■ El gobierno no respeta los derechos de los propietarios del área en que está asentada, afirma
JBG de La Garrucha amenaza con tomar la zona arqueológica de Toniná
■ Si las autoridades no resuelven, plantea hacerse cargo de la explotación y administración del sitio
La junta de buen gobierno (JBG) El camino del futuro, con sede en el caracol zapatista de La Garrucha, Chiapas, advirtió que podría ocupar la zona arqueológica de Toniná, formalmente a cargo del Instituto Nacional de Antropologia e Historia.
Los representantes autónomos denuncian “abusos de los tres niveles del mal gobierno, federal, estatal y municipal”, en los predios San Antonio Toniná y el Carmen Toniná, contiguos a la zona arqueológica del mismo nombre, en las afueras de la ciudad de Ocosingo. Los terrenos afectados son propiedad de Alfonso Cruz Espinosa y Benjamín Martínez Ruiz, bases de apoyo zapatistas del municipio rebelde Francisco Gómez.
La JBG caracteriza esto como “un problema con la zona arqueológica que está dentro de la propiedad del compañero Alfonso”, y refiere que el pasado día 16 realizó investigaciones y confirmó que “el personal de seguridad no da paso al rancho Toniná”, propiedad de Cruz Espinosa.
La JBG observó asimismo “que existe un campamento dentro de la propiedad del compañero Alfonso”, no obstante que “tiene pagados los impuestos prediales y los recibos de los pagos de la historia traslativa de la propiedad de 2008 a 2009”. Del mismo modo, “el plano de la ruina que elaboró el arqueólogo Juan Yadeum” confirma que el campesino afectado “está pagando el impuesto”.
Desde hace años, los gobiernos federal, estatal y municipal “aprovechan los cobros del turista nacional e internacional que visita la ruina; y el propietario, pagando sus impuestos”. Es un “abuso muy claro” de los tres niveles de gobierno –de Felipe Calderón, Juan Sabines y Leonel Solórzano Arsia–, lo que “hasta un ciego puede entender”, añade la JBG.
El gobierno, “aprovechando el cobro de los impuestos prediales y de las visitas de las ruinas, está invadiendo la pequeña propiedad de nuestro compañero”, apunta la JBG, y exige a “estos tres niveles de mal gobierno que retiren el campamento”, además del pago del terreno “que ocupa el basamento de la zona arqueológica tal como el propietario lo decida vender con el precio convenido”.
Si el “mal gobierno” no acepta pagar dicho terreno en la zona arqueológica, la JBG “tomará la responsabilidad y la administración de la ruina, haciendo valer el derecho como señale la ley”, pues “no queremos invasores dentro de la propiedad de una base de apoyo zapatista”.
La JBG exige la renuncia del arqueólogo Yadeum y la directora del museo de sitio de Toniná, Julisa Camacho, pues “no están cuidando sino que es todo lo contrario, provocan problemas sin respetar al dueño de la propiedad”. Los “tres niveles de mal gobierno” presionan a Cruz Espinosa para firmar el oficio número 401-3-112, con fecha 9 de enero. La JBG considera que es “una falsificación”, ya que Cruz Espinosa niega haber firmado oficio alguno con funcionarios.
En posesión de los pagos prediales y los de la “historia traslativa de la propiedad”, las autoridades autónomas advierten a los “malos gobernantes”: “pagan o retomamos” el predio de Toniná.