Foto: Archivo La Jornada/ Francisco olvera/ Marcha convocada por Sindicato Mexicano de Electricistas

Los Vaivenes de los Movimientos Sociales en México*

Guillermo Almeyra**

SI SE HACE UN BALANCE somero de la evolución de los movimientos sociales en los últimos veinte años, en México se destacan en particular la aparición con fuerza en la escena política del movimiento indígena, en sus diversas manifestaciones, la permanencia, al mismo tiempo, del gran movimiento conservador y desesperanzado constituido por la emigración masiva de millones de mexicanos hacia Estados Unidos, a pesar del peligro de muerte en el cruce de la frontera y de la discriminación y represión una vez llegados a su destino y, por último, del gran movimiento cívico contra el fraude y la prepotencia ilegal del aparato estatal, que toma forma a partir de la elección fraudulenta de Carlos Salinas de Gortari en 1988, crece en la capital con la lucha contra el desafuero del gobernador, Andrés Manuel López Obrador, y se mantiene desde la protesta contra el nuevo fraude electoral que le robó a éste la presidencia de la República para dársela al candidato de la gran finanza, el gran capital, los terratenientes, la jerarquía eclesiástica y Washington, Felipe Calderón Hinojosa.

El primero de ellos, el indígena, buscó desde los noventa y busca aún la igualdad de derechos entre los pueblos originarios y el resto de la sociedad mestiza y el cese de la discriminación secular contra aquéllos y su reconocimiento en pie de igualdad en una Constitución nacional que debería ser reformada con tal fin. Se trata de un movimiento hacia la integración en la sociedad mexicana, no un movimiento revolucionario y antisistémico, aunque una parte de los indígenas, en la región de las Cañadas de Chiapas, se haya alzado en armas y haya construido una serie de municipios libres, y otra parte de ellos, en Oaxaca o en Guerrero, haya dado vida a experiencias autonómicas. Ese movimiento también estalló ante los terribles resultados sociales de la mundialización dirigida por el capital financiero y que subsumió las regiones rurales y la agricultura, y por eso los campesinos indígenas que tomaron las armas y combatieron a partir de enero de 1994 declararon categóricamente que preferían morir de un balazo a morir de diarrea u otras enfermedades comunes y curables.

El segundo movimiento, el de la emigración, que está despoblando vastas zonas rurales del país, ha cambiado las características demográficas y la pirámide etaria mexicana, transformando los pueblitos en residencias principalmente de viejos, niños y mujeres que viven de las remesas de los emigrados, y dejando vastas extensiones de tierras sin producir; es un movimiento de quienes se van porque no tienen esperanzas de trabajar en México ni de cambiar la sociedad mexicana. Por su vastedad, ha sido una válvula de escape a la presión campesina; ha impedido que el estallido de Chiapas (que en los noventa no era aún una región de emigración) se repitiese en los otros estados pobres y con numerosa población campesina. También, para las clases gobernantes, ha sido un maná, ya que las decenas de miles de millones de dólares que los emigrados mandaban a sus regiones fortalecieron el peso mexicano y frenaron el descontento social mientras, al mismo tiempo, la emigración de los más jóvenes y emprendedores de las regiones rurales, pero también de las ciudades, aliviaba el trágico desempleo y el subempleo masivo cuando el gobierno no era capaz de cubrir anualmente sino un tercio de las necesidades de empleo que plantea la incorporación de cada nueva leva de jóvenes al mercado de trabajo.

El movimiento social más masivo en México, por lo tanto, es conservador y antinacional, ya que enriquece aún más a EU (sólo en impuestos, se calcula, los mexicanos dejan allí 100 mil millones de dólares por año) con su trabajo (que aporta a México 20 mil millones de dólares anuales en concepto de remesas). Además, es profundamente nociva, en México mismo, la percepción popular masiva de que el modelo a seguir es el estadunidense y de que la solución a todos los problemas es individual y no colectiva y consiste en incorporarse al mercado de trabajo y aceptar los valores de EU, al extremo de llegar a enrolarse en las fuerzas armadas de ese país en Irak, para obtener así el tan ansiado permiso de residencia o la nacionalidad local.

