REPORTAJE /Titánica labor de 70 años

Estado y sociedad deben proteger el patrimonio arqueológico

La clase política impide el trabajo del INAH

Ambiciones e intereses privados, principal escollo: López Austin

Se obliga al instituto a otorgar permisos en beneficio del turismo

Mónica Mateos-Vega y Ana Mónica Rodríguez

Hacer cumplir las leyes de protección patrimonial, sortear las presiones políticas, modernizarse, incrementar su presupuesto, fincar una relación más estrecha con los ciudadanos y lograr mayor autonomía son algunos de los principales retos que enfrenta el Instituto Nacional de Antropología (INAH) a 70 años de su creación.

Así lo consideran diversos investigadores consultados por La Jornada quienes, ya sea dentro o fuera, han realizado sus labores con el apoyo de esa institución fundada el 3 de febrero de 1939 por Lázaro Cárdenas.

Muchos han sido los logros que desde esa fecha han convertido al INAH en ejemplo latinoamericano, como señala Manuel Gándara Vázquez, del posgrado de arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

“La creación del instituto –explica– constituyó un avance importantísimo que puede apreciarse cuando comparamos la forma en que las tareas de proteger, investigar, conservar y divulgar el patrimonio se abordan en el resto de Latinoamérica.

“En muchos países no existe incluso hoy día la figura de una institución central, normativa y coordinadora de los esfuerzos nacionales, capaz de frenar el tráfico de piezas arqueológicas, ayudar a mitigar el saqueo o ‘poner en valor’, es decir, restaurar y equipar sitios arqueológicos para la visita junto con la promoción de museos.

“Hay naciones (cuando menos dos, Ecuador y Paraguay) que hasta la fecha carecen de programas de formación profesional en arqueología, y en muchos lugares ésta se practica de manera privada; es la llamada arqueología ‘de contrato’, que en términos generales ha resultado lesiva para el patrimonio y ha evitado que se consoliden tanto una infraestructura de investigación y conservación como los recursos humanos requeridos para operarla.”

Por tal motivo, añade el investigador, “puedo decir, sin miedo a equivocarme, que México está mucho muy por delante prácticamente de toda Latinoamérica en este terreno, e invariablemente ha sido modelo ha seguir”.

El historiador Alfredo López Austin también destaca que, en términos globales, al INAH debemos la protección y preservación de nuestro patrimonio histórico y arqueológico, la formación de académicos del más alto nivel, así como la conservación y restauración de bienes con técnicas de punta, entre otros aspectos.

Salvaguarda de contextos

Pero no todo es cantar victoria. El enorme tamaño del patrimonio mexicano convierte en titánica la labor de un INAH que, como es bien sabido, carece de recursos económicos suficientes. Tan sólo en el terreno arqueológico, en el que se reconoce oficialmente la existencia de 250 mil sitios, hace falta presupuesto para una amplia investigación y resguardo de, al menos, más de un millón de lugares.

Se trata de “una estimación más realista”, que incluye aquellos sitios “que contienen petrograbados, pintura rupestre, lugares de abastecimiento de materia prima (como las minas de obsidiana) y campamentos de grupos cazadores-recolectores”, explica Gándara.

También hace hincapié en la necesidad de transformar “una visión que ha sido llamada ‘patrimonialista’, en la que se cree que cuidar de la gran riqueza cultural del país es solamente tarea del INAH, esto es, de una institución de Estado.

“Debe haber una coparticipación responsable de la ciudadanía, pues en la medida que el país no entienda que el patrimonio es de todos, los ciudadanos no asumirán las responsabilidades que les tocan; tampoco presionarán al gobierno para que otorgue al instituto los recursos que se requieren.”

También hay que hacer comprender a las personas, añade, el concepto de “contexto arqueológico”, pues “la percepción del público es que el patrimonio arqueológico consiste fundamentalmente en objetos y edificios, en ‘piezas arqueológicas’ y ‘zonas de monumentos’.

“Por eso no entienden nuestra desesperación cuando, por ejemplo, vemos perderse áreas de Teotihuacán que no están dentro de la cerca que protege la ‘zona de monumentos’. Sucede que no podremos entender a la sociedad teotihuacana si solamente estudiamos los templos y los palacios y no sabemos cómo vivía y producía la gente del entorno de las zonas centrales, lo cual constituye el contexto en el que deben entenderse los edificios principales.

