■ Sospechan que jefes de esa entidad cooperaron con dictaduras
Polémica por la instalación de una sede de entrenamiento de Interpol en Buenos Aires
Buenos Aires, 14 de enero. Organismos humanitarios evalúan críticamente el anuncio del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, respecto de la instalación de una sede de entrenamiento de la Interpol sobre terrorismo y narcotráfico, entre otros, en Argentina.
La noticia, que en un principio pasó desapercibida entre una serie de acontecimientos locales, fue difundida después del encuentro de Fernández y el jefe de la Policía Federal local, comisario general Néstor Valleca, con el secretario de Interpol, el estadunidense Ronald Kenneth Noble.
De acuerdo con los últimos informes esta sede de entrenamiento policial sería ubicada en el mismo predio en que está la División Montada de la Policía Federal.
“Estamos trabajando para tener en Argentina un edificio donde se puedan realizar cursos de capacitación y reuniones regionales de la Interpol, fundamentalmente en temas que nos importan como terrorismo, narcotráfico y trata de personas”, dijo Fernández, quien consideró “una distinción” para el país esta decisión.
Argentina será la primera sede de entrenamiento fuera de Lyon, Francia, donde funciona ese organismo desde 1923.
Esto sucede en el contexto de un cambio evidente de la política de ese organismo en el caso del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en julio de 1994, ya que durante varios años los pedidos de intervención a la Interpol para la detención de iraníes, supuestamente responsables de ese hecho, no prosperaron por falta de pruebas.
Sin embargo en noviembre pasado en la junta de la Interpol en Marruecos, con fuerte presión de Estados Unidos e Israel, que se evidenció en la propaganda y difusión dada a la nutrida delegación argentina –que llevó a esa reunión al controvertido fiscal de la causa Alberto Nisman–, todo cambió.
Sin que hubiera modificaciones en el expediente y con los mismos argumentos rechazados tantas veces por la Interpol y en su momento por la justicia de Londres, el 11 de noviembre de 2007 en Marruecos se dictó el “alerta roja internacional” para detener a los ex funcionarios de Irán, incluso un ex presidente de ese país.
La pregunta de varios analistas políticos es: “¿por qué se produjo ese cambio a pesar de que hubo que cerrar el juicio de la AMIA por irregularidades graves y porque nunca se han podido presentar pruebas concretas?”
La justicia argentina acusa a los ex funcionarios de organizar y financiar el atentado a la AMIA, por testimonio de un presunto “disidente iraní”, amparado por la estadunidense Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Por su parte, Irán sostuvo que la Interpol se había “doblegado” ante las presiones israelíes y que esa alerta roja “no implica una confirmación de las acusaciones de Argentina”.
Pero además tanto en Argentina como en Paraguay y en otros países de la región, en las investigaciones sobre violación contra los derechos humanos en las pasada dictaduras y en la llamada Operación Cóndor, coordinadora criminal entre las mismas, están señalados varios funcionarios de la Interpol por actuaciones cómplices con militares y policías de ese entonces, lo que está siendo analizado por estas horas aquí.