Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER  
Domingo 8 de febrero de 2009 Num: 727

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Bazar de asombros
HUGO GUTIÉRREZ VEGA

La divinidad se ancló en Machu Picchu
ROSA NISSÁN

Dos poemas
ELENI VAKALÓ

Cine vasco: censura y autocensura
BLANCHE PETRICH entrevista con FERNANDO LARRUQUERT

La izquierda en Euskadi
BLANCHE PETRICH

La vida de Conejo John Updike
CECILIA URBINA

El poeta como crítico de la poesía
RICARDO VENEGAS entrevista con JOSÉ MARÍA ESPINASA

Carta de Felice Scauso, embajador de Italia en México

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Columnas:
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La izquierda en Euskadi

Blanche Petrich


Manifestación silenciosa convocada por un grupo de ciudadanos bajo el lema “Gora Euskal Herria!”, en la que participaban miles de personas.
Foto: Jon Hernaez

Euskadi Ta Askatuta (ETA-Patria Vasca y Libertad, traducido al castellano) es la última organización armada que permanece activa en Europa después de la desmovilización del Ejército Republicano Irlandés (IRA, por sus siglas en inglés) a fines de los noventa y la incorporación de su brazo político, el Sinn Fein, a la vida institucional de Irlanda del Norte. El líder de este partido nacionalista, Gerry Adams, fue quien condujo el proceso de desarme del IRA y la consiguiente pacificación del Ulster.

En el País Vasco, sin embargo, un escenario semejante parece alejarse cada día más. Los distintos bandos en pugna mantienen posturas antagónicas. Por un lado, Madrid defiende a ultranza el estatuto Comunidad Autonómica Vasca, que fracciona a Euskal Herria al considerar a Navarra, la provincia más grande y capital histórica de la Vascongada , como una entidad aparte. Un intento del lehendakari Juan José Ibarretxe por modificar ese estatuto y ampliar las cuotas de autonomías (como lo hicieron anteriormente los catalanes) desató una tormenta en su contra.

Por el otro lado, los independentistas aspiran al derecho a la autodeterminación, esto es, que sea el pueblo vasco quien decida su futuro. Este sector aspira a alcanzar la soberanía del gran Euskadi, que comprende no solo las tres provincias autonómicas (Vizcaya, Álava y Guipúzcoa) sino también Navarra, dentro de los límites del Estado español, y las provincias de Lapurdi, Zuberoa y la Baja Navarra en los Pirineos Atlánticos de Francia. Españolistas y nacionalistas conservadores opinan que esta es una visión anacrónica. Los abertzales, por el contrario, consideran que un proyecto así es viable en la Europa contemporánea.

Y, por otro lado, ETA ha vuelto a los atentados terroristas después de poner fin a su tregua y anuncia, además, la continuación de esa vía.

En las antípodas, estas visiones de futuro se exacerban, una vez más, en 2009, que es año electoral.

Con frecuencia, a Arnaldo Otegui, líder de Batasuna, el partido de la izquierda independentista, se le llama el “Gerry Adams” de Euskadi. Y en más de una ocasión, los políticos del establishment español le han reprochado que no haya sido capaz de jugar el rol de Adams, “jalando” al grupo armado hacia la renuncia del uso de la violencia. Pero Otegui esquiva la comparación: “El problema no es que no haya un Gerry Adams en Euskal Herria. Aquí todo el movimiento social abertzale (independentista) es Gerry Adams. El problema es que no hay un Tony Blair en La Moncloa ; no hay un estadista que tenga ambición histórica para resolver el conflicto, que sea capaz de decir, frente a todas las estructuras del Estado, que es posible construir una alternativa que pasa por respetar a Euskal Herria, su condición nacional, su lengua y su capacidad de decisión”.

Más allá de las etiquetas que se construyen en el lenguaje periodístico, los riesgos de las comparaciones fáciles saltan a la visa. En este caso, destaca una obvia diferencia: el Sinn Fein asumió abiertamente su representación como el ala política del IRA y Adams acudía las negociaciones con Londres con un claro mandato del grupo armado. Por el contrario Otegui, portavoz de la ilegalizada Batasuna, no reconoce ninguna representación de ETA y el partido niega ser ala política del grupo armado. A pesar de las reiteradas acusaciones de la relación orgánica entre el partido político y ETA, ésta nunca se ha comprobado documentalmente.

SE CIERRA LA VÍA POLÍTICA

La presunta liga entre el grupo armado y la izquierda independentista justificó, en el verano de 2002 con José María Aznar en el poder, la aprobación de una nueva Ley de Partidos que facultó a jueces y tribunales declarar ilegales y disolver a todas las formaciones y actividades de la izquierda abertzale. Fue el PSOE, que lideraba entonces Rodríguez Zapatero, quien elaboró la iniciativa. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó, en pocos días, órdenes para el cierre de sedes y locales ligados a Batasuna por “considerar probado” el hecho de que el partido político “es un instrumento de la banda terrorista y forma parte de ella”. En los meses siguientes, cientos de activistas y dirigentes de este movimiento social fueron detenidos.

