Opinión
Ver día anteriorJueves 28 de mayo de 2009Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Déficit público y responsabilidad gubernamental
L

a Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado los resultados del primer trimestre para los países miembros de ese grupo, en los cuales indica que la caída en el producto interno bruto (PIB) es la mayor desde que se empezó a registrar ese indicador en 1960. La nueva información da cuenta de que en el conjunto de la Unión Europea la recesión lleva ya un año, y para Estados Unidos y Japón la situación es similar. Además, no hay nadie que pueda afirmar con seguridad que se está cerca del fin de esta crisis.

La contracción no ha podido detenerse, pese a que en todos los países desarrollados se decidió incrementar sustancialmente el déficit fiscal con el fin de que el gasto público pudiera servir para detener la crisis e inmediatamente después restructurar sus economías. Así, por ejemplo, en Estados Unidos el déficit aumentará de 5.9 por ciento de su PIB a 12.1; en Japón, de 2.9 a 6.7; en Alemania, de 0.1 a 3.9; en el Reino Unido, de 5.5 a 11.5; en Francia, de 3.4 a 6.6, y en España, de 3.8 a 8.6. El financiamiento de este déficit ha elevado sustancialmente la deuda pública en esos países a niveles que hasta hace muy poco eran inaceptables.

La decisión de los gobiernos fue contundente: frente a una crisis a todas luces profunda, había que aumentar los recursos para mantener el seguro de desempleo para una masa de desempleados mayor, para invertir en obra pública y también para los rescates millonarios de bancos y de grandes empresas. Los estabilizadores automáticos de las naciones europeas tuvieron que ser reforzados. Estas acciones eran indispensables para evitar que la contracción fuera aún más fuerte. La ortodoxia del equilibrio presupuestal se dejó para un momento posterior y lo que se requería se instrumentó con rapidez.

En México los indicadores económicos, como ocurre con los países desarrollados, informan sobre la evolución de una crisis que es cada vez más dura. El dato del PIB del primer trimestre con una contracción de 8.2 por ciento, la reducción de las exportaciones, la caída en la inversión extranjera y la reducción de casi 5 por ciento en el monto de remesas recibidas configuran un escenario desolador que se deteriorará en los próximos meses. Las variables básicas se seguirán contrayendo, a lo que habrá que sumar el impacto económico de la contingencia sanitaria y, además, la cobertura que compró el gobierno para cubrir el precio del petróleo se terminará en el tercer trimestre.

A diferencia de lo ocurrido en los países desarrollados, la decisión del gobierno calderonista para enfrentar esta crisis no ha tenido ninguna contundencia. A los dramáticos errores iniciales de apreciación sobre la naturaleza de la crisis, que impidieron el diseño de una política económica adecuada, se ha sumado una incomprensión de las características estructurales de la economía del país que les ha impedido entender que no importa quién haya causado la crisis, lo que importa es detenerla o, por lo menos, aminorar su caída. Esta incapacidad está causando que recibamos los diferentes impactos recesivos sin ninguna medida que contrarreste sus efectos nocivos.

La crisis sólo puede enfrentarse utilizando los instrumentos de política que pueden actuar sobre el ciclo económico. La liberalización financiera redujo el grado de autonomía de las autoridades monetarias para actuar sobre las tasas de interés, la disponibilidad de crédito y la determinación del tipo de cambio. La única política que puede usarse es la fiscal, ya que mantiene una autonomía que le permite aminorar los efectos recesivos del ciclo, lo que implica utilizar ampliamente el gasto público como el instrumento que ayude a que la economía pueda defenderse.

Esta defensa debe tener un claro sentido social. Se trata de evitar que se deteriore más el nivel de vida de la población, lo que implica necesariamente empleos y aumentos salariales. Esta es la tarea prioritaria de cualquier gobierno responsable; lo es en los países con redes de protección social importantes, que incluso han tenido que ampliarse en esta crisis, y tiene que serlo con mayor razón en un país como el nuestro en el que estas redes no existen.