Buenos Aires, 2 de marzo. Miles de maestros de escuelas públicas de la capital federal argentina y 12 provincias del país -incluida la de Buenos Aires- iniciaron el ciclo lectivo 2009 con un paro de labores, en demanda de aumentos salariales y mejoramiento de las condiciones de enseñanza para seis millones de estudiantes.

El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner negoció la semana pasada un aumento de 15.5 por ciento al sueldo mínimo de los docentes para situarlo en mil 490 pesos (unos 417 dólares), por lo que este acuerdo nacional debe servir ahora como base en las negociaciones que realicen las organizaciones magisteriales con las autoridades provinciales.

La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, Estela Maldonado, manifestó su esperanza de que este paro sea un llamado muy fuerte de atención y que los gobiernos provinciales convoquen al diálogo a las organizaciones gremiales regionales para hallar soluciones.

Los maestros capitalinos protestaron ante la sede del gobierno local y reclamaron al alcalde Mauricio Macri, de la derechista Propuesta Republicana, que por un lado premie con bonos de miles de pesos a altos funcionarios escolares y, por otro lado, ofrezca un magro incremento salarial a los docentes.

Para tratar de atajar el conflicto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, convocó a la Federación de Educadores Bonaerenses a la mesa de diálogo, pero el frente gremial dijo que aunque acudirá al llamado, no cancelará el paro de 48 horas en el mayor distrito escolar del país, por lo que tampoco habrá clases este martes.

Fernández de Kirchner viajó a una región de comunidades indígenas en la provincia de Salta -fronteriza con Bolivia- para inaugurar el ciclo lectivo de este año.

La mandataria agradeció la infinita paciencia de generaciones de argentinos de los pueblos originarios, que esperaron décadas para tener este colegio, y esperaron sin levantar el puño, sin agravios ni violencias, sin descalificarnos.

Previamente, Fernández cuestionó la huelga de los maestros porque perjudican a los estudiantes, pero también acusó a los gobernantes provinciales de ser benevolentes con los que más tienen y exigir a los docentes que acepten el salario mínimo.

Los sindicatos magisteriales han puesto en evidencia sus diferencias. Analistas políticos consideran que en las organizaciones gremiales influye la campaña política de cara a las elecciones legislativas de octubre próximo, marcada por alianzas de derecha y divisiones de la izquierda moderada.

En este marco se han agudizado los debates sobre la intervención del estado ante la crisis y la posibilidad de enviar un proyecto para crear una agencia estatal que controle el comercio agropecuario.

El titular de la Central de Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky, se inclinó a favor de la intervención estatal para regular la vida económica en el sector rural y también de apostar al mercado interno con salarios dignos y la prohibición de despidos.

En disidencia con las nuevas posiciones de los dirigentes de la Federación Agraria Argentina (FAA), unidos en la denominada Mesa de Enlace con los mayores productores del país, Yasky apoyó una decisión gubernamental sobre el control del comercio de granos.

Nosotros planteamos la necesidad de que el Estado recupere instrumentos que permitan intervenir y regular la vida económica del país dijo.

En este mismo sentido, el historiador y analista Alberto Lapolla recordó a los dirigentes de la FAA, que en una exhortación enviada por esa institución al Senado, el 21 de enero de 2004, urgió a recuperar la Junta Nacional de Granos para defensa de la producción.

Ese proyecto procuraba crear este vital instrumento que garantizaría la transparencia en el comercio de granos y representaba una herramienta de protección a la actividad rentable de todos los productores agrarios del país. Y todo eso, precisó Lapolla antes de que la FAA cambiara de rumbo y terminara unida a sus viejos enemigos.

Un día después de su comparecencia ante el poder Legislativo, en la apertura del periodo de sesiones, los medios masivos de comunicación, mayoritariamente aliados a la oposición de partidos derechistas, atacaron a Fernández de Kirchner, quien llamó a la unidad de todos los sectores para enfrentar la crisis y adelantó que enviará al Congreso todos aquellos instrumentos que permitan intervenir adecuadamente en la economía.

En la andanada contra la presidenta en las últimas horas destacó Elisa Carrió, dirigente de la derechista Coalición Cívica, quien además de sostener que no había ninguna propuesta en el discurso presidencial, dijo que lo que se está haciendo sólo lo puede hacer un gobierno privado de razón y comparó a la mandataria con el ex presidente rumano Nicolae Ceasescu, quien fue ejecutado en 1989 durante una revuelta que acabó con el régimen.

Hace días había comparado a este gobierno con el del ex dictador Alfredo Stroessner en Paraguay (1954-1989), lo que provocó la reacción y protesta de familiares de víctimas de esa dictadura.