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Editorial

Suprema impunidad

Por amplia mayoría de magistrados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación perpetró un nuevo atropello a su propia función y a sus potestades y dio por cerrada la discusión en torno a los episodios de barbarie represiva que tuvieron lugar en Texcoco y en San Salvador Atenco en mayo de 2006. En una circunstancia que recuerda de manera inevitable el vergonzoso desempeño del pleno de togados ante las agresiones sufridas por la informadora Lydia Cacho en Puebla –y promovidas por el gobernador de esa entidad, Mario Marín–, el máximo tribunal del país exoneró de toda responsabilidad al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, al entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, a Wilfrido Robledo Madrid, a la sazón responsable de la seguridad mexiquense, a Ardelio Vargas Fosado, entonces coordinador de las fuerzas federales, al ex procurador estatal, Abel Villicaña Estrada, a Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno, a Miguel Ángel Yunes Linares, quien en ese tiempo se desempeñaba como subsecretario federal de Prevención y Readaptación Social, y a otros altos mandos estatales y federales.

Según los ministros que despachan en la esquina de Pino Suárez y Corregidora, los posibles homicidios, las violaciones, las golpizas, las detenciones injustificadas, las humillaciones, las expulsiones ilegales del país y el resto de las atrocidades cometidas por las fuerzas represivas contra centenares de personas carecen de responsables intelectuales, y corresponde, en consecuencia, imputar esos delitos únicamente a algunos de sus presuntos autores materiales. En el caso de las agresiones sexuales, la Corte reconoce las culpas, pero proclama la inexistencia de culpables o, peor, la imposibilidad de fincar responsabilidades; en términos generales, y por inferencia, el máximo organismo judicial del país atribuye esos delitos graves a una falta de regulación en el uso de la fuerza pública y a la escasa profesionalización de sus integrantes. En este espíritu, la SCJN se prepara a emitir algunas reflexiones no vinculantes, dirigidas a dependencias federales, estatales y municipales, sobre la pertinencia de adoptar “medidas administrativas y políticas públicas” para incrementar la eficiencia y el profesionalismo de los cuerpos policiales.

Ante los graves atropellos perpetrados en Texcoco y en San Salvador Atenco, el máximo tribunal ha optado, pues, por disociarse de la realidad y por simular cierta preocupación ante la falta de vigencia de los derechos humanos en el país. Las recomendaciones son frívolas, innecesarias y hasta grotescas: el marco legal de México es lo suficientemente claro en la tipificación de los delitos de homicidio, lesiones y violación como para que la SCJN aconseje a los elementos de la fuerza pública y a sus mandos que se abstengan de cometerlos.

La tarea de los ministros, en cambio, era dilucidar con verosimilitud las razones por las cuales 657 integrantes de la Policía Federal Preventiva (PFP), mil 901 efectivos de la agencia mexiquense de seguridad pública, 115 policías municipales, además de una docena de funcionarios de la procuraduría estatal y cuatro empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) se vieron involucrados en la comisión de los atropellos referidos. El sentido común indica que la única forma de coordinación posible entre todos ellos era una consigna emitida por niveles superiores –municipales, estatales y federales– y que en Texcoco-Atenco tuvo lugar un escarmiento de Estado contra una población insumisa.

Otro hecho que habría ameritado la intervención de la SCJN es la inexplicable renuencia de las autoridades de los tres niveles para procurar justicia por las agresiones policiales y el dato exasperante de que, hasta la fecha –es decir, a casi tres años de distancia–, ningún empleado público haya sido llevado a un tribunal para que responda por los delitos cometidos.

Resulta inevitable apreciar, en el conjunto del episodio, el doble rasero de un aparato de procuración e impartición de justicia que condena a más de 100 años de cárcel a uno de los líderes de San Salvador Atenco y que, por el otro lado, exime de toda responsabilidad a quienes coordinaron el ataque policial contra esa población. Por lo demás, el desempeño de las autoridades ejecutivas y judiciales, desde mayo de 2006 hasta este febrero de 2009, pone en evidencia la hipocresía de un sistema que brinda protección a los sospechosos más encumbrados e influyentes y deja librados a su suerte a los subordinados y rasos. Para finalizar, los integrantes del más alto tribunal del país han decidido, por amplia mayoría, dejar de lado la justicia y votar por una impunidad a la que otorgan, de esta manera, la categoría de suprema.

 
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