“El patrimonio arqueológico sobrevivirá en la medida en que se recuperen y registren los contextos arqueológicos; entonces se entenderá por qué el coleccionismo es nocivo, al fomentar el saqueo que destruye contextos.

“O por qué, aunque muchos empresarios quisieran sacar partido al construir dentro o en las inmediaciones de los sitios arqueológicos, están destruyendo el entorno y, en consecuencia, parte del contexto. Muchos políticos entenderían por qué no se trata de que ‘el INAH les haga una zona’, protegiendo sólo los principales monumentos y dejando desamparado el resto.

“Y lo más importante: los propios ciudadanos podrían entonces reclamar al Estado, incluyendo al INAH, en aquellos casos en que estos contextos y entornos son destruidos o afectados por diferentes sectores, incluyendo al propio gobierno.

“Se buscaría entonces armonizar la creación de infraestructura para el país (carreteras, presas, refinerías, gasoductos) con la protección del patrimonio, en vez de ver al INAH como el adversario que continuamente intenta frenar el desarrollo del país para defender unos cuantos objetos y edificios viejos.”

Por una investigación integral

López Austin, uno de los mesoamericanistas más notables del mundo, coincide en la necesidad de crear una conciencia ciudadana más firme, en todos los niveles sociales, de los valores que hay que proteger, “señalar que la cultura nacional debe tener como propósito fortalecer intelectual y moralmente a los mexicanos, dirigiendo los esfuerzos al logro de una vida digna, fundada en un legítimo orgullo de nuestras tradiciones y de la herencia de las generaciones que nos precedieron. Nuestro patrimonio, el tangible y el intangi-ble, no puede evaluarse con los criterios productivistas en boga.

“El principal obstáculo son las ambiciones y los intereses privados sobre el patrimonio nacional. La agresión es constante, cada vez más insidiosa. Ésta es una consecuencia necesaria de la mentalidad predominante de nuestra época, dirigida por una moral que privilegia la ganancia sobre todos los demás valores.

“El afán de ganancia se impone sobre éstos, los condiciona, los deforma, finalmene los anula. Es muy difícil hoy día contrarrestar el poder de quienes ven el patrimonio nacional como mercancía, como fuente productiva.

“Y no sólo de éstos. Hay que incluir como agentes negativos para la protección del patrimonio a quienes saben apreciar los valores estéticos y culturales de las creaciones de nuestros antepasados, pero que, ansiosos de atesorarlas, pugnan por convertirlas en botín privado.”

El arqueólogo Jorge Angulo Villaseñor, quien lleva 55 años trabajando en el INAH en la investigación de sitios como Teotihuacán, Palenque, Zaachila y Tlatelolco, recuerda que durante sus primeros años en esa institución, “estudiantes, maestros y directivos estábamos imbuidos de las premisas ideológicas y de investigación científica que flotaban en el aire, aun antes de que, bajo el consenso de todos, éstas se estamparan en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

“Hay miles de relatos y pequeñas anécdotas que no quedaron grabados en reportes oficiales de actos o acontecimientos ocurridos, pero todos tienen que ver con la defensa de la investigación integral de las diversas ramas de la antropología y de la historia.”

El especialista reitera que durante las recientes siete décadas existen diversos episodios que dan fe de los esfuerzos, muchas veces personales, por conservar y defender el “patrimonio del pueblo, que sobrepasa el concepto de nacional para convertirse en Patrimonio de la Humanidad, como señala la UNESCO.

“Desafortunadamente, a lo largo de los sexenios recientes han disminuido quienes siguen manteniendo fidelidad a los principios ideológicos y legales por los que fue fundada nuestra institución, opacados por el incremento del personal burocrático que ahora triplica o cuadriplica al número de investigadores.

“Uno de los principales obstáculos para que el INAH cumpla con los deberes y las obligaciones estipuladas en la mencionada ley se deriva de las fuertes presiones políticas que funcionarios menores y mayores de gobiernos estatales y federales ejercen sobre los directivos del INAH, obligándolos a conceder permisos para modificar zonas y monumentos arqueológicos o históricos, en beneficio de proyectos de turismo o construcciones de compañías privadas que se introducen en áreas restringidas por el propio instituto, sin considerar el irreversible deterioro de los monumentos.”

