Editorial
Colombia: rehenes liberados
La liberación de tres soldados y un policía cautivos por las Fuerzas Armadas de Liberación de Colombia (FARC), así como lo que parece ser la inminente puesta en libertad de dos civiles por ese mismo grupo guerrillero, son datos esperanzadores que apuntan a la posibilidad de una reactivación de las vías políticas para resolver el añejo problema de la insurgencia colombiana.
Es pertinente tener en cuenta que las liberaciones mencionadas fueron producto de una determinación unilateral de la organización armada y que en esta ocasión, a diferencia de episodios anteriores relacionados con los secuestrados por las FARC, el gobierno de Álvaro Uribe no ha tenido injerencia significativa y no ha podido, en consecuencia, trocar una operación humanitaria en una escalada de guerra, como ha hecho en diversas ocasiones. En otros términos, la entrega de los cuatro rehenes tuvo éxito, en buena medida, porque la Casa de Nariño fue marginada de la operación y porque fue posible contener su obsesión por ejecutar una movilización militar de “rescate” o una maniobra de soborno de efectivos guerrilleros mediante recompensas en efectivo. En consecuencia, las más recientes liberaciones muestran la improcedencia de la receta del aplastamiento bélico de la guerrilla, preconizada por Uribe, y confirman que hay otras maneras de obtener la libertad de los secuestrados. Tal vez sean también indicativas de una voluntad de dirigentes de las FARC para alentar una negociación que ponga fin al conflicto.
Se ha señalado la posibilidad de que, en el seno de la organización guerrillera, factores de debilidad por los golpes militares recibidos, la muerte del legendario dirigente Manuel Marulanda, Tirofijo, y el asesinato o la deserción de otros dirigentes guerrilleros hayan llevado a un cambio de actitud y a la búsqueda de un espacio político para ensayar un proceso de paz.
Es necesario tener en cuenta también que el régimen de Álvaro Uribe acusa el desgaste político causado por su belicismo, por los incidentes diplomáticos que ha causado y por los severos señalamientos de la comunidad internacional sobre las masivas y atroces violaciones a los derechos humanos que ha perpetrado. Pero la mayor debilidad de Uribe en el momento actual es haber perdido a su principal aliado y patrocinador, George W. Bush, y la incertidumbre sobre las posturas que adoptará el gobierno de Barack Obama ante el conflicto colombiano.
En tales circunstancias, es claro que ambas partes –la Casa de Nariño y la organización guerrillera– deben abrirse a la perspectiva de una negociación que ponga fin al más antiguo conflicto armado en el continente. Es claro que hoy en día las causas de transformación social no tienen nada que ganar por medio de la violencia y que ésta termina por pervertir y distorsionar las reivindicaciones políticas y económicas originales y por acercar a los movimientos sociales que la practican a los inciertos linderos de la delincuencia común. Pero también es cierto que la represión y la fuerza bruta no resuelven las causas profundas que alimentan a la insurgencia y que, además de dejar un saldo inaceptable y atroz en abusos contra la población civil y una grave erosión del estado de derecho, no logran, derrotar la rebeldía en forma definitiva.
La situación parece propicia, pues, para que los gobiernos latinoamericanos insten a ambas partes a sentarse a la mesa de negociaciones y, en esta perspectiva, a que se reconozca plenamente el estatuto de las FARC como fuerza beligerante, a fin de dotarla de capacidad de interlocución. Tal es el único camino para terminar con una de las raíces más acendradas de la violencia en Colombia, y tarde o temprano habrá que recorrerlo.