“Eran las 20 horas del martes. Llegué desde Michoacán a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). El vigilante nos dijo a todos los abogados: ‘la orden es que se esperen en la calle hasta nuevo aviso, aún no empiezan las diligencias’. Nos recibieron a partir de las 2 de la mañana. La fiscal buscaba intimidarnos: ‘¡Cállese, abogado! Conoce el procedimiento, ¿verdad? Usted no puede hablar, sólo su defendido. Ya terminó el turno de este indiciado. ¡Retírese, abogado! El que sigue’. Así nos trató la autoridad ministerial”, denunció ayer en conferencia de prensa Francisco Valdovinos, asesor jurídico del presidente municipal de Coahuayana, Audel Méndez, uno de los diez alcaldes detenidos el martes pasado junto con otros funcionarios michoacanos por sus presuntos vínculos con La Familia.

Y agregó: “¿Pues no que el objetivo de este gobierno es respetar y hacer respetar el estado de derecho? No ha sido así en este caso. Y ahora nos ponen trabas para ofrecer las pruebas de descargo: ‘ya tendrán dos meses y medio para defenderlos (refiriéndose al tiempo que pueden ser arraigados)’, nos han dicho.

Venimos ante ustedes (los medios de comunicación) para denunciar estas violaciones a las garantías constitucionales de parte de la autoridad, destacó Valdovinos, quien dijo confiar en que ningún juez convalide esta débil investigación federal.

El litigante estuvo acompañado por el también abogado Ismael Jiménez, defensor del edil de Aquila, José Cortés, de quien dijo que es un político honesto, con un patrimonio cercano al millón y medio de pesos, que ha consolidado en toda su vida de ganadero. Hoy estamos presentando los documentos que acreditan su evolución patrimonial perfectamente declarada ante Hacienda, porque él no tiene nada que ocultar.

Asimismo, refirió que la indagatoria empezó a finales de 2008, luego de que la Agencia Federal de Investigación (AFI) recibió una denuncia anónima que aseguró que sabía, de oídas, que las campañas políticas de varios alcaldes michoacanos, entre ellos el de Aquila, fueron financiadas por un tal Servando Gómez Martínez, El Tuta, uno de los líderes de La Familia.

“Pero este dizque denunciante, que por supuesto no da su nombre –y entonces ¿con quién se va a carear el alcalde para desacreditar su dicho?–, nunca dijo cuándo, en qué lugar y en qué contexto escuchó ese dicho, ni aclaró cuánto dinero aportó para la campaña este tal Tuta, ni en cuántas ocasiones; tampoco precisó si el apoyo lo dio en efectivo o en especie. A ver… si es cierto, pues que la PGR presente las pruebas documentales… ¡No las tiene!”

Durante la conferencia se dio a conocer que la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) brinda su respaldo total a los alcaldes michoacanos que presuntamente tienen vínculos con el narco. Luego, los abogados, acompañados por un representante de esa organización, anunciaron que en las próximas horas se realizarán movilizaciones y marchas de apoyo a los presidentes municipales en varias regiones michoacanas.

De su lado, el penalista Juan Rivero, defensor del edil de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtlahuac, sostuvo ayer lo que dijo el pasado miércoles a La Jornada: dos de los principales líderes de La Familia Michoacana (Nazario Moreno Hernández, El Chayo, y Jesús El Chango Méndez) son testigos protegidos de la PGR, mismos que, según Rivero, fueron utilizados por la fiscalía antidrogas de esa dependencia para declarar en contra de los diez alcaldes, 17 servidores públicos michoacanos y del ex procurador de esa entidad, Miguel García Hurtado, retenidos en la SIEDO en calidad de indiciados.

“Es inaceptable que la autoridad utilice las declaraciones de criminales prófugos que supuestamente son líderes de La Familia. Yo me pregunto: a qué hora le tomaron su declaración a este Chango y a este Chayo, ¿dónde?, ¿a cambio de qué? ¿Pues no se supone que están prófugos y hasta se ofrece por ellos una millonaria recompensa?”

Rivero aseguró que ofreció ayer una prueba testimonial en la SIEDO, que consiste en llevar a declarar a los guardaespaldas y a los asistentes personales del alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtlahuac, para demostrar que nunca se ha reunido en ningún parque público con miembros del cártel de La Familia.

Pero la agente del Ministerio Público se negó a admitirnos la prueba argumentando que está muy ocupada y que se le está por vencer el plazo constitucional para definir la situación jurídica. Que mejor nos esperemos al arraigo, este fin de semana, puntualizó.