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Los 9 mil trabajadores deberán aportar cuotas; se creará una administradora de fondos

Nueva ley obliga a burócratas de Sinaloa a cotizar para sus pensiones

Norma incompleta: diputados de PAN y PRD; no toca las megajubilaciones del Poder Judicial, dicen

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Legisladores de Sinaloa aprobaron. por 34 votos en favor y seis en contra, la nueva Ley de Pensiones y Jubilaciones para los trabajadores al servicio del estadoFoto Javier Valdez
Javier Valdez Cárdenas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 29 de marzo de 2009, p. 27

Culiacán, Sin., 28 de marzo. El Congreso local aprobó la nueva Ley de Pensiones y Jubilaciones para los trabajadores al servicio del estado de Sinaloa, mediante la cual más de 9 mil empleados deberán aportar cuotas para recibir esta prestación para su retiro.

Propuesta por el gobernador Jesús Aguilar Padilla, la ley fue aprobada con 34 votos en favor y seis en contra: 23 del PRI, 10 del PAN y uno de Nueva Alianza por el sí, y cuatro panistas y dos PRD por el no.

Con las disposiciones contenidas en esta norma, que entrarán en vigor cuando se publiquen en el Diario Oficial del estado, los trabajadores de nuevo ingreso podrán jubilarse cuando hayan cumplido al menos 65 años de edad y 25 o más de cotizar en el instituto que se formará para administrar estos fondos.

Los empleados activos mantendrán la prerrogativa de jubilarse a la edad de 47 años las mujeres y de 52 los hombres, con una antigüedad laboral de 25 y 30 años, independientemente de su edad biológica.

En el esquema actual el sistema de pensiones está regido por la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado y el ciento por ciento de los montos para el retiro son aportados por el gobierno estatal; con el nuevo régimen, las autoridades estatales entregarán 15 por ciento del total de las aportaciones de los trabajadores, pero además gestionará recursos del gobierno federal para este fondo.

Los cerca de 9 mil trabajadores estatales activos –unos 5 mil 500 sindicalizados y el resto de confianza y eventuales– tendrán ahora que aportar cuotas para el retiro, que en el primer año serán de uno por ciento de su sueldo hasta llegar a 7.75 por ciento en siete años.

Entre las disposiciones del nuevo marco jurídico está la creación del sistema y un Instituto de Pensiones a formarse en 90 días, el cual administrará los fondos de los trabajadores.

No fue fácil, nos afectó en algunas prestaciones pero también hay logros importantes para los trabajadores y todas las modificaciones se hicieron según los intereses de los sindicalizados, por eso obtuvimos mejores categorías para algunos empleados y un sobresueldo, explicó Juan Gabriel Ballardo Valdez, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado.

Hay 2 mil trabajadores jubilados y 500 en espera de gozar de esta prestación, pero va a llegar el momento en que sean más los jubilados que los activos, y eso es muy grave; entonces teníamos que atorarle, es un mal necesario.

Los diputados del blanquiazul y perredistas que se manifestaron en contra calificaron la ley de incompleta, ya que excluyó a los trabajadores de los 18 ayuntamientos –que inicialmente estaban contemplados– y no se tocaron las megapensiones en el Poder Judicial, que en el caso de los magistrados ascienden a cerca de 60 mil pesos mensuales.

Graciela Domínguez, coordinadora de la fracción parlamentaria del sol azteca, calificó el dictamen de una cochinada que no tiene pies ni cabeza. La confusión y falta de claridad es una constante, y es así para engañar a los trabajadores ofreciendo gato por liebre; social y humanamente atenta contra las prestaciones de quienes laboran para el gobierno, al eliminar la jubilación dinámica, reduciéndola a pensiones precarias; significa también agravios a los trabajadores como seres humanos, condenándolos al abandono de su vejez, con pensiones de miseria.

Celia Catalina Frank, del PAN, aseguró que la iniciativa no fue suficientemente discutida en comisiones y no se conocen su alcance y consecuencias contra los trabajadores, pues son más los perjuicios que los beneficios que observamos.

Pero para el priísta Joaquín Vega Acuña, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, la obligación de los legisladores es respaldar lo acordado entre sindicato y gobierno “de acuerdo con sus intereses, sus derechos y sus obligaciones… me consta que esta iniciativa fue consensuada en los 18 municipios (donde hay trabajadores estatales), platicada con 5 mil empleados”.

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