■ Vega Casillas subraya que en el sexenio de Fox se recaudaron 1% de las sanciones
Sin pagar, 44% del monto que por multas ha impuesto la SFP a funcionarios
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, sostuvo que en el combate a la corrupción no habrá ningún tipo de componenda política para encubrir a algún funcionario de extracción priísta o de otro partido. “En ningún caso –ni en aras de la gobernabilidad– se ha tenido consideración hacia alguno de los funcionarios que hemos investigado, por el hecho de pertenecer a algún partido. En ese tema no hay acuerdos políticos, simplemente no puede haberlos porque no hay manera”.
En entrevista con La Jornada, el funcionario sostuvo que una vez que la SFP inicia una indagatoria, ya no se puede detener hasta su conclusión, independientemente de quién la haya promovido: la ciudadanía, el Poder Legislativo o alguna otra instancia.
“La propia Auditoría Superior de la Federación y la controlaría interna nos revisan. Incluso han procedido en algunos casos por haber detenido la investigación. Es algo en lo que no podemos hacer ningún acuerdo. El que cometió un acto de corrupción y lo detectamos, lo castigamos”, sostuvo.
Vega refirió que en lo que va del sexenio de Calderón Hinojosa se han impuesto sanciones por alrededor de 4 mil millones de pesos, pero “efectiva y realmente se han recuperado 2 mil 467 millones de pesos”.
El funcionario admitió que es difícil cobrar las multas económicas que se imponen a los funcionarios, en particular cuando superan los miles de millones de pesos, como la multa de mil 421 millones de pesos impuesta al ex director de Petróleos Mexicanos, Rogelio Montemayor Seguy, quien si bien fue inhabilitado por 10 años para ocupar algún cargo público, finalmente fue exonerado.
Vega Casillas indicó al respecto que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos indica que para resarcir el daño patrimonial, el funcionario responsable debe pagar el monto del perjuicio económico causado más un peso, que fue lo que se le cobró a Montemayor. “Cambiar la imposición de las multas implicaría realizar una modificación a la ley”, comentó tras señalar que la SFP trabaja en ese tema junto con el Poder Legislativo para, en su momento, presentar una iniciativa de reforma que sea viable.
Lo cierto, dijo, es que como parte de esos cambios se propone la posibilidad de que los funcionarios que incurran en actos de corrupción y cohecho sean sancionados penalmente.
El cobro de las multas a los funcionarios sancionados generalmente se lleva un largo proceso judicial. Un ejemplo lo representa el sexenio de Vicente Fox, a lo largo del cual se impusieron 20 mil millones de pesos en multas a los funcionarios sancionados, aunque sólo se recuperó menos de uno por ciento.
Vega destacó que en la actual administración se tiene un promedio de 33 servidores públicos sancionados por día hábil.
En la mayoría de los casos se trata de sanciones administrativas por violaciones a la normatividad interna de las dependencias, las cuales “son tan complejas que a veces es muy difícil cumplir con ellas”. O bien, son excesivas. “Tenemos en el gobierno federal 5 mil 500 normatividades sólo en materia de recursos humanos. Un ejemplo: la manera de pagar las nóminas en el gobierno federal. Se supone que se pagan igual, todos pagamos los impuestos de la misma manera, pese a ello cada dependencia hizo su propio manual y sus propias condiciones.
“Por ello, tenemos dependencias totalmente dispares; una tienen todo automatizado y otras aún calculan a mano, entregan un sobre, tienen que repartir los sobres en todo el país y se paga de una manera arcaica; en algunas dependencias todavía tardan meses en pagar a los de nuevo ingreso. Lo que tenemos que hacer es estandarizar y hacerlo de una sola manera; tenemos que eliminar 5 mil 500 normatividades internas. Eso implica montar el sistema de recursos humanos más grande del mundo, y en eso estamos ya muy avanzados”.
Al respecto, Vega adelantó que se reducirá al máximo posible la normatividad y tramitología en las dependencias federales, con lo que se evitarán cuellos de botella y “oportunidades” de caer en actos de corrupción.
Algunos avances, ilustró, son los acuerdos con la Comisión Nacional del Agua, donde pasaron de 30 y tantos los trámites a sólo 19. “Todos los trámites se van a automatizar. Así se eliminan prácticamente muchas de las oportunidades de corrupción que existen.”