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Llama a Calderón a que defina plan de regreso del Ejército a cuarteles

Desde que los militares están en la calle, la PGR no funciona: Soberanes
 
Periódico La Jornada
Jueves 19 de marzo de 2009, p. 14

Ante el incremento de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en que incurren elementos de las fuerzas armadas, el ombusdman nacional, José Luis Soberanes, llamó al presidente Felipe Calderón a definir a la brevedad las formas en que el Ejército dejará paulatinamente las labores de seguridad pública que, por ley, deben realizar cuerpos policiacos.

Entrevistado en una gira de trabajo por Sinaloa, el funcionario indicó que el retiro de los militares debe ser un proceso ordenado y no súbito, así como debe señalarse un tiempo prudente para asumir que se ha preparado y capacitado a los policías.

En un comunicado difundido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Soberanes criticó que en las actuales circunstancias la Procuraduría General de la República parezca estar en completa pasividad, porque desde que los soldados salieron a la calle a enfrentar a las bandas del crimen organizado, la dependencia prácticamente no funciona.

Hay que saber si ya no investiga los homicidios y otros delitos federales que son consecuencia del combate a la ola de violencia delictiva, agregó el titular de la CNDH.

Expresó que el combate a la delincuencia debe hacerse siempre con la ley en la mano, de lo contrario nos encaminaremos hacia un callejón sin salida, en cuyo final no está la justicia, sino la anarquía, la barbarie, la violencia ciega y la venganza entre particulares.

En el caso particular de Sinaloa, más de la mitad de los expedientes abiertos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos por abusos y arbitrariedades cometidos contra ciudadanos corresponden a dependencias del gobierno de la República, específicamente el Ejército Mexicano y la Policía Federal, informó el ombudsman estatal, Javier Estavillo Muñoz.

En un año, el organismo estatal inició 477 expedientes por casos de abusos, arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos, de los cuales 240 fueron contra funcionarios federales, por lo que fueron turnados a la CNDH para que se realicen las indagatorias y, de ser necesario, se emitan las recomendaciones respectivas.