■ Ejercía 2 cargos como empleado municipal y ahora a nivel estatal; le imponen multa de $442 mil
Inhabilitan 10 años al delegado del Instituto de Fomento a la Vivienda en Isla Mujeres
Isla Mujeres, QR, 10 de enero. La Contraloría municipal inhabilitó por 10 años al director local del Instituto de Fomento a la Vivienda Rural (Infovir), César Edmundo Poot Pérez. Lo multó con 442 mil 605 pesos y le impuso devolver sueldos no devengados por 221 mil 302.
Manuel Jesús Serrano Magaña, contralor del ayuntamiento encabezado por el PAN, afirmó en conferencia de prensa que el actual presidente de la agrupación priísta México Nuevo violó el artículo 169 de la Constitución de Quintana Roo, según el cual todo cargo, comisión o empleo público no docente es incompatible con algún otro federal o estatal, si en ambos se percibe un sueldo.
César Poot recibió 221 mil 302.52 pesos como coordinador técnico en la anterior administración municipal y al mismo tiempo era titular local del Infovir, donde aún se desempeña, indicó el fiscalizador.
Por ello, la Contraloría de Isla Mujeres le impuso devolver los sueldos percibidos en el cargo municipal, y en caso de negativa se notificará por oficio a la Tesorería para que actúe conforme a lo dispuesto por el artículo 61 fracción quinta de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, advirtió.
Serrano Magaña expuso que el dirigente priísta deberá cubrir también una multa de 442 mil 605 pesos, equivalentes a dos tantos del lucro obtenido, luego de que el pasado 5 de enero se dictó resolución contra Poot Pérez, que no presentó impugnación alguna durante el procedimiento.
“También giramos oficio a las secretarías de la Función Pública, de la Contraloría y al Infovir estatal, para su debido conocimiento y registro”, concluyó el contralor.
A su vez Julio Osorio Magaña, representante legal del municipio, confirmó que la administración panista “no ha recibido hasta hoy” notificación alguna de suspensión provisional que otorgara el Tribunal Superior de Justicia estatal, a solicitud expresa del presunto responsable.
En este caso “las únicas víctimas son el patrimonio municipal y los isleños”, pues el funcionario priísta se benefició del dinero que pagan los contribuyentes, manifestó.