El tercer movimiento, el cívico, tiene su centro en la capital, ciudad de México, y en los estados centrales del país, Michoacán, Tabasco, Guerrero y Oaxaca, que tienen una gran proporción de población rural e indígena, y Zacatecas y Baja California Sur, en el norte del país; pero tiene escasa influencia en otras regiones del país, aunque cuenten con buen número de indígenas, como Yucatán o Campeche, y en los estados mestizos norteños donde se practica una agricultura masiva de tipo capitalista. Se trata de un movimiento democrático, legalista y constitucionalista, en un país en el que la concentración de la riqueza alcanza niveles inigualados en otras partes del mundo (México tiene el segundo hombre más rico del planeta y un 30% de su población no llega a percibir un ingreso de un dólar diario), donde no hay ni ha habido nunca democracia y la ley y la Constitución son sistemáticamente ignoradas por las clases dominantes. Es por eso un movimiento subversivo, aunque sus reivindicaciones sean puramente reformistas y nacionalistas. Pero tiene escasos contactos con las luchas de los indígenas (y de los campesinos en general), que a su vez sólo marginalmente participan en ese movimiento cívico, y tampoco está relacionado con los movimientos sindicales, a veces muy combativos, como el de los electricistas o los maestros de Oaxaca, que confluyen con el mismo y a veces le dan una columna vertebral con su organización, pero no son ni su motor ni su dirección y participan en él de modo esporádico y tangencial.

Por supuesto, fuera de esos tres movimientos principales, aunque entrelazado con ellos, está el movimiento obrero, que empieza a liberarse de los lazos burocráticos y corporativos que ataban los sindicatos al gobierno y sometían las bases a direcciones particularmente corruptas y autoritarias. Y existe igualmente el movimiento campesino, formado por comuneros, pequeños campesinos y ejidatarios, que está superando las viejas direcciones campesinas priístas y corporativas. Sobre ellos volveremos más adelante.

EL MOVIMIENTO INDÍGENA, LA REBELIÓN ZAPATISTA, LA AUTONOMÍA, LA OTRA CAMPAÑA

Para quedarnos dentro de los últimos tres lustros, no expondremos aquí los prolegómenos del estallido de la rebelión en Chiapas el 1º de enero de 1994 ni haremos una historia de los zapatismos anteriores o contemporáneos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), organizado en los ochenta por un grupo de revolucionarios nacionalistas-maoístas derrotados en el norte del país y que se refugiaron en la selva chiapaneca uniéndose al trabajo organizativo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas y a la rebelión indígena latente en la zona de las Cañadas. Nos bastará con recordar las luchas campesinas indígenas que llevaron al Congreso Indígena de San Cristóbal en 1974, veinte años antes del levantamiento del EZLN, y los combates de los campesinos zapatistas, indígenas, organizados en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala en el último cuarto del siglo pasado, así como la vasta movilización popular a favor de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y contra el fraude que llevó al gobierno a Carlos Salinas de Gortari, y la movilización de los nahuas de Guerrero, que a principios de los noventa anuló el proyecto gubernamental de construcción de una gran represa que habría inundado sus tierras.

Los zapatistas del EZLN no nacieron, pues, repentinamente y de la nada, sino que son el fruto de ese proceso mexicano y continental que en América Latina llevó también a los indígenas del Ecuador, organizados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), a derribar presidentes. Tampoco el EZLN tuvo siempre las posiciones que tiene actualmente, ya que al comienzo era una organización militar que esperaba derribar al gobierno por las armas (como reza la Primera Declaración de la Selva Lacandona) y el problema de la autonomía y la construcción de municipios autónomos –que hoy es esencial en su política en Chiapas– apareció recién más tarde, ante la necesidad de afianzarse en el territorio chiapaneco.

