Ante la constante deserción de militares, la multiplicidad de las labores –particularmente el mayor involucramiento en el combate al narco– y el insuficiente presupuesto para modernizar las fuerzas armadas, el presidente Felipe Calderón impulsó al inicio de su gobierno una serie de medidas para retribuir a soldados y marinos, quienes arriesgan su propia vida para salvaguardar la paz y la tranquilidad de la nación.

Primero, el Presidente anunció en 2007 un incremento salarial a soldados y marinos del más bajo rango, y el pasado 19 de febrero prometió cubrir ciento por ciento de las colegiaturas de bachillerato o de universidad de los hijos de militares en activo.

Sin embargo, cuando las autoridades educativas tomaron cartas en el asunto, revelaron fuentes oficiales consultadas, se dieron cuenta de que era difícil cumplir lo prometido, ya que la estimación más conservadora indica que son 15 mil los hijos de militares y marinos que harían uso de la nueva prestación, lo que representaría alrededor de 400 millones de pesos semestrales. Por ello se resolvió que el gobierno federal aporte, como prestación social a través del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, 50 por ciento de la beca, y la institución educativa el otro 50.

De acuerdo con el esquema propuesto, las universidades y bachilleratos públicos no tendrán beneficio alguno con este proyecto, porque al no cobrar cuotas o hacerlo de manera mínima, los recursos que captarán por este medio serán escasos. En cambio, las instituciones particulares recibirán una inyección millonaria de recursos con este programa gubernamental, si se toma en cuenta que la UNAM consiguió un aumento presupuestal para este año, después de mucho esfuerzo, de 700 millones de pesos; el IPN, 450 millones, y la UAM 350 millones de pesos.

Fuentes ligadas al proyecto revelaron que la propuesta inicial del Ejecutivo federal era que la organización y operación de las becas quedara a cargo de la Secretaría de Educación Pública, pero al darse cuenta que de esa forma se estaría entregando “un auténtico voucher” de recursos públicos a las escuelas privadas, se reculó en la decisión original de que todo el proyecto se basara en recursos estatales.

La idea del programa, añadieron los informantes, es que los hijos de militares –desde los de más bajo rango, que tienen un sueldo mensual de 6 mil 100 pesos aproximadamente, hasta los hijos de generales y almirantes, que perciben más de 160 mil al mes– sean beneficiados por igual y que no paguen un solo peso por la educación media superior y superior de sus vástagos. Esto, cuando el costo promedio por semestre en una universidad privada va de 30 mil a 60 mil pesos, mientras que en bachillerato es de entre 10 mil y 20 mil pesos.

Al hacer el anuncio en la ceremonia conmemorativa del Día del Ejército, en General Escobedo, Nuevo León, en febrero pasado, Calderón precisó: Esta prestación se otorgará a militares en activo de cualquier nivel. Así los hijos de todos los integrantes del Ejército contarán con nuevas posibilidades de progreso... Estoy convencido de que esas medidas complejas son un acto de elemental justicia y solidaridad con el que el gobierno mexicano busca retribuir en algo el noble e invaluable servicio que los hombres y mujeres de armas brindan a la patria.

De acuerdo con información oficial, el gobierno federal ha incrementado los recursos destinados al pago de despensa y otras prestaciones sociales, ha aumentado el número de Centros de Desarrollo Infantil e incluso la Defensa creó recientemente un moderno centro de rehabilitación infantil para hijos de militares con alguna incapacidad.

Pero, a pesar de estas medidas, la deserción continúa siendo un problema que afecta la capacidad operativa de las fuerzas armadas. Tan sólo en el sexenio de Vicente Fox desertaron 123 mil soldados de un Ejército integrado por 191 mil elementos, mientras en la administracion de Calderón en dos años suman más de 17 mil los elementos que han abandonado ilegalmente el servicio de las armas.

A pesar del discurso oficial persiste la baja moral de los militares; en muchos casos los elementos de tropa pasan entre tres y cuatro meses destruyendo plantíos de droga, con lo que ven cada vez menos a su familia, sin contar con que actualmente 45 mil soldados, más de una cuarta parte del total, combaten diariamente al crimen organizado, pese a que no fueron preparados para ello. Mientras, las expectativas de modernización del armamento son mínimas, cuando 80 por ciento del gasto de las fuerzas armadas se destina a pagar sueldos.