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Autoridades educativas estatales argumentan ambigüedad o vacíos en la normativa

Revelan desvío de recursos federales en BC en favor de maestros comisionados al SNTE

Recibieron $91.5 millones del Fondo para la educación básica 232 trabajadores

Antonio Heras
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 15 de marzo de 2009, p. 28

Mexicali, BC, 14 de marzo. De manera indebida, el gobierno panista de Baja California destinó 91.5 millones de pesos provenientes de fondos federales para cubrir salarios a personal comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en vez de canalizarlos a actividades en beneficio de escuelas y maestros frente a grupo, como establece el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (Faeb).

Así lo reveló el Informe de Cuenta Pública 2007 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que señala que 232 trabajadores pertenecientes al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) estuvieron comisionados con goce de sueldo al SNTE y recibieron 39 mil 514 pagos que representaron 91 millones 508 mil 200 pesos durante las 24 quincenas de ese año.

Es el segundo año consecutivo que un informe de la ASF refiere este tipo de erogaciones irregulares en favor de integrantes del sindicato magisterial que realiza el ISEP, organismo creado a partir del programa de descentralización educativa. Este ejercicio presupuestal correspondió al último año de gobierno del panista Eugenio Elorduy Walther (2001-2007). Al frente del Sistema Educativo Estatal estaba Óscar Ortega Vélez.

La ASF consideró que dichas comisiones sindicales debieron ser otorgadas sin goce de sueldo, toda vez que, de acuerdo con la normatividad, son recursos federales destinados directamente a maestros frente a grupo o que realicen actividades dentro de centros escolares de educación básica y de formación de docentes.

El documento oficial refiere que el argumento del gobierno estatal para autorizar las licencias sindicales con goce de sueldo se encuentra en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, la cual prevé comisiones a profesores y personal de apoyo a la educación para desempeñar cargos directivos dentro del comité ejecutivo del sindicato, de carácter estatal y seccional.

A ello, la ASF señala que el SNTE es un organismo nacional y, por tanto, no está regido por dicha ley estatal, por lo que esas aportaciones contravinieron la propia Ley de creación del ISEP, la Ley de Coordinación Fiscal y el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, entre otros.

Otro asunto observado por los auditores es la entrega de 26 millones 145 mil 202 pesos a organismos que, por su naturaleza, no son susceptibles de ser financiados con recursos de este fondo federal, entre ellos una aportación de un millón 750 mil 900 pesos al SNTE por transferencias indebidas al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, la Universidad Autónoma de Baja California, ICBC, DIF y Sistema de Transporte Estatal, por 19 millones de pesos.

Al tratar de desvirtuar las observaciones producto de la auditoría, autoridades del Sistema Educativo Estatal, al que pertenece el ISEP, pretextaron ambigüedad o vacíos en la normativa sobre los aspectos o rubros específicos en los que se deben ejercer los recursos del Faeb, además que las leyes de Coordinación Fiscal y General de Educación señalan que es facultad exclusiva de los gobiernos de los estados operar los servicios educativos, por lo que consideraron no haber cometido violación alguna.

Sin embargo, la ASF reiteró que existen irregularidades administrativos al tratarse de apoyos no susceptibles de ser financiados con recursos del Faeb, por lo que el órgano de fiscalizacón federal solicitó a la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental de Baja California –a cargo del perredista Edgardo Contreras– la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria en una decena de casos, entre los que se encuentra la dilación de entrega de 13 ministraciones de recursos federales por 980 mil pesos cada una de la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno estatal hacia el ISEP, lo que generó productos financieros por 1.6 millones de pesos, los cuales no se entregaron a la dependencia educativa.

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