En los cálculos del PSOE, del Partido Popular e incluso del Partido Nacionalista Vasco, el cerco a Batasuna pronto extinguiría al partido abertzale. Pero este sector, que históricamente ha logrado mantener una franja de alrededor del 15 por ciento de los votos en todos los comicios regionales, decidió “no regalarle su base electoral a nadie” y en el siguiente proceso electoral jugó sus cartas. Presentó más de doscientas candidaturas ciudadanas y simbólicas. Los 160 mil votos obtenidos permitieron constatar que, aun proscrito, Batasuna seguía siendo una expresión política con base social en Euskadi.

“Decidimos no pasar a la clandestinidad –explica el líder abertzale en el libro Mañana Euskadi, entrevista con Arnaldo Otegui, realizada por los periodistas Iñaki Iriondo y Ramón Sola en 2005--; somos ilegales pero no clandestinos. Mientras unos dicen que Batasuna está ligado a la lucha armada, nosotros mantenemos una apuesta por la lucha institucional de masas”.

CAMBIO EN LA MONCLOA; BATASUNA VUELVE AL RUEDO

En marzo de 2004 se produjo un vuelco. La mentira del gobierno de Aznar, que pretendió achacarle a ETA los atentados de los trenes de Madrid, aquel 11 de marzo –aun conociendo ya las pruebas de la autoría de Al Quaeda—le costó el poder al Partido Popular y Zapatero se encontró, quizá sin esperarlo, en La Moncloa.

Confinados en los estrechos márgenes de la prohibición de todas sus actividades públicas, los abertzales se seguían moviendo en el escenario vasco. Se reúnen en casas particulares, se trasladan en vehículos prestados, se alojan con la gente común que los acoge. Sin dinero subsisten porque, explica Otegui en el libro citado, “somos modernos, somos de izquierdas, somos revolucionarios pero somos caseros”.


Obra de Saioa Olmo

En noviembre de ese año Batasuna convoca a una concentración en el velódromo de Anoeta, en Bilbao. Más de 150 mil personas acuden. Después de la emotiva presentación del líder histórico Jon Idígoras --quien fallecería poco después--, Otegui se dirige a la multitud reconociendo ser “el portavoz ilegal de una formación ilegal en un acto ilegal”. Acto seguido presenta una propuesta para emprender un proceso de paz que culmine con la desmilitarización de ETA y la superación de las consecuencias del conflicto. Ésta pasa, necesariamente, por la libertad de los presos políticos, el retorno de los refugiados y la atención a las víctimas de todos los bandos.

Batasuna propone un esquema de diálogo novedoso que incluye, por primera vez, la idea de sentar, por un lado, al Estado español y a ETA. Y en una mesa paralela, a los sectores sociales y políticos de todo el abanico ideológico de la región. Dos espacios con contenidos y protagonistas diferenciados. Zapatero recoge el guante.

ETA OFRECIÓ LA DESMILITARIZACIÓN

Así pues, en 2006 se abrió una vez más la posibilidad de un acuerdo político entre los distintos actores del conflicto. Después de un delicado tejido de aproximaciones previas en las que Arnaldo Otegui jugó un rol protagónico, en distintas ciudades del Viejo Continente se sentaron dos mesas de negociaciones paralelas, con los buenos oficios de varios representantes de gobiernos europeos. En una mesa se desarrollaron los contactos de ETA con los enviados del gobierno de Zapatero, que sufría en el frente interno una dura embestida de Mariano Rajoy y sus populares. En otra trabajaban temas sustantivos los partidos políticos del tablero vasco: la izquierda abertzale representada por Batasuna, los socialistas y populares de España y el Partido Nacionalista Vasco.

Fue el proyecto más maduro para el cierre del conflicto, en opinión de algunos analistas. ETA llegó a poner sobre el tapete lo que hace apenas unos años era impensable: una propuesta para desmantelar su aparato militar en caso de que se alcanzara “un escenario democrático” para el País Vasco.

El documento de ETA concretaba “el marco de la ratificación de los acuerdos, distensión bilateral y el desarrollo del proceso de negociación.” Entre tanto, mantendría e l cese al fuego y expresaría públicamente “su compromiso de desactivar la lucha armada y de desmantelar sus estructuras militares”, bajo verificación internacional.

Los mediadores captaron al instante la ventana de oportunidad que se abría en ese momento y redactaron, sobre esa concesión etarra, una propuesta de acuerdo.

Hoy, Otegui revela un detalle del que en su momento no se habló: “No fue ETA, sino el PSOE, quien rechazó este punto de acuerdo.” A cambio de la oferta de ETA, el gobierno español respondió que no estaba en condiciones ni de suspender las detenciones de militantes políticos ni se detendrían los juicios que ya estaban en marcha.

Lo demás es historia. ETA entendió la negativa como “una declaración de guerra” y replicó con la bomba de 200 kilos de dinamita en el estacionamiento del aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre de 2006. Saldo: dos inmigrantes ecuatorianos muertos. El proceso de diálogo continuó unos meses más pero sin avances ni resultados. Todavía hubo tres reuniones más entre la delegación etarra, que ya no envió a su cuadro político Josu Ternera sino a dos mandos más jóvenes –y más duros—, entre ellos Txeroki.

