Frente a la reiterada exigencia del ombudsman nacional, José Luis Soberanes, para que la participación del Ejército en tareas policiales sea temporal, el presidente Felipe Calderón expresó su coincidencia, pero argumentó que por ahora ese retiro no es posible al no existir una policía capacitada. La presencia de los militares en las calles es justa, legítima e indispensable.

En la presentación del último informe de labores del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el michoacano defendió su decisión de usar la fuerza del Estado en la persecución del crimen organizado, aun a costa de los riesgos, críticas e incomprensión que conlleva.

Soberanes advirtió que la criminalidad desbordada amenaza la paz social, por lo que es urgente ponerle un alto, e insistió en la necesidad de que la participación del Ejército en actividades policiacas sea temporal. No hagamos de lo excepcional una rutina, a menos que aceptemos que se desdibuje el proyecto nacional trazado en la Constitución, explicó.

En la ceremonia celebrada ayer en Los Pinos, Calderón dijo que este señalamiento en todo caso debe hacerse a las autoridades estatales y municipales responsables de escalar las capacidades de sus policías.

Ante la disyuntiva de dejar a los mexicanos a su suerte y en indefensión frente al crimen, o ignorarlo, como se hizo durante mucho tiempo, destacó que decidió asumir con el poder del Estado, la autoridad y la fuerza federal a su plena capacidad para proteger a los ciudadanos de cualquier amenaza y al mismo tiempo fortalecer la vida institucional del país.

Afirmó que la vulnerabilidad en la fuerza de la autoridad local es un tema que rebasa a la mera seguridad pública local y se transforma en asunto de seguridad interior del país. Por eso corresponde a las fuerzas armadas velar por los mexicanos, tarea que está dentro de sus atribuciones, de acuerdo con la Constitución.

No obstante las agresiones que las fuerzas armadas han sufrido, afirmó, se han comportado no sólo con apego a la legalidad, sino con una enorme fortaleza para proteger los derechos humanos, incluso de las personas que ha capturado.

Soberanes señaló que aun en momentos de gran dificultad como los actuales, por la crisis económica y los casos de violencia que afectan y atemorizan a muchos ciudadanos, debemos ser capaces de que prevalezcan las leyes, no su mayor inobservancia. Rechazó que en aras de reafirmar el rumbo se pierda la brújula del estado de derecho.

José Luis Soberanes Fernández y Felipe Calderón Hinojosa, ayer en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los PinosFoto Francisco Olvera

Luego de denunciar la actitud que han tenido la Procuraduría General  de la República (PGR) –cuyo titular, Eduardo Medina Mora, no asistió a la ceremonia– y los gobernadores de Baja California, Sinaloa y Guerrero, de rechazar las recomendaciones de la CNDH, ante el presidente Felipe Calderón, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; Defensa Nacional, Guillermo Galván y de Marina, Francisco Saynez, el ombudsman resaltó el cambio de actitud de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la que mostró una clara disposición para hacer caso de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por militares.

Al despedirse y mencionar que llegó el momento de hacer su equipaje –concluye su gestión en noviembre próximo–, Soberanes intercambió elogios con el jefe del Ejecutivo. Le reconoció su fiel vocación de abogado y hombre de Estado, porque siempre respondió positivamente a sus requerimientos.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo destacó de Soberanes su capacidad para afrontar críticas e incomprensión en el cumplimiento de su deber.

En su informe, el ombudsman se refirió además a la situación de los periodistas, que es uno de los grupos más vulnerados por la delincuencia organizada. Al respecto, Calderón reconoció que es necesario reforzar el derecho a la libertad de expresión, especialmente de los comunicadores.

En la ceremonia, a la que también asistieron titulares de comisiones estatales de Derechos Humanos, Soberanes destacó que durante 2008 se observó que en materia de respeto a las garantías fundamentales todavía existen sombras difíciles de desvanecer, y se refirió al temor en que viven las familias a causa de la delincuencia organizada en las ciudades fronterizas.

Comentó que el año pasado se registraron 6 mil 4 quejas. Las dependencias contra las que se recibió el mayor número fueron la Sedena (mil 230), el Instituto Mexicano del Seguro Social (mil 7), la PGR (769), la Policía Federal Preventiva (284) y el Instituto Nacional de Migración (258).

Contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado se registraron 256 inconformidades por deficiencias en la atención de derechohabientes; y 237 contra la Secretaría de Educación Pública. En cuanto a las 67 recomendaciones emitidas, señaló que los principales destinatarios fueron la Sedena (14), el INM (7) y la Secretaría de Seguridad Pública federal (5).