Por eso, y porque el EZLN se apoya en una zona de Chiapas que equivale sólo aproximadamente a la diócesis de San Cristóbal de las Casas y coexiste con las fuerzas del gobierno y los partidos “del orden” en los otros dos tercios –también predominantemente indígenas– del territorio del estado sureño, e igualmente porque el zapatismo que no sigue al EZLN está presente en otras regiones del país y es también en buena parte indígena, no es lícito creer que zapatismo, movimiento indígena y EZLN son sinónimos, aunque el muy débil Consejo Nacional Indígena, que tiene una existencia más que todo formal, siga la línea de la organización chiapaneca. Tampoco se puede deducir que los indígenas zapatistas chiapanecos se expresen exclusivamente por boca del Subcomandante Marcos (vocero y dirigente militar del EZLN) ya que los planteos político-culturales de éste, que tanta repercusión han tenido en Europa y en sectores estudiantiles mexicanos, no son discutidos con los campesinos indígenas que, en cambio, fijan sus posiciones en las asambleas de las que participan, aunque den un “consenso preventivo” a Marcos permitiéndole opinar sobre temas en los que no tienen una posición unívoca o que no han encarado aún.

La verdadera gran fuerza del EZLN no es militar ni es la de una organización centralista, sino que reside en la decisión asamblearia de los asuntos comunes en cada municipio liberado y en la preparación, en asambleas y en los consejos nacidos de las mismas, de miles de administradores y dirigentes que son elegidos o revocados cada vez más democráticamente, porque las mujeres comienzan a participar en las reuniones y a tener cargos en la comunidad y los jóvenes son responsables de la educación de los niños y el cuidado de los ancianos. Este trabajo de la comunidad sobre ella misma comienza a cambiar lentamente las relaciones entre ancianos y jóvenes y entre varones y mujeres, aunque subsista aún la fuerte y tradicional discriminación de género.

Chiapas se ha convertido, por otra parte, en un estado líder en expulsión de campesinos, cosa que no sucedía en 1994. Muchos miembros de las comunidades zapatistas y hasta cuadros del EZLN han emigrado a EU, ya que la situación económica en las zonas zapatistas empeoró en los últimos quince años y la agricultura familiar resulta insuficiente para subsistir. Las regiones zapatistas no son realmente autónomas, ya que sus habitantes (hombres y mujeres) deben entrar, durante la mayor parte del año, en el mercado no agrícola de trabajo; compran sus insumos en el mercado de alimentos y de herramientas y fertilizantes, que las zonas zapatistas no producen; venden o intercambian sus productos en los mercados pueblerinos fuera de esas zonas; y deben recurrir, en cierto momento, a la sanidad y la enseñanza oficiales (pese al esfuerzo por crear su propio sistema de educación y sanitario basado en el voluntariado y la solidaridad comunitaria)1.

No puede haber, por consiguiente, autonomía en una sola región –que es pobre y atrasada, por añadidura– ni mucho menos aún en zonas donde los pueblos están divididos y sólo una parte de ellos es zapatista.

Tampoco existe un proyecto político general zapatista de construcción de la autonomía y de la autogestión a escala regional (por no hablar de la nacional) de modo que los importantísimos progresos realizados en este terreno son más que nada empíricos, y el comportamiento centralista y verticalista del EZLN, así como la muy escasa referencia a la autonomía y la autogestión en sus documentos y en las declaraciones de Marcos, demuestran una diferencia notable entre la vida de las comunidades zapatistas indígenas y la de la organización a la que siguen y a la que pertenecen. Si actualmente las regiones zapatistas en Chiapas se han cerrado para reforzar su vida interna, y el EZLN y el propio Marcos, tan locuaz siempre, se encuentran en un silencio prolongado, es precisamente por ese motivo.

La organización calla porque sufre los efectos de su derrota política en los intentos de salir a los otros estados a buscar apoyo sin haberlos logrado en la medida de sus esperanzas, por su sectarismo ante los movimientos políticos y sociales que el EZLN no controla. Calla también porque no sabe qué decir frente a la lucha masiva de otros sectores campesinos, urbanos, intelectuales y de trabajadores por enfrentar los grandes problemas del país: intento de privatización del petróleo y de la energía eléctrica, de modificar contra los asalariados la Ley Federal de Trabajo para “flexibilizarla”, problemas de la estructura de la propiedad agraria y de la del comercio exterior mexicanos (cuestiones todas en las que no sufre gran presión de sus bases indígenas campesinas de autosubsistencia ni de sus grupos de apoyo ultraizquierdistas urbanos que se niegan a trabajar conjuntamente con millones de personas –obreros, campesinos, militantes populares–, que en esos temas siguen a direcciones sindicales más o menos corrompidas o al llamado “gobierno legítimo” del caudillo popular Andrés Manuel López Obrador).

