Puebla, Pue., 26 de abril. La Procuraduría General de Justicia del estado mantiene detenidos a 20 campesinos de San Andrés Azumiatla, luego del enfrentamiento con unos 500 policías que liberaron a cuatro topógrafos que intentaban trazar una carretera.

Entre los detenidos está un menor que ya fue remitido al Centro de Confinamiento del Juzgado de Justicia Adolescente.

Vecinos del poblado también exigieron a las autoridades presentar a por lo menos una decena de labriegos y familiares desaparecidos desde la trifulca del sábado e insistieron en que defienden sus tierras ante las vejaciones y los engaños de los gobiernos estatal y municipal en complicidad con particulares.

Advirtieron que la inconformidad apenas comienza y anunciaron un voto de castigo contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la conducta del gobernador Mario Marín Torres y la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz, aunque también dijeron desconfiar de los otros partidos.

Mientras, los gobiernos estatal y municipal se responsabilizaron mutuamente de los hechos ocurridos la madrugada del sábado, cuando cientos de policías entraron a San Andrés para rescatar a los topógrafos, a quienes los pobladores amenazaban con linchar.

El secretario de Gobernación estatal, Mario Montero Serrano, dijo que ya se atiende el problema, pero aclaró que, como el enfrentamiento ocurrió en una demarcación del municipio capitalino, corresponde mediar al ayuntamiento.

La alcaldesa Alcalá Ruiz repuso que la carretera es un proyecto estatal y por ello corresponde al gobierno de Mario Marín resolver los conflictos que ocasiona. Igualmente negó la detención del presidente de la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, Sabás Escalona Morales, y aseguró que éste sólo rindió declaración ante el Ministerio Público.

A su vez, el secretario estatal de Comunicaciones y Transportes, Valentín Meneses Rojas, dijo que continuará la construcción del tramo carretero entre la capital y Ocoyucan pese al rechazo de los labriegos, que el viernes por la tarde encerraron a un topógrafo del gobierno y a tres de las empresas Gerlus y Proicot, por un error de medición.

Esta falla provocó que cientos de campesinos enardecidos estuvieran a punto de lincharlos por creer que se trataba de otra invasión a sus propiedades.