l ritmo que van las cosas, al concepto inversión extranjera directa estadunidense habrá que borrar esta última palabra y agregar del gobierno de Estados Unidos, porque es tal el número de empresas rescatadas y el dinero de los contribuyentes de aquel país involucrado en su salvamento, que el inquilino de la Casa Blanca deberá aparecer como presidente del consejo de administración en cada una de ellas.

Desde las primeras sacudidas, allá por agosto de 2007 –aún con destructor Bush en la Casa Blanca– hasta ahora, miles y miles de millones de dólares de los contribuyentes de aquel país han sido sacrificados con el pretexto de estimular a la economía estadunidense y lograr su recuperación, algo que, a pesar del espeluznante costo que ha tenido, se mantiene como un sueño guajiro. La diferencia entre la estrategia de Bush y la de Obama es que el primero simplemente canalizaba fondos públicos para rescates privados sin mayor petición, mientras el segundo condiciona la entrega de recursos y se queda con una porción de las acciones respectivas (lo que, dicho sea de paso, tampoco es garantía para la referida recuperación).

Lo más reciente, que no lo último, se conoció ayer: el gobierno de Obama, por medio del Departamento del Tesoro, se quedaría con 72.5 por ciento del moribundo gigante automotriz General Motors (con quiebra o sin ella), para lo cual ofrece a los acreedores de la trasnacional un canje de deuda por el 10 por ciento de las acciones de la nueva compañía (la resultante de esta transacción) y la garantía de que ese monto se elevaría a 15 por ciento. El débito no asegurado por GM se aproxima a 27 mil 200 millones de dólares. El plazo de aceptación vence el próximo domingo, aunque dan por hecho que los acreedores den su aprobación.

Hasta allí, aparentemente, todo bajo control. El gobierno de Obama hace su lucha, la trasnacional se deja querer, los acreedores recuperan de lo perdido lo que aparezca y todo queda en familia y bajo las leyes de Estados Unidos. El problema comienza cuando las decisiones soberanas y legales de una nación afectan o se contraponen con las leyes de terceros países, como en el caso de México.

Allá por marzo de 2009 una situación similar se registró cuando el propio gobierno de Obama decidió rescatar a la trasnacional financiera Citigroup y a cambio se quedó con casi 40 por ciento de sus acciones. En ese entonces, como ahora, la solución que allá encontraron se transformó en problema e ilegalidad aquí, en México, toda vez que el citado porcentaje accionario incluye a Banamex, la filial de Citigroup en México, de tal suerte que tal salvamento, legal allá, indirectamente violó la legislación mexicana vigente, pues la Ley de Instituciones de Crédito puntual y transparentemente prohíbe la participación de un gobierno extranjero en la propiedad de una institución financiera, o lo que es lo mismo, el gobierno calderonista de inmediato debió actuar para defender el estado de derecho en el país. Era su obligación, pero obviamente no lo hizo. Por el contrario, inventó una serie de pretextos descabellados, dignos de colección, no sólo para evitar su compromiso, sino para abiertamente violar la ley, algo que, por lo demás, contó con la aprobación (por omisión o comisión) del Legislativo.

Lo anterior como contexto, pues con el más reciente rescate del gobierno estadunidense se presenta una situación similar. General Motors cuenta con cuatro plantas industriales en México (Toluca, estado de México, Ramos Arizpe, Coahuila, Silao, Guanajuato, y Villa de Reyes, San Luis Potosí, la más reciente, inauguradas en 1964, 1979, 1995 y 2008, respectivamente), en las que laboran alrededor de 12 mil trabajadores, que ahora aparentemente cambiarán de patrón y estarán al servicio de un gobierno extranjero.

Entonces, al ser la Casa Blanca la propietaria de 72.5 por ciento de la armadora y, por ende, de esas cuatro plantas industriales instaladas en el país, ¿qué hará el gobierno calderonista para que se cumpla la ley mexicana? Lo anterior, porque si bien la legislación mexicana aplicable al caso (TLCAN incluido) permite 100 por ciento de participación extranjera privada en este renglón, en ninguna parte avala que un gobierno extranjero sea el propietario de una planta automotriz, es decir, lo mismo que específicamente impide, en su artículo 13, la Ley de Instituciones de Crédito para el caso de Banamex (Obamamex, a partir de entonces) y cualquier otro.

En esta ocasión, ¿a quién del gabinetazo corresponderá mostrar su creatividad en público para justificar que con el susodicho rescate de General Motors no se viola la ley para efectos mexicanos? ¿Acaso será el siempre innovador Gerardo Ruiz Mateos, el secretario de Economía del calderonato?

Cuando se presentó el caso de Banamex, ni tardo ni perezoso brincó a la palestra Agustín Carstens, secretario de Hacienda, para asegurar que la intervención del gobierno estadunidense en Citigroup no ha tenido por objeto convertirlo en prestador de servicios financieros; las medidas responden exclusivamente a la necesidad de salvaguardar sus sistemas financieros y los depósitos de sus ahorradores. Por tanto, tales medidas no responden a una intención deliberada de participar en la banca y menos aún de intervenir en el sistema financiero mexicano... La Ley de Instituciones de Crédito (aquella que expresamente prohíbe la participación de personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad, como el gobierno de Estados Unidos) no abarca casos de emergencia derivados de crisis globales, ni la participación mayoritaria de inversión extranjera. La prohibición establecida en el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito data de hace más de 20 años, en un contexto en que la inversión extranjera sólo se permitía de manera minoritaria y no consideraba los escenarios generados por una profunda crisis económica mundial. En consecuencia, los preceptos vigentes, dada su generalidad y antigüedad, no alcanzan a regular la situación actual del sistema financiero mexicano. Y se quedó tan tranquilo.

Las rebanadas del pastel

¿Qué pretextará ahora el gobierno calderonista en el caso de General Motors? Que, como en el caso de Banamex, la legislación es antigua, que no alcanza y lo que se les ocurra. Pero al ritmo que van las cosas, sólo tiene dos posibilidades: convencer al Legislativo para modificar la ley, de tal forma que estas situaciones obtengan pase automático, o ser mucho más creativo para, cuando menos, intentar guardar las formas. La primera es prácticamente irrealizable; la segunda, imposible.

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