Las actuales campañas asestan duros golpes a la reforma electoral, debido a que candidatos de todos los partidos políticos han comprado espacios en los medios de comunicación utilizando efectivo, afirmó el panista Javier Corral Jurado durante la presentación del libro Nuevos escenarios del derecho electoral: los retos de la reforma de 2007-2008, que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Al acto también acudieron el compilador del libro e investigador John Ackerman; el candidato a diputado federal Porfirio Muñoz Ledo; el profesor del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas Mauricio Merino y, como moderador, Jorge Ulises Carmona Tinoco, del IIJ.

Corral hizo hincapié en varias deficiencias de la reforma electoral vigente, entre las que destacó la falta de visión ciudadana en temas como el recuentro de votos o el sufragio nulo, así como la inexistencia de una ley que rompa con la concentración de los medios de comunicación en pocas manos y evite la contratación de espacios con pagos subrepticios.

Caen hachazos sobre la reforma electoral. No sólo los principales consorcios mediáticos del país trabajan duro para derribarla en lo que fue su principal medida, la prohibición de la contratación comercial de publicidad en radio y televisión por parte de candidatos y partidos políticos, sino que existen acciones y omisiones de los propios partidos y las autoridades electorales (que) han venido restándole el valor y los méritos que se presumían.

El caso más grotesco, calificó, es el del Partido Verde Ecologista de México, que con el pretexto de informar sobre el desempeño de sus legisladores contrató espacio televisivo, ante lo cual, agregó, se produjo la decisión más deplorable de una autoridad en la materia, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) convalidó la compra de tiempos para hacer esas emisiones.

Muñoz Ledo también fue crítico con dicha reforma, la cual, señaló, no ahonda en la rendición de cuentas de los partidos y, por tanto, se prolonga el régimen de impunidad.

Sostuvo que los derechos políticos son parte de los derechos humanos y, en ese sentido, cuestionó la viabilidad del TEPJF porque, además, está en constante pugna –por la indefinición de funciones– con el Instituto Federal Electoral.

Por esa razón, abundó, los conflictos políticos y electorales son llevados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Finalmente, abogó por la democratización de la información, e instó a que los espacios en los medios no se centren en los promocionales, sino que, como ocurre en las democracias contemporáneas, se transmitan programas de análisis o debate, con el fin de cambiar el modelo de comunicación político-electoral.