Editorial
Ver día anteriorLunes 18 de mayo de 2009Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Emergencia en todos los frentes
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ientras la formalidad institucional del país se apresta a la realización de las elecciones de julio próximo entre signos de una descomposición inocultable y sin precedente de la clase política, y en medio de una desoladora pérdida de credibilidad del conjunto de los partidos y de los órganos encargados de organizar, calificar y juzgar el proceso comicial, el acontecer nacional registra otras catástrofes en los ámbitos del estado de derecho y la seguridad, de la economía, de la salud y de la educación.

La fuga de más de medio centenar de reos ocurrida anteayer en el penal de Cieneguillas, Zacatecas, operada por un grupo de 80 hombres fuertemente armados y uniformados, que viajaban en 17 camionetas con logotipos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y que contaron incluso con el apoyo de un helicóptero, es indicio inequívoco de la impotencia ante la delincuencia organizada en que se encuentran las corporaciones de seguridad pública, así como las instancias encargadas de la procuración de justicia en los tres niveles de gobierno. Queda claro, a raíz de ese hecho escandaloso y aterrador, que los cárteles no sólo superan al Estado en términos de poder de fuego –que en Cieneguillas únicamente exhibieron–, sino también poseen la capacidad económica para corromper prácticamente a la totalidad del personal de un establecimiento carcelario; disponen, además, de las condiciones necesarias para movilizar sin obstáculos todo un contingente paramilitar con medios terrestres y aéreos.

El rescate de decenas de presos del reclusorio zacatecano es la exhibición más aparatosa del poder de la criminalidad en semanas recientes, pero ciertamente no es la única. Ese mismo 16 de mayo, la violencia delictiva cobró 21 víctimas en diversos puntos del territorio nacional, ocho de ellas en Ciudad Juárez, la cual poco antes –justo el día en que viajó allá el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón– amaneció tapizada de narcomantas, pese a que supuestamente se encuentra bajo control de las fuerzas policiales y militares del gobierno.

En el terreno político e institucional, las campañas electorales sucias y los recientes escándalos y revelaciones que involucran a ex presidentes y a políticos y líderes en activo multiplican las fisuras por las que asoman la corrupción y la impunidad inveteradas del régimen y el cinismo del poder, hechos que propician el desaliento de la sociedad y profundizan la crisis de credibilidad y de legitimidad en que se encuentran inmersos los órganos del Estado.

En el ámbito económico, los efectos de la crisis mundial y nacional se extienden sobre sectores cada vez más amplios de la población. En los números oficiales, mucho más benévolos que las realidades, el desempleo abierto en el primer trimestre de este año afectó a 5.1 por ciento de la población económicamente activa, lo que significa que la falta de trabajo experimentó un incremento mayor de 30 por ciento respecto del mismo periodo de 2008 (3.8 por ciento). En una comparación trimestral análoga, la contracción de la economía nacional es de entre 7 y 7.7 por ciento, según las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de instituciones bancarias privadas. Adicionalmente, la carestía se dispara y todas las fuentes de divisas de la economía formal sufren severas contracciones: las remesas, la inversión extranjera, el precio del petróleo y el turismo.

A lo anterior debe sumarse la ruinosa circunstancia en la que se encuentra el sistema de salud pública del país, que se puso de manifiesto, en toda su crudeza, con la emergencia sanitaria causada por la aparición en México del virus de influenza A/H1N1, el cual ha resultado mucho menos causante de las muertes ocurridas que las carencias materiales, la torpeza burocrática y la insuficiencia de mecanismos eficaces de diagnóstico y detección epidemiológica. Por añadidura, la epidemia obligó a recordar las inadmisibles deficiencias de infraestructura, empezando por servicios sanitarios y agua potable, en decenas de miles de planteles educativos del país.

Sin embargo, el gobierno federal parece empeñado en no percibir éstos y otros factores de catástrofe y persiste, en todos los ámbitos, en actitudes, estrategias y cálculos manifiestamente improcedentes y rebasados por la realidad. El margen para el viraje necesario y hasta urgente sigue estrechándose.

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