Las organizaciones que participan en la campaña Sin maíz no hay país exigieron al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados que hagan público el proceso de toma de decisión en torno a las 25 solicitudes que presentaron las empresas Monsanto, Pioneer Hi Bred y Down AgroScience para sembrar maíz genéticamente modificado en regiones específicas de Sonora, Sinaloa, Baja California, Chihuahua y Tamaulipas.

En los primeros días de junio concluyó la consulta pública a la que fueron sometidas las 25 solicitudes, como ordena la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados.

Las organizaciones participantes en la campaña Sin maíz no hay país insistieron en que el mecanismo de decisión de Senasica, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, no se limite a opiniones técnicas y científicas, sino también considere la importancia cultural, social, biológica y agrícola del cereal, porque autorizar la siembra experimental de maíz transgénico es poner en peligro todo ello, sostuvieron en un escrito dirigido a Senasica.

Demandamos la transparencia en el procedimiento de consulta, ya que las instituciones pretenden engañar a la sociedad con ese presunto mecanismo que en realidad anula las opiniones de los campesinos, indígenas y consumidores, destacaron.

Las 300 organizaciones, entre ellas Semillas de Vida, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Comercio Justo, Oxfam e Instituto Maya, sostuvieron que el país no soporta más decisiones erróneas que pongan en peligro su seguridad alimentaria. La introducción de maíz transgénico en México significaría un paso que no tiene retorno y pone en riesgo la biodiversidad de los maíces, culturas y salud; además, tampoco son una solución para elevar la producción del grano.

Recordaron que las organizaciones interpusieron demandas penales en contra de los servidores públicos que permitieron la modificación del reglamento de la ley de bioseguridad, y no hay resolución sobre la controversia constitucional que admitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la publicación de dicho reglamento y de los amparos interpuestos en contra de éste. Dichos recursos deben ser considerados, abundaron las organiza- ciones de la campaña, al momento de evaluar las solicitudes de siembras experimentales de maíz transgénico.

Directivos de AgroBio México informaron que una semilla transgénica cuesta entre 15 y 20 por ciento más que una híbrida, lo que equivale a 600 pesos por hectárea, pero logra una reducción de costos de entre 20 y 40 por ciento, ya que no requiere herbicidas para acabar con plagas. Se prevé que en la etapa experimental con maíz resistente a insectos, herbicidas y sequías se inviertan de 300 a 400 millones de dólares.