El Instituto Federal Electoral (IFE) deberá revisar sus disposiciones reglamentarias para definir los alcances de su actuación en torno a las asociaciones religiosas cuando haya presunta injerencia en el proceso electoral, señaló el consejero Arturo Sánchez. Esta declaración ocurre tras la frustrada petición del Partido Social Demócrata (PSD) de que se investigara a la Iglesia católica por violar la ley, solicitud que terminó en un exhorto del instituto a que los religiosos no se inmiscuyan en la política electoral.

Para el PSD el viernes pasado se hicieron evidentes los vacíos legales en detrimento de sus intereses, pues ni el IFE ni la Secretaría de Gobernación sancionaron lo que a su juicio es una injerencia en la competencia electoral.

Al respecto, el consejero electoral Arturo Sánchez aseveró que el caso ya está cerrado.

En las situaciones denunciadas, la autoridad que tenía que conocer el caso ya está al tanto, y ha dicho que no ha tenido los elementos suficientes para sancionar a las organizaciones religiosas, sostuvo.

Sin embargo, tras el largo debate ocurrido en la sesión extraordinaria de Consejo General, el viernes pasado, sobre la demanda del PSD para que se investigara la injerencia de la Iglesia católica, quedaron de manifiesto las diferencias entre los consejeros sobre los alcances del IFE en la materia.

Sánchez consideró que el debate generó reflexiones interesantes en el Consejo General a efecto de que se adopten las modificaciones reglamentarias correspondientes.

Se planteó que el IFE realice investigaciones más profundas y entregue a Gobernación elementos suficientes para su actuación, esquema que habrá de analizarse para que a futuro ya no se repitan estas situaciones.

Bajo las condiciones actuales, ha sostenido el PSD, los partidos quedan en la indefensión ante la falta de actuación de cualquiera de las dos instancias que deberían ser competentes en la materia.

En tanto, el PSD censuró el nuevo intento de la Iglesia católica por inmiscuirse en la vida política electoral del país en favor del Partido Acción Nacional (PAN), y demandó al IFE y a la Secretaría de Gobernación que hagan cumplir la ley, pues dichas autoridades tienen la obligación de defender el pleno respeto al Estado laico.

Ninguna institución religiosa, por importante y numerosa que sea, puede estar por encima de la ley, señaló el PSD en alusión a las declaraciones del presbítero Manuel Corral, secretario ejecutivo de relaciones públicas e institucionales de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), quien sostuvo que a la Iglesia católica nadie puede prohibirle su derecho a promover el voto.  

Aun cuando la dirigencia nacional del PSD dijo estar en favor de la libertad religiosa, –todo ciudadano tiene el derecho a profesar cualquier culto si ése es su deseo– y saludó el papel de la Iglesia católica de inculcar el amor al prójimo entre sus fieles, dejó en claro que no se puede aceptar que dicha institución religiosa se inmiscuya en la vida política del país.