PUNTO FINAL A UNA ESPERANZA

A mediados de 2007, el gobierno de Zapatero daba por cerrada esta vía de negociaciones. Y el 5 de junio ETA anunciaba el fin de la tregua iniciada el 22 de marzo del año anterior. En catorce meses se había consumido y extinguido una esperanza.

La represalia no se hace esperar. Al poco tiempo es detenida casi la totalidad de la mesa directiva de Batasuna, y el propio Otegui es sentenciado a quince años de prisión porque los jueces consideran que el homenaje rendido en Anoeta al líder etarra Argala constituye delito de “exaltación al terrorismo”.

El encono alcanza niveles de irracionalidad cuando se abre una causa en contra del propio lehendakari Juan José Ibarretxe, dos altos mandos del Partido Socialista de Euskadi y cinco dirigentes de Batasuna –cuatro de ellos ya en prisión— por “desobediencia”; esto es, haber sostenido reuniones políticas con el partido ilegalizado en el marco de la negociación . Esto es, la vía política es criminalizada.

El juicio arranca los primeros días de enero y, por temor a ahondar el absurdo, el juez del tribunal superior del País Vasco declara el sobreseimiento de la causa, bajando el telón sobre un proceso que prometía ser todo un espectáculo.

Con todo, 2008 termina con atentados terroristas de alta visibilidad. El 3 de diciembre ETA asesina al empresario Ignacio Uria, directivo del tren de alta velocidad que está en vías de construcción en Euskadi. Para año viejo, hace estallar un coche bomba frente a la sede de la Televisión Vasca en Bilbao, provocando daños materiales. Es la señal de que 2009, año electoral, será difícil.

Al cumplirse cincuenta años de la fundación de ETA –un período en el que la organización ha dado muerte a cerca de 850 personas–, un comunicado del grupo expresa su determinación de alcanzar un futuro en el que, “sin imposiciones de los estados, este pueblo emprenderá el camino de la independencia por vías pacíficas y democráticas”. Pero anuncia también que “mientras tanto, tendremos que seguir luchando con todas las fuerzas y modos, porque los estados enemigos no dan la más mínima señal de voluntad de respetar la palabra de Euskal Herria”. Es decir, ETA continuará por la vía violenta.

En el campo contrario también se acumulan los agravios. El gobierno español es sancionado regularmente en los informes del Comité de Derechos Humanos de la ONU por ejercer de manera sistemática la tortura contra los detenidos por causas políticas y, más recientemente, por la “extensión de definiciones de terrorismo”, que ha generado las cifras más altas de prisión política en Europa: a la fecha, son más de 750 los detenidos que se definen como perseguidos por sus ideas políticas.

Este paisaje de polarización inamovible resulta, en opinión del escritor irlandés Paddy Woodworth, “muy perturbador”. El autor dublinés ha pasado las últimas tres décadas entre Irlanda y Euskadi. En los años ochenta publicó Guerra sucia, manos limpias, una profunda investigación sobre los GAL, grupos paramilitares organizados por el entonces gobierno socialista de Felipe González para exterminar cuadros de ETA. Recientemente salió a la luz su segundo libro sobre la región, El País Vasco, una historia cultural.

En una entrevista con la revista electrónica Eurozine, Woodworth señala hacia el círculo de violencia aparentemente irrompible que se desarrolla en Euskadi: “Una ofensiva judicial en contra de ETA podrá ser perfectamente razonable. Pero no lo es tanto la ofensiva en contra de lo que el gobierno llama los satélites de ETA, que bien podrían tener mucho menos relación con ETA que lo que sostiene el gobierno. Hay gente que es encarcelada. No se les inicia juicio en largos periodos que pueden alcanzar hasta los nueve meses. Y después... no pasa nada, simplemente porque no hay evidencia de nada.”

Así, la historia parece repetirse una y otra vez. En marzo habrá elecciones autonómicas. La izquierda abertzale lanzó una colecta de firmas para lograr lanzar candidaturas y una plataforma propias. De inmediato, la mayor parte de los medios de comunicación acusan a los nuevos candidatos de “proetarras”. Los jueces apelan a la “contaminación de Batasuna” en las listas ciudadanas. Y en la madrugada del 23 de enero, ocho nuevos presos independentistas ingresan a prisión.

Ante este escenario, Batasuna insiste en desarrollar una estrategia que le permita romper el bloqueo, “retomar la iniciativa política” y, como dice Otegui, “mover el tablero” para relanzar una nueva propuesta de diálogo.

¿Cómo lo conseguirán? Difícil adivinarlo. Pero mientras esto suceda, los abertzales desafían a cada instante la prohibición de ser, de existir. En un bar cercano al puerto de Donostia, donde rompe un oleaje furioso y frío, Otegui da cuenta de un par de pintxos geniales y apura el último vaso de txakoli, un vino espumoso y cosquilleante. Dos o tres carcajadas más con sus compañeros y se despide. Camina rápidamente bajo la lluvia que barre las calles del barrio antiguo y desaparece. Ilegal, sí. Clandestino, nunca.