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■ Se destapa red de corrupción que sobornó a autoridades de Madrid y Valencia

Investiga la justicia de España a casi 40 militantes del conservador Partido Popular

■ Cuestiona la oposición derechista imparcialidad del juez Baltasar Garzón, quien instruye la causa

Armando G. Tejeda (Corresponsal)

Ampliar la imagen El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy (segundo de la derecha), camina junto al presidente del PP en Euskadi, Antonio Basagoiti (segundo de la izquierda), y otros dirigentes, ayer en Bilbao en el inicio de la campaña regional electoral para los comicios del primero de marzo en el País Vasco El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy (segundo de la derecha), camina junto al presidente del PP en Euskadi, Antonio Basagoiti (segundo de la izquierda), y otros dirigentes, ayer en Bilbao en el inicio de la campaña regional electoral para los comicios del primero de marzo en el País Vasco Foto: Reuters

Madrid, 12 de febrero. El Partido Popular (PP), la formación política conservadora que detentó el poder en España de 1996 a 2004, se encuentra en una crisis sin precedentes, acorralado por las turbias revelaciones de diversas tramas de corrupción y espionaje.

Mientras se intensifica la batalla política, en que la derecha pretende presentarse como “víctima” de una conspiración, la investigación judicial y policial que se remonta a 10 años es nítida en sus conclusiones: la existencia de una red de corrupción que sobornó a diversas autoridades públicas del PP en Madrid y Valencia.

Las dos tramas en las que está implicado ese partido conservador, que siempre ha hecho gala de su supuesta honestidad y capacidad de gestión, confluyen en una misma cuestión: el espionaje, contraespionaje, seguimiento y escuchas ilegales a que fueron sometidos numerosos personajes de las comunidades de Madrid y Valencia.

Estas prácticas, ilícitas, se hicieron presuntamente con el objetivo de conseguir el mayor número de contratos públicos al margen de las leyes concursales.

Es decir, bajo el amparo de la corrupción y el tráfico de influencias, como lo señala el juez instructor del caso, Baltasar Garzón, quien fue recusado por el PP por supuesta “enemistad manifiesta”.

De acuerdo con lo investigado en las diligencias, “en la causa existen indicios suficientes de que los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular en algunos ayuntamientos y comunidades autónomas, principalmente de las comunidades de Madrid y Valencia, para obtener un beneficio propio”.

Todas las localidades investigadas y con las que los 37 imputados tenían relación están gobernadas por el PP.

Éste es el escándalo más grave en la historia reciente que afecta al PP, ya que también pone en entredicho la limpieza con la que gobernó durante ocho años el ultraconservador José María Aznar; su yerno y sus amigos aparecen en los sumarios y conversaciones grabadas por los policías.

El hallazgo de la trama fue posible gracias a un grupo de militantes del propio PP, cuyos nombres aún no han sido desvelados, pero que se sabe que ante el hastío y la vergüenza de constatar las prácticas de sus correligionarios decidieron denunciarlas.

Esto originó la primera autorización de Garzón de una serie de escuchas y seguimientos a los principales protagonistas de la historia: Francisco Correa, el “conseguidor”, amigo de la familia Aznar y quien se jactaba de conseguir todo tipo de contratos de las administraciones públicas gobernadas por el PP a pesar de que en muchos casos su oferta era la más cara.

Además, Pablo Crespo, ex alto cargo del PP gallego y gestor de una de las empresas implicadas, y dos destacados militantes de la formación derechista, el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, que dimitió hace sólo unos días, y el ex edil de Majadahonda Guillermo Ortega. Los tres fueron enviados anoche a prisión.

Negocios y política

A pesar de que el proceso se encuentra en la fase de instrucción, el magistrado imputó a 37 personas y continúa recabando pruebas que confirmarían lo que hasta ahora era una simple sospecha generalizada en Madrid y Valencia: numerosas empresas “amigas” del PP, sobre todo vinculadas con el sector de la construcción, aumentaron sus operaciones y sus cuentas corrientes gracias al trato de favor de las autoridades, que a cambio recibían al parecer dos cosas: dinero mediante paraísos fiscales o también euros que iban a parar a las arcas del partido.

El PP y su líder Mariano Rajoy cambiaron de discurso a lo largo de los días; primero señalaron que era una cuestión sin importancia, “anecdótica”, después reconocieron que había algo sospechoso pero que en todo caso solamente afectaba a gente próxima al partido y no a sus militantes.

Cuando el escándalo tocó de llenó a sus dirigentes, el partido optó por acusar al juez, al gobierno y al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, de instrumentar una conspiración, por lo que anunciaron la ruptura del acuerdo por la justicia –firmado hace sólo unos meses– y exigieron la recusación del juez Garzón.

Inclusive Rajoy cuestionó la “calidad de la democracia” del país luego que el diario El Mundo informó que Garzón y Fernández Bermejo estuvieron juntos de cacería el pasado fin de semana, justo cuando se desarrollaba la operación judicial contra la supuesta trama de corrupción.

Esta tarde el PP presentó ante la Audiencia Nacional el escrito de la recusación contra el juez, por su “enemistad manifiesta” contra el partido y por tener un nexo “directo o indirecto” en la causa.

La respuesta del magistrado fue el auto de procesamiento y el levantamiento parcial del secreto del sumario, en el que se hacen públicas las consideraciones y algunas de las pruebas, recabadas en los últimos 10 años, en las que se sostiene que “hay indicios suficientes” de que esta red de corrupción utilizó paraísos fiscales y empresas administradas por testaferros para maquillar un negocio ilegal: el tráfico de influencias, el lavado de capitales y el soborno.

 
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