■ El movimiento social fracasó por la “posición radicaloide de todo o nada”, dice el Padre Ubi

Ulises Ruiz aprendió del conflicto con la APPO; “ahora usa la represión selectiva”

■ La política depredadora que aplicaba el gobierno estatal en 2006 se ha reposicionado: Flavio Sosa

Gustavo Castillo García

La “posición radicaloide del todo o nada llevó al fracaso al movimiento social gestado en Oaxaca en 2006, ya que en octubre de ese año los representantes de la Secretaría de Gobernación aceptaron resolver todas las peticiones de manera favorable, hasta algo que no se había pedido: mil millones de pesos para la reactivación económica de la capital del estado.

“La única cosa que no se daba era la caída del gobernador Ulises Ruiz, porque allí se dijo que no dependía de la voluntad del gobierno federal, pero se propuso que el movimiento social y el pueblo de Oaxaca demostraran política y jurídicamente la inconstitucionalidad e ingobernabilidad que se vivía en la entidad”, reveló el sacerdote Romualdo Mayrén, mejor conocido como Padre Ubi, quien es el apoderado legal de la arquidiócesis de Oaxaca y representante de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, y que en aquel conflicto participó en la comisión de interlocución.

El Padre Ubi fue entrevistado, al igual que Flavio Sosa, ex dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y la abogada Alba Gabriela Cruz Ramos, integrante del Comité 25 de Noviembre, creado por iniciativa del artista Francisco Toledo, con el propósito de conocer sus opiniones en torno a la situación que se vive en el estado después de dos años del conflicto que empezó con una demanda de mejores condiciones salariales por parte del magisterio oaxaqueño, y que se transformó en una gran movilización social en exigencia de justicia.

Para el sacerdote, en Oaxaca “se vive una paz cimentada en arena, porque no se ha dado solución a ninguna de las demandas que originaron el conflicto, el cual concluyó con la represión policiaca; más aún, el gobierno estatal aprendió y hoy realiza una represión más selectiva, para lo que recurre desde la cooptación económica hasta la amenaza de encarcelamiento en contra de los luchadores sociales”.

La abogada Alba Gabriela Cruz Ramos señaló que aún existe una movilización social viva, “porque la de 2006 sólo fue una situación en la que se conjuntaron muchas luchas que ya tenían un camino recorrido, pero se mantiene la total impunidad en el estado, y muestra de ello es que no ha sido detenido ninguno de los responsables de los asesinatos políticos ocurridos en la entidad. No hablo solamente de los veintitantos de 2006, sino de todos los anteriores.

“Hay una gran deuda en materia de procuración e impartición de justicia, y cada día crece más la inconformidad, porque cada vez son más profundas las violaciones a los derechos humanos.

“Se han dado nuevos casos de transgresiones a las garantías individuales y hay inseguridad y zozobra, porque se criminalizan los movimientos sociales y nuevamente han empezado a militarizar las zonas del istmo y de la costa, lo que es preocupante, porque sin duda lo hacen debido a que allí se están generando movimientos sociales fuertes, sobre todo por la defensa de los recursos naturales”, afirmó la abogada.

Por su parte, Flavio Sosa, uno de los líderes de la APPO que fue detenido y enviado a una prisión de máxima seguridad acusado de diversos delitos, pero que ya se encuentra en libertad, consideró que en este momento “continúa la política depredadora que tenía el gobierno local en 2006; no ha cambiado nada. Incluso, hoy esa política está reposicionada.

“Sin embargo, los esfuerzos de la APPO, que en algún momento movilizaron a un millón de personas, se encuentran disgregados en distintos espacios. Hay un movimiento social vigoroso, pero desarticulado en este momento, a pesar de que hay una inconformidad social fuerte e irritación por la situación económica en Oaxaca. Esa es nuestra realidad”.

Al respecto, el Padre Ubi señaló: “hoy estamos en una situación peor a la que provocó el conflicto; es una situación en la que se han hecho cambios de maquillaje, hay persecución política en contra de los adversarios del gobierno en turno. La situación es muy delicada, porque no se resolvieron las causas que originaron el conflicto. Tenemos un ejercicio gubernamental tiránico y despótico, que se ha agravado con la inseguridad que priva en Oaxaca”.

Para la abogada Alba Gabriela Cruz, en 2006 distintas organizaciones se aglutinaron en una sola estructura conocida como la APPO, lo que hoy “se ha desdibujado completamente. Hay una serie de pugnas en su interior, por lo que la intención del magisterio es que de nueva cuenta se convierta en la columna vertebral del movimiento social en Oaxaca, y se está haciendo un nuevo esfuerzo por conjuntar todas las organizaciones y todos estos movimientos, pero todavía no se logra.

“Se pretende que a finales de febrero se haga un nuevo congreso de la APPO; si se logra, la asociación seguirá viva, con la gente que quiere luchar desde ahí. Eso es la esencia y la enseñanza que dejó la APPO de 2006, la cual sembró conciencia social, entre otras muchas cosas”, señaló la defensora de varios de los detenidos en aquel movimiento social.

El Padre Ubi afirmó que en aquella lucha hubo un momento en que los grupos sociales tuvieron a su alcance grandes triunfos, pero “los actores sociales y políticos no supieron hacer una lectura de los acontecimientos. Cuando el movimiento social estuvo arriba, sus líderes fallaron al no dejar la soberbia para llegar a acuerdos favorables.

“A mi juicio, esa posición radical y tonta, del todo o nada, lo único que hizo fue que quedáramos en nada, y que muchos de ellos fueran brutalmente torturados y encarcelados; que hubiera mucha gente asesinada. Tenemos por lo menos 26 activistas muertos a manos de grupos gubernamentales que, armados, se desplazaban en patrullas.

“La verdad, en octubre de 2006 hubo propuestas muy claras y definitivas del gobierno federal. En las dos últimas reuniones entre la APPO y Gober- nación hubo la propuesta de resolver todas las peticiones, excepto la caída del gobernador, pues ello se lograría con la demostración jurídica de la ingobernabilidad y la inconstitucionalidad del gobierno local. No sé si en esas ocasiones a los consejeros de la APPO les faltó agudeza política”, dijo Ubi.