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Editorial

Campo: consecuencias del abandono

Según informes recientes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, las importaciones de cereales –trigo, maíz, arroz, sorgo– significaron, entre enero y octubre de 2008, un gasto de 2 mil 508 millones dólares, lo que representa un incremento de 56 por ciento en relación con el mismo periodo de 2007. En general la balanza comercial del país acusó, en los primeros 10 meses del año pasado, un déficit de 11 mil 137 millones de dólares –27 por ciento más que en el mismo lapso de 2007–, del cual cerca de la mitad corresponde únicamente al rubro alimenticio.

Es significativo que este notable incremento en las importaciones de granos –y las implicaciones que tiene en términos de balanza comercial– haya ocurrido el mismo año en que se retiraron los aranceles a los productos agrícolas foráneos, con la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No es de extrañar, por tanto, que en 2008 el incremento de las importaciones de cereales haya sido mucho mayor al observado en años anteriores: entre 2005 y 2006 el aumento en ese renglón fue de 30 por ciento, mientras entre 2006 y 2007 fue de 27 por ciento, es decir, menos de la mitad que entre 2007 y 2008.

La cláusula de liberación arancelaria contemplada en el acuerdo de comercio trilateral no es, sin embargo, la única causa del creciente consumo de cereales foráneos en el país, si bien ha servido, a lo que puede verse, como potenciador decisivo de esa tendencia. De acuerdo con un reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el volumen de sus exportaciones de maíz a México creció de 0.5 millones de toneladas en 1993 a 7.5 millones en 2005, es decir, se incrementó 15 veces (La Jornada, 16/3/05). Durante esos años, las sucesivas administraciones han puesto en marcha directrices que han significado el abandono del campo y el empeoramiento de las condiciones de vida de habitantes de los entornos rurales, el desmantelamiento de los apoyos estatales a la pequeña producción y al consumo interno de alimentos; la concentración del presupuesto destinado al campo en un reducido grupo de grandes exportadores, amén de los procesos de apertura comercial indiscriminada.

Tales políticas han significado una pérdida sostenida de soberanía alimentaria del país, y lo han hecho cada vez más dependiente de los productos extranjeros, como expresa el creciente déficit de la balanza comercial en el rubro de alimentos y los incrementos en las importaciones de cereales. Esta situación resulta particularmente ofensiva para los bolsillos de millones de familias mexicanas, pues su consumo de alimentos se halla sometido a los altibajos en los precios internacionales de productos que bien podrían generarse en territorio nacional, si los gobiernos tuvieran la voluntad política y la capacidad de planeación necesaria para tal efecto.

Por lo demás, las consecuencias del abandono de los entornos agrícolas trasciende el ámbito estrictamente alimenticio: el crecimiento en el saldo negativo que acusa la balanza comercial en general –y en particular, el correspondiente al rubro de los alimentos– constituye un factor de riesgo para una economía que comienza a ver disminuidas sus fuentes de ingresos de divisas –el petróleo, las remesas, la inversión extranjera o el turismo– a consecuencia del actual escenario económico mundial. El gobierno federal debiera tomar cartas en el asunto y buscar alguna manera de revertir esta situación, así sea para evitar que por esa vía continúen saliendo del país fuertes sumas de recursos económicos.

En suma, el abandono del campo y las políticas desastrosas en materia agrícola han comenzado a cobrar facturas al país, a su economía y a su gente, y lo están haciendo en uno de los peores momentos posibles: en medio de una crisis económica planetaria que amenaza con durar meses y con profundizarse, y ante la cual la administración actual no parece tener capacidad de respuesta suficiente.

 
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