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Editorial

Crisis, insensibilidad y descontento

En el último bimestre de este año el gobierno federal ajustó las tarifas de los servicios eléctricos para beneficiar a las grandes empresas y a los consumidores industriales de luz –tanto nacionales como extranjeros–, brindarles más y mejores opciones de pago, y “atenuar”, en esa medida, los efectos de la volatilidad en los precios de energéticos y de las variaciones inflacionarias, según información oficial.

La medida mantiene la línea anunciada el pasado 1º de noviembre por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, quien afirmó, durante el Foro Nacional de la Industria Química, que los grandes consumidores de energía eléctrica podrían acceder a una tarifa preferencial por periodos anuales, así como adquirir contratos de cobertura para protegerse de las fluctuaciones abruptas en las cotizaciones internacionales del gas natural. Por su parte, en una reunión con representantes del Consejo Coordinador Empresarial, el 5 de diciembre, el titular de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, confirmó que parte de la estrategia del gobierno federal ante la crisis económica era “bajar todos los insumos de las empresas, principalmente de energía eléctrica”, según versión del presidente del organismo, Armando Paredes.

En un escenario como el actual, marcado por un severo desorden financiero de alcances globales y por el colapso del modelo neoliberal y sus dogmas, nadie en su sano juicio pondría en duda la pertinencia de la intervención del sector público para paliar los efectos de la crisis y reactivar los motores de la economía y el mercado internos. Sin embargo, la medida que se comenta da cuenta de una actitud sesgada e insensible del gobierno, pues se combina con una política constante de retiro de subsidios de los servicios eléctricos para los usuarios domésticos, que se ha reflejado, en los últimos meses, en incrementos exorbitantes en los recibos de luz –hasta 200 por ciento en un solo bimestre–, ante los cuales los pequeños consumidores no tienen manera de defenderse.

El doble rasero con que se conduce el grupo gobernante en el cobro de los servicios eléctricos es indicativo, por lo demás, de que prevalecen en la actual administración las inercias características de los gobiernos neoliberales, propensos a rescatar, en tiempos de crisis, a los grandes consorcios financieros, comerciales e industriales en aprietos y dejar a la deriva a los asalariados, las clases medias, los pequeños empresarios, los sectores populares, los ciudadanos de a pie.

Los aumentos desproporcionados en las tarifas eléctricas –a los que habrá que sumar los que se han dado en los precios del gas y la gasolina, que este año se incrementaron en 33 ocasiones–, en sí mismos ofensivos para millones de familias, constituyen un agravio adicional para la población en un escenario en que convergen índices crecientes de desempleo, caídas en las remesas desde Estados Unidos, inflación y carestía, amén de las desigualdades económicas y sociales de siempre.

Hasta ahora el gobierno federal no ha atinado a articular un discurso mínimamente congruente con esta realidad. Se ha limitado a emitir balbuceos y alegatos inverosímiles en torno a la pretendida “solidez” de la economía mexicana y a emprender acciones como las que se comentan, orientadas al beneficio de unos cuantos. En cambio, se muestra ajeno al creciente descontento popular que se genera por el sombrío panorama económico y por sus consecuencias en los bolsillos de las mayorías. Urge, por tanto, que aparezcan indicios de un nuevo rumbo económico, con medidas, sentido y sensibilidad sociales.

 
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