■ Si son condenados cumplirán sentencia en casa por razones de edad
Comienza hoy en Argentina el juicio a seis represores de la dictadura
Buenos Aires, 9 de febrero. Con fuertes polémicas por la decisión del Tribunal Oral federal 5 de no permitir la transmisión por televisión, ni cámaras, comienza este martes aquí el mayor juicio por violaciones a los derechos humanos desde 1985 cuando se juzgó a los ex comandantes de las juntas militares de la pasada dictadura (1976-1985).
El acusado principal es el general retirado Jorge Olivera Róvere, ex segundo comandante del Primer Cuerpo de ejército y otros cinco militares -que tienen alrededor de 80 años cada uno- y que de ser juzgados cumplirían condena en su casa por razones de edad.
El ex presidente Carlos Menem indultó al militar en 1990 y el juez Rodolfo Canicoba Corral lo procesó en abril de 2004. Fue excarcelado por la Cámara de Casación Penal hace dos años y ahora será juzgado por 120 secuestros y desapariciones, incluido el escritor Haroldo Conti, y por el homicidio de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, que fueron víctimas de la Operación Cóndor.
Olivera Rovere es el principal acusado por su responsabilidad en el Primer Cuerpo de ejército y jefe de la subzona militar de capital, como autor mediato de todos los secuestros, torturas y asesinatos cometidos en la ciudad en 1976 por fuerzas armadas y de seguridad.
El juicio será muy largo y durante la primera mitad del año declararán más de 400 testigos. Pero existe una fuerte polémica con los organismos de derechos humanos ya que los imputados no escucharán los testimonios y la sociedad no podrá seguir por televisión los juicios por decisión del Tribunal Oral Federal 5 (TOF-5).
La agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.JO.S) convocó a un camarazo a todos los fotógrafos para que estén allí con sus cámaras en repudio por lo que consideran restricciones al trabajo de la prensa por parte de los jueces Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías.
El alto militar de 82 años era nada menos que el segundo del general Carlos Suárez Mason -ya fallecido- comandante del Primer Cuerpo, y uno de los más importantes responsables en los diseños del terrorismo de Estado, como hombre de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense y de la Liga Anticomunista Mundial.
Los otros cinco acusados ex jefes de área del Primer Cuerpo, no estarán presentes mañana y son: los generales Rodolfo Enrique Wehner, Teófilo Saá, los coroneles Humberto José Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti, Bernardo José Menéndez y este es el mayor proceso en términos de cantidad de víctimas desde el juicio a los nueve ex comandantes.
Carrió criticada por víctimas paraguayas
La dirigente de la centroderechista Coalición Cívica, Elisa Carrió fue duramente criticada por un grupo de víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) en Paraguay por comparar ese trágico período de la historia paraguaya, con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y negar que el ex dictador mandara a matar a sus enemigos.
En una nota enviada a La Jornada, los familiares se refieren a una entrevista de Carrió en la que dijo que Stroessner “no mandó matar opositores. Controlaba el aparato político con los liberales, los medios de comunicación, la policía, el contrabando y la aduana. Yo vivía a 300 kilómetros del Paraguay. La libertad de prensa estaba limitada. Gobernaban manejando el narcotráfico y el dinero ilegal de autos. Esto (Argentina) es muy parecido al Paraguay de Stroessner. Es una semidictadura”.
Esto produjo la reacción de familiares y de víctimas que consideran esa respuesta como “una inmensa burla a los miles de asesinados, torturados y desaparecidos, cuyos nombres recientemente se dieron a conocer en Asunción, en el ‘Nunca Mas’”.
También calificaron como un “sarcasmo” y una afrenta estos dichos para los miles y miles de paraguayos y paraguayas que sobrevivieron a los 35 años de dictadura, con las secuelas dejadas por el paso por los distintos centros de torturas de ese país. La carta está firmada por Guillermo Weyer, integrante del “Movimiento de Victimas de la Dictadura Stronista” .