Las comunidades en cambio callan porque nunca hablaron sino por sus hechos y están tratando de acorazarse para hacer frente a la ofensiva, que será incluso militar, del gobierno en cuanto éste haga aprobar sus principales planes nacionales y se afirme mediante la represión (ahora debe luchar simultáneamente contra los movimientos sociales que se organizan y radicalizan y contra la fuerza militar del narcotráfico, que corroe su propio aparato estatal).

La llamada Otra Campaña, desgraciadamente –porque despertó las simpatías de miles de activistas, y sobre todo de muchos jóvenes e izquierdistas que se guiaron por la letra de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que la lanzó– fue funesta para el EZLN y para Marcos. Ante las elecciones presidenciales, y partiendo de que “todos son iguales”, esa tendencia hizo una campaña activa contra el voto al candidato de la oposición, López Obrador (de ahí el título electoralista de su “Otra Campaña” antielectoral), creyendo que aquél ganaría sin problemas. Lo peor es que esa actitud separó a los integrantes de la Otra Campaña del gran movimiento social que apoyó a López Obrador, ocupando prolongadamente incluso el centro de la ciudad de México con un campamento de decenas de miles de integrantes, y los puso además de espaldas al movimiento masivo de los pobladores de Oaxaca que dieron origen a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y también a la parte democrática del movimiento sindical que organiza el Diálogo Nacional, detrás de un programa nacionalista-anticapitalista.

Foto: Archivo La Jornada/ Carlos Ramos Mamahua/ Andrés Manuel López Obrador, durante una visita en un municipio de Guerrero

El resultado de la actividad antielectoral y del sectarismo fue un ulterior debilitamiento del apoyo y de la capacidad de movilización del EZLN, que en el país está aislado como nunca. El refugio en Chiapas y en el silencio aísla aún más al EZLN y deja plena iniciativa al gobierno surgido del fraude para escoger la forma y el momento para acabar con la anomalía chiapaneca (una región indígena “libre” desde hace casi tres lustros y un ejército insurgente e indígena que la defiende). Antes de un ataque militar en toda regla, el gobierno de Felipe Calderón y el estatal están provocando una “guerra entre indios”, desgastando paulatinamente a las comunidades zapatistas con decenas de pequeñas agresiones de paramilitares indígenas y de pleitos por la tierra. La falta de pronunciamientos sobre la lucha en defensa del carácter estatal del petróleo (porque ese movimiento es dirigido por López Obrador) o de los salarios y conquistas obreras, que el intento gubernamental de modificación de la Ley Federal del Trabajo amenaza (porque los sindicatos estarían burocratizados), acentúa el aislamiento del EZLN en el país.

Mientras tanto, en otras regiones como Oaxaca o Guerrero se desarrollan importantes manifestaciones de autonomía comunitaria. Se destaca la creación en asamblea de un cuerpo de Policía Comunitaria, dirigido por un jefe nombrado igualmente en asamblea, en la Montaña de Guerrero. Cientos de indígenas armados y otros cientos equipados con palos aseguran que en su región no se produzcan robos, crímenes ni violaciones, y son alimentados y protegidos por la comunidad. Ellos apresan a los delincuentes y fijan las penas, que la comunidad controla. La Policía Comunitaria no es reconocida por la policía del estado ni por la justicia y actúa como poder frente al poder estatal. También en Guerrero funciona la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, que cubre regiones de habla nahua, amuzga, mixe y pobladas por afromexicanos (ver OSAL, 2007). Esta universidad, aún no reconocida por el estado de Guerrero pero sumamente activa y con programas independientes, ayuda a las comunidades a recuperar su historia, cultura, lengua y dignidad, y lo hace financiada por las comunidades mismas que alojan y alimentan a los alumnos en las casas de los pobladores. En Oaxaca, igualmente, las comunidades indígenas que participan en la APPO mantienen la independencia política de varios municipios y se apoyan en las movilizaciones locales de sus integrantes contra el gobierno del estado, al que desconocen.

