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Impone sanciones a piropos, palabras y ademanes altisonantes

Entra en vigor bando moralista en Culiacán

El proyecto del alcalde priísta Jesús Vizcarra es recaudador, afirma regidora perredista

Señalan deficiente difusión de las disposiciones

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Policías municipales detienen a sospechosos para revisarlos en Culiacán, donde ayer entró en vigor un nuevo bando de policía y buen gobierno, que prohíbe atentar contra las buenas costumbres, decir piropos y palabras altisonantes, así como realizar manifetaciones públicas sin autorización, entre otras disposiciones. Las sanciones incluyen arrestos de 36 horas y multas hasta de 40 salarios mínimosFoto Leo Espinioza
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 17 de marzo de 2009, p. 30

Culiacán, Sin., 16 de marzo. Este lunes entró en vigor el nuevo bando de policía y buen gobierno de Culiacán, aprobado en enero, que prohíbe usar en la vía pública palabras altisonantes, hacer ademanes groseros, atentar contra la moral y las buenas costumbres, decir piropos y realizar manifestaciones públicas sin avisar a las autoridades municipales con 24 horas de anticipación.

Las nuevas disposiciones sancionan a quien no pinte frecuentemente la fachada de su vivienda, arroje basura desde la ventana de un vehículo particular o de transporte público, porte armas de aire comprimido y sea propietario de animales agresivos o peligrosos. También se penará a dueños de establecimientos que ofrezcan servicio de Internet y permitan a sus usuarios ver pornografía.

Las sanciones incluyen arrestos de 36 horas y multas hasta de 40 salarios mínimos.

El bando fue aprobado por la mayoría de los regidores, a partir de una propuesta del alcalde de la capital sinaloense, Jesús Vizcarra Calderón, ganadero y exportador de carne de extracción priísta, considerado uno de los más fuertes aspirantes a la gubernatura de Sinaloa, que se renovará en 2010.

La presidenta del Frente Cívico Sinaloense y ex diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mercedes Murillo Monge, calificó el ordenamiento municipal de moralista y recaudador; sostuvo que afecta la sana convivencia ciudadana y atenta contra todos los sectores sociales.

No se sabe si este reglamento lo hicieron en el seminario o en el cabildo. ¿Quién dicta la moral y las buenas costumbres? ¿Qué son para los políticos y para todos los millonarios la moral y las buenas costumbres? ¿Qué va a pasar con los almanaques que traen mujeres semidesnudas?, cuestionó Murillo. La autoridad municipal, agregó, no difundió entre todos los sectores el nuevo bando, lo que dificultará su aplicación.

En esto coincidió el regidor del Partido Acción Nacional (PAN) César Guerra, quien señaló que hubo descuidos y negligencia de la administración municipal para dar a conocer las nuevas disposiciones.

Sólo para ellos (el alcalde Jesús Vizcarra y la secretaria del ayuntamiento, Gabriela Chaín) la promoción fue satisfactoria, pero la fracción de regidores panistas cree que se quedaron cortos, que les faltó mucho por informar, comentó.

Gabriela Chaín informó a su vez que se repartieron 25 mil trípticos sobre el bando en escuelas, cruceros y comercios de Culiacán; además, los trabajadores del área de barandilla recibieron cursos de capacitación.

El ordenamiento incorpora dos figuras innovadoras: el mediador social, que ofrecerá asesoría y defensa ante problemas vecinales, y el consejo de participación, que ayudará en conflictos menores.

Otras acciones penadas son tirar escombro en lugares prohibidos, atentar contra el patrimonio ajeno, molestar de cualquier forma a los vecinos, usar medios de transporte contaminantes, circular en bicicleta provocando desmanes y participar o apoyar en carreras de autos callejeras.

El bando anterior se aprobó en diciembre de 1999. Las autoridades actuales insistieron en actualizar la normatividad para atender las demandas ciudadanas y dar prioridad al reclamo de seguridad pública.

El nuevo reglamento busca clasificar las conductas antisociales que constituyan infracciones administrativas; estipular el procedimiento a que deberá sujetarse la autoridad para la aplicación de sanciones; determinar las sanciones y procurar la convivencia armónica entre los habitantes del municipio.