■ Teme que la acción del viernes sea el inicio de otro procedimiento
El periodista Miguel Badillo buscará la protección de la CIDH
Ante los embates que buscan limitar su derecho a la libre expresión, “se buscará la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, afirmó el periodista Miguel Badillo, tras informar que ya perdió, de manera definitiva, una de las demandas que ha promovido la representación jurídica de la empresa Zeta Gas contra él, la reportera Ana Lilia Pérez y la revista Contralínea.
En entrevista telefónica informó a La Jornada que Ana Lilia Pérez se encuentra escondida mientras se obtiene un amparo contra la orden de aprehensión librada por el juzgado 13 de lo civil con sede en Guadalajara, dentro del mismo caso por el que el pasado viernes fue arrestado y durante casi 11 horas detenido en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como El Torito.
“Lo que viene es ganar el amparo de manera definitiva” contra su arresto y “obtener una suspensión” para que Ana Lilia enfrente las demandas en libertad, señaló Badillo.
Sin embargo, puntualizó, “lo que me temo es que lo sucedido el viernes sea el inicio de un nuevo procedimiento, y que se sume a los varios que están en curso”, todos promovidos por Zeta Gas, debido a que en reportajes aparecidos en Contralínea se señalan casos de corrupción en los que se involucra a la gasera y Petróleos Mexicanos.
El arresto del periodista el pasado viernes se sustentó en una orden del juzgado 49 de lo civil, bajo el expediente 1528/2008, en cumplimiento del exhorto hecho por el juzgado 13 de lo civil del primer partido judicial, con residencia en Guadalajara, dentro del expediente 749/2008, como parte de un juicio ordinario civil promovido por Multigás, SA de CV, filial de Zeta Gas contra Contralínea, Badillo, y los reporteros Ana Lilia Pérez Mendoza y Abraham Rodríguez Ortega.
La demanda que ya ganó en dos instancias Zeta Gas obliga a Contralínea a publicar íntegra la sentencia en la que supuestamente se acredita que la publicación cometió daño moral, que ahora ya no existe, pero que se transformó en daño al honor y a la vida privada.
Ante esa decisión de un juzgado del Distrito Federal, el periodista y la publicación han acudido ante la CIDH en demanda de protección a sus garantías.