Puede afirmarse, en resumen, que los indígenas (que en México representan el 15% de la población y se cuentan entre los campesinos más pobres) desean integrarse en el Estado mexicano como ciudadanos plenos y no libran una lucha antinstitucional sino una por la reforma de las leyes y la Constitución. Ellos no han logrado aún ni siquiera unir tras objetivos únicos a las 56 etnias en que se dividen, ni imponer sus derechos en la Constitución, como quiso hacerlo el EZLN con la Marcha del Color de la Tierra desde Chiapas a la ciudad de México; y el Consejo Nacional Indígena, que quería coordinar y dirigir sus luchas, nunca pasó de ser más que un grupo bien intencionado pero sin base ni peso. No obstante, ninguna de las etnias ha sido domesticada y las luchas de los indígenas en cada estado confluyen a veces con las de los campesinos o con otras luchas populares, como la de los maestros de la APPO, en Oaxaca, y siguen despertando la simpatía, aunque no la solidaridad activa, de vastas capas de la población urbana, lo cual obliga al gobierno a ser sumamente cauto en sus acciones antindígenas y anticampesinas, ya que un ataque masivo contra los zapatistas chiapanecos o la Policía Comunitaria de Xochistlahuaca, Guerrero, podría movilizar y unificar las fuerzas indígenas y favorables a estos, hoy dispersas.

EL POTENTE MOVIMIENTO CÍVICO Y SUS LÍMITES POLÍTICO-ORGANIZATIVOS

La Revolución Mexicana comenzó como un potente movimiento cívico democrático, contra la reelección y la autocracia, y luego se radicalizó2. El cardenismo, en los años treinta, fue también, en el fondo, un movimiento cívico contra el llamado maximato del caudillo Plutarco Elías Calles y, para afirmarse, debió hacer una profundísima reforma agraria, armar a los campesinos, reconstruir el ejército y estatizar las palancas fundamentales de la economía, como el petróleo. En México fue el Estado el que desarrolló la burguesía nacional y en parte la creó, y fueron los movimientos cívicos y sociales los que unificaron al país y desarrollaron el Estado ampliado, con el consenso y la participación activa de los sectores pobres, sobre los cuales se asentó el aparato estatal resultante, primero, de la revolución de 1910 y, dos décadas después, del segundo impulso de ésta, el cardenista. Dado el carácter burocrático del partido oficial nacido de la Revolución (el Partido Nacional Revolucionario, con Calles; Partido de la Revolución Mexicana, con Cárdenas; y Partido Revolucionario Institucional (PRI) después de éste) todos los movimientos de renovación social se han dado sólo en parte dentro del mismo y sobre todo fuera, en “la bola”, como se afirmó en “la bola” la revolución mexicana misma.

Los movimientos cívicos sucesivos a Cárdenas (henriquismo, jaramillismo, movimientos cívico-revolucionarios en Guerrero) fueron muy fuertes porque reivindicaban la democracia y los derechos ciudadanos (y humanos) en un país con un poder político fuertemente centralizado y represivo pero, por sus bases mismas, tuvieron un marcado contenido social. Constitucionalistas, deseosos de dar vigencia real a las leyes, fueron también desestabilizadores y subversivos porque el desarrollo capitalista en México era incompatible con la democracia y con el estado de derecho. Como en el caso de los indígenas chiapanecos, que desean ser mexicanos plenos pero para conseguirlo deben alzarse en armas y oponer su poder al del gobierno y sus propias leyes a las leyes estatales, los grandes movimientos cívicos del México de hoy son, a la vez, legalistas y subversivos, y una escuela que forma decenas de miles de personas en la autoorganización, el enfrentamiento con el aparato estatal y la construcción de estructuras propias de poder. Tal es el caso de la APPO y del movimiento organizado en torno al “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador, en especial con la Convención Nacional Democrática. Ambos son simultáneos y en parte se intersectan, pues la APPO, cuando llegó el momento de las elecciones nacionales, dio la mayoría en Oaxaca al candidato a presidente opositor y éste, aunque tardíamente, hizo declaraciones contra la represión a la APPO y por la libertad de sus presos.

