l pasado 7 de julio la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició un juicio contra el gobierno mexicano por la negativa de éste a procurar justicia en el caso de Rosendo Radilla, dirigente campesino detenido y desaparecido por militares en 1974. Ese proceso se sumó a los que están en curso por las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y por los delitos sexuales perpetrados en 2002 por integrantes del Ejército contra la indígena tlapaneca Inés Fernández Ortega. En una respuesta inicial, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, alegó que la CIDH carece de facultades para intervenir respecto de la desaparición de Radilla pues, dijo, el crimen ocurrió antes de que México aceptara –en 1981– la jurisdicción de ese organismo internacional. Un día después, el funcionario recurrió a otra clase de argumentos, como la equidad y la fiabilidad de los tribunales castrenses, el papel que ha desempeñado la disciplina militar ante la autoridad civil en la historia reciente y la presunta imposibilidad de que vuelva a ocurrir un delito como el que se perpetró contra el activista guerrerense aún desaparecido.

as políticas de la Colonia y del México actual sobre los pueblos indígenas han sido no un conjunto ordenado y etiquetado de planes y programas para beneficiar a los pueblos, sino parte de un proceso político y social conflictivo a lo largo de cinco siglos. Este proceso ha tenido como eje recurrente el cuestionamiento de la condición política de los pueblos indígenas y de sus derechos agrarios. Cinco siglos no han logrado destruir totalmente los fundamentos de la vida colectiva indígena. El levantamiento armado ha sido a menudo la respuesta a los reiterados intentos de desaparecer los valores de sus comunidades. La propiedad comunal de la tierra aparece como más compleja e importante que la individual: se trata de un ordenamiento cultural en que el trabajo, la economía y la integración política de los individuos y las familias se asumen como un sistema de valores también colectivo.

na de las conquistas del movimiento indígena, encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI), ha sido identificar en el debate nacional la naturaleza paternalista, autoritaria y enajenante del indigenismo del Estado mexicano.

o escribimos en este espacio hace casi dos meses (La Jornada, 15/5/09): los güeros, la comunidad de Le Baron, en Galeana, Chihuahua, tuvieron voz, se organizaron, se movilizaron ante el secuestro del joven Erick Le Baron y lograron que sus captores lo liberaran luego de una semana. Vencieron el miedo, dijimos, de este sólido grupo de mormones disidentes del noroeste de Chihuahua.