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Respalda la OEA al gobierno guatemalteco; José Miguel Insulza viaja al país centroamericano

Guatemala acusa al crimen organizado del asesinato de Rodrigo Rosenberg

La ejecución forma parte de la presencia y violencia de la delincuencia, dice el ente panamericano

Denuncia el Ejecutivo que los sucesos buscan la ingobernabilidad y el colapso de las instituciones

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Sectores opositores se manifiestan frente al palacio presidencial de la ciudad de Guatemala para demandar la renuncia del presidente ColomFoto Ap
 
Periódico La Jornada
Jueves 14 de mayo de 2009, p. 25

Washington, 13 de mayo. La Organización de Estados Americanos (OEA) dio este miércoles su pleno respaldo al gobierno de Guatemala, después de una intervención del canciller guatemalteco Harold Rodas, quien condenó el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, rechazó las sindicaciones en las que se vinculan al presidente Álvaro Colom y acusó al crimen organizado de intentar desestabilizar al país centroamericano, donde por segundo día consecutivo hubo manifestaciones en favor y en contra de la renuncia del gobernante.

En una resolución aprobada por aclamación, el Consejo Permanente de la OEA explicó que decidió respaldar al gobierno constitucional de Guatemala en su deber de preservar la institucionalidad democrática y la vigencia del estado de derecho.

El asesinato forma parte de una cadena de hechos en los últimos meses a causa de la presencia y violencia del crimen organizado, afirmó el secretario general de la organización panamericana, el chileno José Miguel Insulza, al anunciar que la próxima semana viajará a Guatemala para conversar con todos los sectores implicados y ayudar al máximo entendimiento y el fortalecimiento de la paz.

El gobierno de Guatemala reitera su más enérgica condena por este vil y cobarde asesinato, a la vez que rechaza categóricamente las sindicaciones en las que se vincula al presidente, así como a la primera dama de la nación y al secretario privado, dijo Rodas, para quien lo vivido en Guatemala durante los últimos días es parte de una ola violenta y artera que busca provocar la ingobernabilidad del país y el colapso de sus instituciones.

Rosenberg fue asesinado el pasado domingo a balazos desde dos vehículos mientras cumplía su rutina de ejercicios en bicicleta cerca de su casa, en la exclusiva zona 14 de la capital guatemalteca.

El abogado defendía los intereses del empresario Khalil Musa y de su hija Marjorie en un conflicto con el gobierno guatemalteco, pero también ellos fueron asesinados en abril pasado.

Antes de su muerte, Rosenberg filmó un video en el que declaró: Si usted está en este momento oyendo o viendo este mensaje, es porque a mí me asesinó Alvaro Colom, Sandra de Colom, con la ayuda de Gustavo Alejos (secretario de la presidencia).

En el video divulgado el lunes anterior, Rosenberg aseveró que los asesinatos de Musa y su hija están relacionados con una conspiración derivada de oscuros intereses en la disputa por la conducción del banco Banrural, uno de los más fuertes del país.

El empresario estaba por revelar algunos esquemas para el desvío de fondos gubernamentales supuestamente para financiar negocios de narcotráfico en esa institución bancaria.

El canciller acudió a la sede del organismo hemisférico a solicitar apoyo a causa del hostigamiento que, aseguró, sufre su gobierno por este caso.

Pero en Guatemala los pedidos de renuncia del presidente Colom se multiplicaron este miércoles, en tanto que varios sectores exigieron una investigación imparcial y transparente.

Unas mil 500 personas se manifestaron nuevamente en la Plaza de la Constitución, en el centro de la capital, para pedir justicia y la cabeza del mandatario, mientras frente al Palacio Nacional de la Cultura, unos 600 habitantes de áreas pobres de la capital, beneficiados con los programas sociales impulsados por Colom, manifestaron su apoyo al gobernante.

Colom también recibió el apoyo de su homólogo de Venezuela, Hugo Chávez, en esta preocupante y difícil situación, así como del gobierno de Ecuador.

Cuatro premios Nobel de la Paz, que se encuentra de visita en Guatemala, la iraní Shirin Ebadi, la británica Mairead Corrigan-Maguire, la estadunidense Jody Williams y la guatemalteca Rigoberta Menchú, manifestaron su preocupación por la crisis política que se vive en el país.

Estamos en una crisis sin precedentes que pone de manifiesto la vulnerabilidad del sistema institucional de Guatemala, dijo en rueda de prensa la lideresa indígena, junto con sus compañeras.

El fiscal general, Amílcar Velásquez Zárate, aseguró que este mismo día entregaría el expediente iniciado por su dependencia a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo auspiciado por Naciones Unidas que trata de poner en marcha un sistema judicial independiente y eficaz.

No obstante, el bloque de diputados de la principal fuerza opositora al gobierno, el derechista Partido Patriota, demandó a Velázquez una explicación sobre la reunión privada que sostuvo el martes pasado con el presidente Colom, lo cual, en su opinión, compromete la investigación.

El director de la CICIG, el jurista español Carlos Castresana, pidió al presidente guatemalteco y a su esposa, así como al secretario privado del mandatario, que se aparten de la investigación. La única petición es que se garantice al organismo una investigación que no esté sometida a presiones ni a recomendaciones de clase alguna, dijo a la prensa.

De su lado, el embajador de Estados Unidos, Stephen McFarland, confirmó que ya se encuentra en Guatemala un agente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para apoyar a la CICIG, como lo solicitó Colom.