El movimiento contra el fraude electoral que puso ilegalmente en la presidencia a Felipe Calderón, el hombre del gran capital, llevó a la constitución de un llamado “gobierno legítimo” presidido por López Obrador y apoyado por un gran movimiento de masas, sobre todo en la capital del país, que dura ya dos años. El mismo se manifestó en la ocupación de las cámaras legislativas, en el bloqueo a los desplazamientos de Calderón, en periódicas y sucesivas enormes manifestaciones en el Zócalo de la ciudad de México, en la organización de una Convención Nacional Democrática, así como de brigadas con miles de integrantes para movilizar a la sociedad contra la privatización por parte del gobierno nacional de la empresa petrolera estatal Pemex. Entre los hechos más importantes se destacaron la ocupación del centro de la ciudad de México por un gigantesco campamento durante varias semanas y la combinación de la lucha no institucional (como la organización de brigadas de mujeres para copar edificios públicos) con la oposición parlamentaria, que enfrenta a la alianza entre el partido de la derecha clerical (Partido de Acción Nacional-PAN), el PRI y varios pequeños partidos de derecha o de centroderecha. Sin embargo, el Frente de Acción Popular (FAP), compuesto por el Partido del Trabajo, Convergencia Democrática y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en una serie de problemas fundamentales, ha votado junto con la mayoría, desprestigiándose mucho; y por último, en las elecciones internas del PRD acaba de vencer un grupo muy conciliador con el gobierno y que ve a López Obrador con mucha resistencia.

El problema principal que enfrenta el movimiento social que apoya al “gobierno legítimo” es la falta de independencia frente al mismo, de organización autónoma y de objetivos claros, ya que la dirección autoritaria y verticalista de López Obrador, que tiene su justificación en la falta de un partido que lo respalde y, mucho más aún, en las tradiciones políticas verticalistas y las exigencias de sus bases, que buscan un líder, convoca y desmoviliza según la visión y las conveniencias momentáneas del mismo y dirige toda la lucha hacia la perspectiva de las futuras elecciones presidenciales de 2012 y las legislativas de 2009, como si los fraudes de 1988 y 2006 no demostrasen que la derecha jamás cederá el gobierno a una mayoría electoral. La falta de intervención en los movimientos sociales (APPO, campesinos, obreros) y la corrupción del PRD, así como la falta de objetivos concretos para la lucha política, debilitan a este movimiento. En efecto, la gente no come democracia aunque la defienda y necesite organizarse en torno a sus problemas concretos y a las dificultades nacionales (la migración, el desastre en el sector rural, el precio de los alimentos, el control de la banca por el gran capital financiero extranjero, el problema indígena, la educación, la defensa del ambiente y de los recursos naturales, los salarios y el desempleo, por ejemplo), que López Obrador prácticamente ignora en su acción opositora.

Dado que resulta imposible mantener una movilización constante por el respeto al voto popular durante seis años, el movimiento presidido por López Obrador estaba decayendo cuando fue salvado por el intento gubernamental de hacer aprobar la privatización petrolera. La defensa del carácter estatal de los recursos naturales, como establece la Constitución, le dio ahora nueva vida, aunque su forma actual podría modificarse si una parte importante del PRD votase con la derecha en el vital problema de la energía o si una fuerte recesión en EU empeorase aún más la situación de las clases populares y modificase la actual relación de fuerzas marcada por la ilegitimidad del gobierno y su debilidad, por un lado, y la falta de un gran movimiento de oposición con un programa alternativo, por otro.

En la actualidad, lo importante es la experiencia de autorganización realizada por decenas de miles de personas de ambos sexos, especialmente mujeres de mediana edad y de las clases medias pobres urbanas. Mientras el PRD (el partido de López Obrador) está en manos de una burocracia corrompida y apta para cualquier acuerdo secreto con el gobierno del gran capital, este movimiento semiorganizado (frenado y controlado por un líder que lo usa como instrumento de presión) toma posiciones mucho más a la izquierda que aquel partido y eventualmente podría dar base a López Obrador para la creación de otro –en este caso un movimiento-partido más para la acción extrainstitucional, con un programa mucho más concreto, que se dibuja en las movilizaciones (defensa del petróleo y de la soberanía, de los pequeños campesinos y del nivel de vida de los más pobres, de la Ley Federal del Trabajo).

