pesar de lo que pregonan los agoreros del desastre, en el país no pasa nada grave. El gobierno federal ha tomado las medidas pertinentes para evitar que la población se vea afectada por el desempleo, la carestía, la devaluación y los imprevistos financieros. De hecho, la devaluación es subvaluación, las pérdidas sufridas por las pensiones de los asalariados no son tales, sino minusvalías, la crisis no le ha pegado a la clase media y nadie va a quedarse sin trabajo y menos sin comida.
Lo que los pesimistas llaman catástrofe es, en realidad, un catarrito; más daño causa el pánico que los tremores de una turbulencia previsible y bajo control de las autoridades. Pónganse, señores funcionarios, en los zapatos de la gente, para que le tomen la medida al bienestar y a la satisfacción generalizada. Observen en ese espejo su propia eficiencia y desechen pesimismos y catastrofismos. Les digo que no está pasando nada.
El salario remunerador es un precepto constitucional plenamente vigente que goza de solidez y, sobre todo, de un amplio espectro: puede ir de los mil 500 a los 347 mil pesos mensuales, lo que demuestra el compromiso del país y del gobierno con la diversidad y el pluralismo económico y social; la inversión de recursos públicos en gasto corriente (mayoritariamente destinado a pagar sueldos de funcionarios y asesores) anda por los 700 mil millones de pesos; un blindaje formidable contra cualquier crisis para el sector más importante de la población: el que está dispuesto a ver el vaso medio lleno, el que ejerce un liderazgo positivo, el que aporta soluciones en lugar de quejarse por los problemas, el que no se rinde ante las adversidades, el que trabaja en función de objetivos y no se dedica a magnificar los fracasos. Ese conjunto de ciudadanos representa a México, y México es más grande que sus problemas.
La transparencia y la probidad son normas inalterables en la conducta de esta administración. El tráfico de influencias es sólo un recuerdo del pasado remoto. El desvío de fondos públicos se sanciona con severidad. Todos los funcionarios están sujetos a escrupulosa fiscalización. Sostener lo contrario sólo puede explicarse como un afán por socavar al Estado y sus instituciones.
El país está ganando la guerra contra la delincuencia. Prueba de ello es el envío reciente de miles de efectivos militares a las plazas del norte: mera operación para consolidar un control ya establecido y que, de hecho, nunca se perdió. O se perdió por unos breves momentos, por un pedacito de sexenio anterior, pero ya está todo resuelto o en vías de inminente resolución. Se requiere, eso sí, del concurso de todos para evitar que los criminales infiltren a las instituciones. Por eso el gobierno alienta la participación de la ciudadanía en el combate contra el crimen. No vaya a ser la de malas: imagínense lo que ocurriría si, por poner un ejemplo, el narco llegara a contratar a cuatro de cada 10 policías en activo o a coordinadores y directores de la procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública. O, Dios no lo quiera, a alcaldes, subsecretarios, diputados, secretarios, senadores, gobernadores y presidentes y ex presidentes de la República.
La libertad de expresión está plenamente garantizada, pero esa libertad no debe confundirse con la crítica destructiva y de mala fe ni con los perversos empeños de la delincuencia por destruir a las instituciones. Bienvenida la crítica, siempre y cuando sea objetiva, cuando elogie y legitime, cuando reconozca la obra ingente de este gobierno en materia social, educativa, de salud, infraestructura, economía, seguridad y cultura.
Porque no pasa nada: el país avanza, va por buen camino y está conducido por una mano firme. Esa es la línea a seguir, esa es la determinación inquebrantable del gobierno y esa es la verdad.
Órale, pues.
navegaciones@yahoo.com http://navegaciones.blogspot.com
