Opinión
Ver día anteriorLunes 29 de junio de 2009Ver día siguienteEdiciones anteriores
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La lucha por la Amazonia
L

a Amazonia es la selva tropical más extensa de la Tierra: 6 millones de kilómetros cuadrados. No pocos creen que pertenece únicamente a Brasil, pero se extiende también por Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Guyana, principalmente. El llamado pulmón verde del mundo se desarrolla alrededor de la enorme cuenca fluvial que origina el caudaloso río Amazonas y sus incontables afluentes. El clima húmedo y caluroso predominante propicia una vegetación siempre verde, tupida y con una biodiversidad que los científicos están muy lejos de lograr clasificar. Lo que más han logrado es describir miles de aves, anfibios y mamíferos que allí viven: venados, el jaguar, el puma, caimanes y tortugas, guacamayas y tucanes, serpientes inmensas (como la anaconda), sin faltar los delfines y cientos de peces diferentes. La vida acuática es la más abundante del planeta y va de la mano de la terrestre. Son muestra de la riqueza actual y potencial de una selva hábitat de la quinta parte de las aves y especies vegetales existentes.

En la Amazonia que le corresponde a Perú se localiza buena parte de esa riqueza, plantas y animales únicos, que bien utilizados deben servir para el desarrollo social y económico. Se trata de casi 800 mil kilómetros cuadrados (60 por ciento de la extensión de ese país) que sobresalen por sus numerosas regiones ecológicas. Se extienden desde la selva baja hasta las estribaciones de los Andes. Por eso se habla de selva baja y selva alta a fin de recalcar las condiciones que distinguen a cada una. En ambos casos, la orografía es muy accidentada, lo que contribuye a que allí apenas viva poco más de 10 por ciento de la población peruana. Destacan las milenarias comunidades indígenas, algunas en virtual estado de aislamiento.

Para conservar esa inigualable riqueza biológica, social y cultural, el gobierno peruano declaró como protegidas diferentes áreas geográficas de su Amazonia, tarea encomendada al Instituto de Recursos Naturales (Inrena). Pero al presidente peruano y a los legisladores que le son afines, se les hizo fácil aprobar dos decretos que afectan la riqueza forestal, la fauna silvestre y el régimen jurídico de las tierras de uso agrario. El propósito: sacar del atraso esa vasta región, llevar la modernidad.

En el fondo, de lo que se trataba era de adaptar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio firmado el año pasado con Estados Unidos y así abrir la Amazonia a las inversiones privadas. De esa forma se dejaba vía libre a la explotación de los ricos mantos petroleros a la par que dejar en manos de las trasnacionales el incalculable material genético allí existente.

Los decretos se elaboraron sin consultar a los grupos indígenas que allí viven desde tiempo inmemorial y que son los que mejor utilizan y conocen el entorno natural. En protesta por esa imposición, principio del fin de ese tesoro de biodiversidad, los indígenas bloquearon varias vías de comunicación. Intervino la policía y el saldo de los choques dejó, oficialmente, 33 muertos en la ciudad de Bagua, de los cuales 24 eran policías.

La matanza agravó la situación, obligó al parlamento a suspender los cuestionados decretos y a estudiar su derogación. Para el presidente Alan García lo que se buscaba era no seguir el camino de retroceso, ni la edad de piedra, en alusión a las comunidades que se oponen a un modelo económico expoliador de los recursos, a un falso desarrollo que en muchas partes ha probado ser negativo para la gente. No faltaron las acusaciones de que la inconformidad indígena era fruto de agentes externos interesados en desestabilizar al país y cerrar las puertas al progreso. Esto cuando Perú registra uno de los más altos índices de crecimiento económico de América Latina, pero sin que disminuya la desigualdad reinante.

Aunque la lucha indígena y de otras fuerzas sociales logró detener por ahora el deseo de privatizar la Amazonia peruana, apenas es el inicio de una tarea que debe llevar a un desarrollo sostenible, que descanse en el uso racional y social del patrimonio natural y que no califique a los indígenas de salvajes, atrasados, ignorantes por rechazar el progreso como lo entienden los grandes consorcios trasnacionales y sus aliados locales.