El otro gran movimiento cívico –contemporáneo del que apoya a López Obrador–, el de la lucha por derrocar al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz (culpable de fraude, violencia, asesinatos), es local, del estado de Oaxaca; moviliza a los estudiantes, a la población pobre, a sectores importantes de los trabajadores y los campesinos y a importantes franjas de la población indígena de la región.

Surgido de una huelga de los maestros primarios y rurales –es decir, de la baja intelectualidad en contacto con las comunidades y poblaciones– que ocupó durante ocho meses el centro de la capital de Oaxaca e incorporó a otros sectores en lucha, en su curso ocupó radios y TV y las hizo funcionar en autogestión; tomó la universidad local; construyó y defendió barricadas; ocupó los edificios públicos, lo que hizo que los funcionarios debieran reunirse clandestinamente en hoteles o fuera de la ciudad; formó dos cuerpos de policía autónomos (de los maestros y de los indígenas); y funcionó de hecho como poder paralelo al del estado local y al del gobierno central, que debió enviar tropas y ejercer una feroz represión para reprimirlo. Aun después de la represión, los asesinatos selectivos y las decenas de presos, el movimiento resurgió en sucesivas enormes manifestaciones y reaparece ahora en una nueva huelga masiva de los maestros con la ocupación del centro de la ciudad de Oaxaca por 21 días y la toma de rutas y caminos.

Foto: Archivo La Jornada/ Francisco olvera/ Marcha convocada por Sindicato Mexicano de Electricistas

Este movimiento tuvo como origen una huelga dirigida por un sindicato y se transformó en una gran lucha popular, en una poblada. Rompió los mitos de que la emigración desangra a los movimientos sociales, pues Oaxaca es uno de los estados que expulsan mano de obra, pero ésta permanece unida más allá de las distancias por lazos familiares, culturales y étnicos que hicieron que emigrantes oaxaqueños en EU volvieran a su estado para participar en la lucha. Eliminó la idea anarquista, fomentada por la Otra Campaña, de que la participación en las elecciones, por un lado, o la dirección sindical (corporativa, negociadora, burocrática sin remedio según esa visión) impiden la lucha: Oaxaca votó masivamente contra el gobierno y por el PRD sin esperar nada de éste, autorganizándose, y superó el sindicalismo dando objetivos políticos al movimiento obrero y popular. La APPO desmintió que los “revolucionarios” y las “vanguardias” hacen la revolución, porque decenas de miles de personas, en el movimiento, en las barricadas, en los municipios independientes, las luchas locales, la construcción de solidaridad y poder se construyeron como dirigentes y determinaron el curso de los acontecimientos. Por último, la APPO derribó la idea de la “multitud”, pues todos los sectores participantes lo hicieron adoptando los métodos obreros y las viejas tradiciones obreras radicales que, desde el magonismo, antes de la revolución mexicana, y hasta las luchas de los ferroviarios en los años cincuenta, caracterizaron al estado oaxaqueño. Cientos de organizaciones de todo tipo se unieron en la APPO y a ésta se sumaron organizaciones indígenas, que incorporaron sus propias reivindicaciones. El aislamiento en que dejaron a la APPO la Otra Campaña y la dirección del PRD y López Obrador permitió al gobierno local, unido al federal, su represión masiva. Pero el movimiento sigue, como lo indica la actual huelga de maestros oaxaqueños (Almeyra, 2007).

EL MOVIMIENTO OBRERO Y EL MOVIMIENTO CAMPESINO

Históricamente, las direcciones burocráticas de los sindicatos corporativos se agrupaban en la Central de Trabajadores Mexicanos (CTM), que elegía un tercio de los parlamentarios del PRI y que se fue deshilachando hasta tener que formar, con otras centrales burocratizadas, el Congreso del Trabajo (CT), siempre oficialista, incluso hoy con un gobierno panista.