El reto de modernizarse

El doctor en antropología lingüística José Luis Moctezuma Zamarrón, del Centro INAH Sonora, considera que el instituto afronta el reto de modernizarse, “y no nada más incluye lo tecnológico, sino también aspectos como la incorporación de nuevos trabajadores, sobre todo en áreas técnicas y en particular en investigación. Muchos tenemos varios lustros en nuestros puestos y, a pesar de tantas necesidades, se han abierto pocas plazas en los años recientes.

“Otro pendiente está en función de la legislación para proteger el patrimonio cultural. Los trabajadores del INAH siempre estamos a la defensiva porque las propuestas que han presentado la mayoría de los legisladores van en contra de la función cultural, social y nacional que debe tener el organismo.

“Además, hay que trabajar en la pobre interrelación con otras instituciones y actores que deben acompañar la labor del INAH. Ni qué decir del trabajo con las comunidades, sobre todo las indígenas, a las que se ve más como un lastre que como un aliado en la conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural.

“El INAH no tiene la capacidad de acción en todos los frentes, ni en todo el territorio, por lo que se requiere de programas serios que inviten a la participación de la sociedad, más allá de lo lucrativo. Es claro que el esquema de integrarlo al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes no ha funcionado, debido a que en la estructura misma ocurre duplicidad de funciones y los recursos se canalizan a proyectos diferentes a los requeridos.”

María Teresa Cabrero, especialista en arqueología del Occidente y Norte de México, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es puntual al afirmar que la clase política nacional no ha permitido al INAH cumplir cabalmente con la labor para la que fue creado hace 70 años.

“Las personas que han designado las autoridades para su dirección no han sido las más adecuadas, y el factor económico ha sido uno de los más grandes obstáculos, ya que sus investigadores carecen de presupuesto para realizar sus estudios.

“La poca difusión de éstos ha impedido que el público se entere de su herencia cultural, ya que una publicación tarda varios años en aparecer. El resguardo de los sitios arqueológicos es otro problema, pues la mayoría no cuentan con personal suficiente. El INAH necesita una restructuración total y que se le otorgue una categoría más alta en la estructura política y económica nacional.”

El historiador Pablo Escalante Gonzalbo, especialista en arte prehispánico y colonial del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, señala que “el INAH debe seguir supervisando y protegiendo, no cabe duda, pero es preciso encontrar fórmulas de colaboración en las cuales las comunidades y regiones tomen una responsabilidad mayor en la integración del patrimonio a su acervo monumental, y reciban un beneficio más grande, también, de su explotación turística.

“Cuanto más activa sea la participación de ciudadanos, comunidades y autoridades locales en la observación, custodia y administración del patrimonio, más posibilidades de protección habrá. Cuanto más claro sea el beneficio cultural, estético, económico que la atención del patrimonio acarrea a las comunidades y regiones, mayor será su participación en la preservación de dicho patrimonio.”

Para Alberto Zárate, académico y especialista en estudios de investigación en arte y patrimonio cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el INAH debe hacer que se respeten y hagan cumplir las leyes y reglamentos “y se revitalice la planta de investigadores, porque tienen un puñado de arqueólogos que no se dan abasto con un terreno tan fértil y con un cúmulo de asuntos por atender”.

A 70 años de su fundación, el momento es coyuntural para que el instituto replantee sus retos y pendientes, puntualiza la arquitecta del INAH Yolanda Cano. “Por todo lo que está pasando con el tema del luz y sonido en Teotihuacán, el instituto debe definir aspectos legales, así como una política referente a patrimonio, turismo y desarrollo, pues si bien es competente en materia de conservación, tampoco puede soslayar que la Ley General de Asentamientos Humanos le da competencia en materia de concurrencia con los tres niveles de gobierno para intercambiar y llegar a acuerdos.

“Tal concurrencia no ha sido ejercida por el INAH de manera adecuada. Tiene que establecer un liderazgo porque el eje motor de estas acciones es el patrimonio nacional. Debemos hacer una reflexión de que el patrimonio no es renovable y lo que se destruye es para siempre.”