■ Forzoso, que vigorice la vida organizativa en los ejidos
La SRA debe cambiar acciones, no desaparecer: líderes agrarios
Para las organizaciones campesinas que durante décadas defendieron y exigieron el reparto agrario y evitaron la creación de “latifundios ocultos”, hoy la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) debe dar un giro sustancial a sus acciones, pero no desaparecer.
Concebir a la dependencia como impartidora de justicia únicamente mediante la distribución de tierra es equívoco, porque el campo no es sólo sinónimo de “reparto”, sostuvo Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, agrupación con poco más de cuatro décadas de existencia que apuntaló luchas sustanciales para el reconocimiento de ejidos y comunidades en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Sonora y Sinaloa.
Es la institución que tiene la responsabilidad de fortalecer la vida organizativa y productiva de ejidos y comunidades, de garantizar el derecho a la tierra, al trabajo y a una vida digna de los campesinos y de los pequeños propietarios, subrayó José Jacobo Femat, dirigente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares.
La existencia de 31 mil núcleos agrícolas y de 1.8 millones de sujetos agrarios que demandan organización, capacitación e infraestructura demuestra que la SRA debe continuar dentro de la estructura gubernamental, porque le corresponde “jugar un papel sustancial en el apuntalamiento de figuras asociativas que reclaman programas y recursos”, sostuvieron ambos dirigentes.
“El gobierno no debe olvidar que el objetivo histórico de la reforma agraria fue el desarrollo integral del campo y que en ella recae la responsabilidad de organizar, capacitar y ayudar a los campesinos en su tránsito hacia la modernidad y la economía de mercado. A la SRA hay que revitalizarla, otorgarle los elementos presupuestales para que asuma plenamente las tareas de organización, capacitación y desarrollo rural”, destacó el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado, Heladio Ramírez López.
Ovalle Vaquera comentó que 80 por ciento de la población de ejidos y comunidades desconoce las diversas normas y programas existentes para su beneficio; sólo tiene la información de los más relevantes, como el Procampo, ayuda a la vivienda y a adultos mayores; no hay asesoría ni capacitación para difundirlos. Son esas acciones las que puede cubrir la SRA por ser la institución más cercana a los campesinos.
En respuesta a quienes han vuelto a pronunciarse por “borrar a la SRA del gobierno”, apuntó: “ya no estamos en el gobierno de (Carlos) Salinas –operador y ejecutor del cambio al artículo 27 constitucional– ni es senador El Jefe Diego (Fernández de Cevallos); hay que fortalecer las capacidades de operación y funciones de la institución, que ha marcado el curso de la historia agraria del país”.
Ya en la firma del Acuerdo Nacional para el Campo las organizaciones lograron introducir su propuesta de reordenamiento administrativo en materia de desarrollo rural para la especialización de programas y eficientar el uso de recursos presupuestarios, humanos y materiales orientados al agro, “que provoquen sinergias entre los recursos públicos”.
Ello incluyó sus observaciones al ordenamiento de la propiedad rural, sobre el que subrayaron la urgencia de atender los conflictos sociales y jurídicos en los núcleos agrarios; impulsar la regularización en favor de sus ocupantes de los terrenos nacionales y de las colonias agrícolas; ordenar la pequeña propiedad; establecer un fondo de tierras que contenga un mecanismo de financiamiento para que los jóvenes puedan acceder a ellas, y asegurar un retiro digno al sujeto de derecho de la tercera edad.
Abelardo Escobar Prieto, secretario de la Reforma Agraria, resaltó que entre sus prioridades destaca dar plena certidumbre jurídica a los sujetos agrarios, incluidas las mujeres, pero “no basta con dar esa seguridad para sostener la paz social en el campo. Hay que dar el paso de la capacitación y organización de los campesinos que viven en los núcleos agrícolas, para que tengan una pequeña empresa u otra actividad que les permita elevar sus ingresos”.
La SRA atiende el segmento más pobre de las zonas rurales: ejidos y comunidades donde hay recursos naturales y gente para poder trabajar, pero falta el empujoncito que debe dar el gobierno federal, mediante proyectos productivos, capacitación y con la reintroducción del extensionismo rural –desaparecido hace tres lustros–, para llevar asistencia técnica a quienes más lo necesitan, abundó.
“La secretaría tiene una tarea que realizar”
“Tenemos –incluido su equipo de colaboradores– muy claro que esa es la visión que debe desarrollar la SRA, pues no hay otra instancia del gobierno federal que tenga un contacto tan intenso como esa institución con los dueños de poco más de la mitad del territorio nacional. No se puede hablar de suficiencia alimentaria sin poner los ojos en los ejidos y comunidades. Que quede claro, ¡la SRA tiene una tarea que realizar!”
–¿Mientras haya pobres en el campo existirá la SRA?
–Mientras existan ejidatarios y comuneros pobres la SRA tiene que apoyarlos con recursos y capacitación.
Escobar Prieto puntualizó que las acciones de reconversión no han concluido. “Continuamos con la solución de los conflictos agrícolas –en 2008 se invirtieron 900 millones de pesos para resolver 221 de los 511 conflictos suscitados. Se han entregado 620 mil 997 documentos a 349 mil 890 personas para dar certidumbre jurídica sobre 214 mil 100 hectáreas, por lo que 96 por ciento de los 31 mil 623 núcleos agrarios ya están regularizados y se está avanzando en la conformación del Catastro Rural Nacional.
“En dos años de gobierno se han invertido 2 mil 462.8 millones de pesos para respaldar 11 mil 321 proyectos del Fondo de Apoyos Productivos Agrarios y del Programa de la Mujer en el Sector Agrario, que han beneficiado a 109 mil 675 productores”, expuso.
Recordó que los cambios en la SRA incluyen adecuar el marco jurídico, pues –desde su punto de vista– hay cuatro factores que han provocado el debilitamiento del tejido social y el subaprovechamiento de la tierra en ejidos y comunidades: el envejecimiento de los titulares de la tierra y la falta de incentivos económicos para que las nuevas generaciones permanezcan y trabajen en su lugar de origen; carencia de inversiones por la percepción de que la asociación con ejidos es problemática y de futuro incierto, y falta de valor agregado a la producción por la inexistente capacitación y organización para el trabajo.
Hay que mejorar la ley agraria para que mediante ella se incentive la organización bajo reglas mínimas que hagan viable su funcionamiento y se brinde seguridad jurídica a quienes se asocian con ejidatarios y comuneros; reglamentar con mayor equidad y claridad la expropiación de bienes ejidales y comunales; crear un cuerpo normativo que regule los procesos agrarios, ya que por la falta de éste se aplica supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, y modificar la figura del dominio pleno sobre la propiedad social para que sea un acto sin caducidad que pueda ejercer cualquier ejidatario en el momento que le convenga o interese. Hacer más clara dicha norma reforzará la protección al medio ambiente, ya que en la propiedad social se encuentra la mayor parte de los recursos naturales del país.
En el pasado, subrayó, “justicia agraria” significaba para los campesinos la recuperación y dotación de tierras, pero hoy representa oportunidades de desarrollo económico y bienestar social.
Se prevé que en el periodo ordinario de sesiones de 2009 en la Cámara la propuesta de reformas a la ley agraria sea discutida y aprobada, aunque una propuesta similar se quedó en el pasillo de la pasada legislatura.