El último 1º de mayo, el desfile de esos ecos del pasado que no pasa mostró su división y su incapacidad para movilizar, pues no llegaron a ocupar ni un tercio de la plaza del Zócalo en México. La mayoría de los trabajadores asalariados hoy no está sindicalizada y la mayor parte de quienes lo están son miembros de sus respectivos sindicatos, entre los cuales los principales son independientes de la CTM y el CT, pero no hay una central obrera unificada que los agrupe. En los últimos años, sin embargo, se han constituido dos núcleos, el Frente Sindical Mexicano (dirigido por el Sindicato Mexicano de Electricistas, el más combativo y democrático) y la Unión Nacional de Trabajadores –dirigida por las burocracias de los sindicatos de obreros telefónicos, de los trabajadores del Seguro Social y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), muy poco democráticas. Ambos grupos mantienen sus diferencias pero, ante el ataque general del gobierno, confluyen desde hace más de cinco años en la organización del Diálogo Nacional (DN), que agrupa también a intelectuales como Pablo González Casanova, Miguel Concha y diversas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles.

El DN tiene un proyecto de país que supera el de los partidos y el de López Obrador y une reivindicaciones obreras y nacionales, pero es boicoteado por el PRD y por López Obrador, que pretenden unir tras ellos a algunos sindicatos (un combativo dirigente electricista es senador independiente en la lista del PRD y vota siempre fuera del bloque), pero también por la Otra Campaña, que no quiere un frente único ni siquiera con los sindicatos independientes, porque afirma que todos son burocráticos, y así carece de lazos reales con el movimiento de los trabajadores. Los sindicatos que integran el DN ya organizaron un paro nacional que movilizó a dos millones de personas y están preparando, con asambleas y movilizaciones, la primera huelga nacional en la historia del país por las reivindicaciones obreras (salarios, condiciones de trabajo, respeto a la Ley Federal del Trabajo, contra el desmantelamiento del Seguro Social), democráticas (por la libertad de los presos políticos y sociales y el castigo a los asesinos y represores, contra el fraude electoral) y nacionales (defensa de la estatización del petróleo y de la energía eléctrica, protección a la producción campesina, plan de desarrollo nacional).

El movimiento campesino, también históricamente corporativo y dividido actualmente en varias centrales, se enfrenta hoy al gobierno que, con la libre importación de granos y alimentos estadunidenses fuertemente subsidiados, amenaza con destruir por completo la producción agropecuaria nacional, cuya protección (créditos especiales, precios de garantía, comercialización estatal de insumos y de productos) fue desmantelada desde los años noventa, lo que reforzó brutalmente la emigración de jóvenes y familias enteras hacia el mercado estadunidense, despoblando las zonas rurales, que quedan yermas.

Ya los campesinos, en un acto sin precedentes históricos, llevaron cien mil manifestantes a la ciudad de México. Ahora, en unión con los sindicatos, intentan preparar la huelga nacional –apenas terminadas las cosechas– con cortes de ruta, manifestaciones populares, cierre de las aduanas, ocupaciones de oficinas públicas, para lo cual están en la fase organizativa.

El aparente reflujo de los movimientos sociales (muy espectacular en el caso del EZLN) esconde en realidad un proceso más complejo, ya que las luchas sociales son como ríos cársicos, que a veces dejan la superficie y parecen hundirse en la arena para aparecer algunos kilómetros más abajo, reforzados por otras surgientes y por las aguas subterráneas, y proseguir su camino hacia el mar. Sólo en la visión anárquica los trabajadores, obreros o campesinos, pueden estar constantemente movilizados y en la calle. En particular cuando carecen de dirección política que dé sentido y perspectivas a sus luchas.

* El texto publicado en este Cuaderno es parte de la Revista OSAL Año IX, Nº 24, octubre (Buenos Aires: CLACSO).

** Ex Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM), unidad Xochimilco, en el Posgrado Integrado en Desarrollo Rural. Ex Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Columnista de La Jornada, de México.

NOTAS

¹ Para un tratamiento más amplio de este tema, ver Almeyra y Thibaut (2006)

² John Womack escribe en su historia del movimiento de Emiliano Zapata que su libro habla sobre “campesinos que para que no cambiase nada hicieron la revolución”.

BIBLIOGRAFIA

Almeyra, Guillermo 2007 “El legado de la APPO” en Beas, Carlos (coord.) La batalla por Oaxaca (Oaxaca: Yope Power).

Almeyra, Guillermo y Thibaut, Emiliano 2006 Zapatistas, un mundo nuevo en construcción (Ituzaingó: Maipue).

OSAL 2007(Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, Nº 22, septiembre.