe examen médico que justifique” que el militar deba regresar a la modalidad de arresto domiciliario” como se mantuvo hasta el pasado 10 de octubre, cuando el juez federal Norberto Oyarbide dispuso que debía cumplir prisión preventiva en una cárcel bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), y lo envió al Penal Federal de Campo de Mayo.

Precisamente la decisión de trasladarlo de su cómoda prisión domiciliaria fue tomada en relación a dos de las causas por las que se le juzga. Una de ellas es la que investiga la existencia de un plan sistemático que consistía en mantener a las mujeres que eran secuestradas embarazadas, en centros clandestinos de detención hasta que nacieran los niños. Entonces se los arrebataban y las madres pasaban a integrar la dolorosa lista de desaparecidos, que suman unos 30 mil en el país.

El ex dictador y primer presidente que impuso la dictadura militar después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, fue trasladado al Penal de Campo de Mayo, ante el reclamo interpuesto por la Secretaría de Derechos Humanos, para que se revocaran las detenciones domiciliarias de los responsables de delitos de lesa humanidad. Las Abuelas de Plaza de Mayo son querellantes en la causa que juzga el plan sistemático de apropiación de los niños nacidos en cautiverio.

“No pueden existir diferencias ni privilegios en favor de Videla”, sostuvieron en su pedido las Abuelas, mientras que los defensores de Videla se oponían al traslado e intentaron en los últimos días volver atrás con la decisión del 10 de octubre pasado.

Esto sucede cuando el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió impulsar un juicio político a los jueces que ordenaron liberar a los represores, en una acción que levantó olas de reclamos. Los magistrados, integrantes de la Cámara de Casación, ordenaron la liberación de algunos de los más emblemáticos responsables de delitos de lesa humanidad.

Entre ellos figuran nada menos que los ex capitanes de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), Alfredo Astiz, y Jorge el tigre Acosta, que conformaban uno de los grupos de tareas más criminales de la marina. En los últimos tiempos ellos también habían sido trasladados a un penal de máxima seguridad junto con otros acusados de delitos de lesa humanidad, para evitar que siguieran detenidos en lugares controlados por las propias fuerzas armadas, donde se comprobó que gozaban de increíbles beneficios.

El debate se instaló en la sociedad y el pasado fin de semana el fiscal de Casación evitó que estos siniestros personajes del pasado recuperaran su libertad, mientras se está en una campaña de familiares y organismos humanitarios para acelerar y unificar los juicios previstos para el próximo año. Los familiares de las miles de víctimas reclaman “justicia ya” y también una acción contra los jueces que demoran y obstaculizan las causas.

 
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