l titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Juan de Dios Castro Muñoz, señaló ayer que, al ritmo actual de los recursos destinados por el Estado, México tardará alrededor de seis décadas en erradicar el analfabetismo, que hoy afecta a más de 6 millones de personas mayores de 15 años, las cuales forman parte de los 33 millones de mexicanos –una tercera parte de la población– en rezago educativo, es decir, que no han podido concluir la educación básica.

Aun concediendo que las estimaciones de Castro Muñoz son correctas, lo cual es de suyo cuestionable a la luz de las cifras proporcionadas por el propio funcionario, la declaración resulta alarmante por cuanto pone en perspectiva la gravedad de un problema en el que convergen circunstancias de profunda desigualdad económica y social (la geografía del analfabetismo en el país se corresponde con la de la pobreza); situaciones de abierta discriminación (la mayor concentración de personas en rezago educativo se da en la población femenina), y graves deficiencias estructurales por parte del Estado para garantizar el derecho constitucional a la educación.

A mayor abundamiento, cabe señalar que la cifra total de analfabetas en el país prácticamente no ha disminuido en las pasadas tres décadas: era de 6 millones 451 mil en 1980 y hoy se ubica en poco más de 6 millones. Es decir, no hubo en este periodo una reducción sustantiva en el número total de personas que no saben leer ni escribir, y simplemente éstas se han difuminado en términos estadísticos ante el crecimiento exponencial de la población. Todo ello a pesar de que se realizan constantes campañas de alfabetización que, por lo que puede verse, han resultado insuficientes.

Ante esta perspectiva resulta inevitable comparar el caso mexicano con el de otros países latinoamericanos que representan economías más pequeñas que la nuestra y donde hay, sin embargo, notables casos de éxito en el combate al analfabetismo: el gobierno cubano logró erradicar completamente ese flagelo desde 1961, y esa situación se ha mantenido a pesar del injusto proceso de aislamiento económico que ese país enfrenta desde 1962; en 2005, Venezuela logró, con apoyo del gobierno de La Habana, disminuir su población analfabeta a menos de 5 por ciento; otro tanto ocurrió en Bolivia –la nación más pobre del continente, después de Haití– el año pasado, mientras el gobierno de Nicaragua emitió, hace poco más de dos semanas, la declaratoria que consagra a ese país territorio libre de analfabetismo.

La enorme diferencia entre los dudosos resultados alcanzados en México y los logros obtenidos en los países mencionados parece explicarse en función de la importancia estructural que han atribuido los regímenes de La Habana, Caracas, La Paz y Managua a la educación. En efecto, en esas naciones abatir el número de analfabetas es concebido como asunto de Estado y parte esencial de una política global de desarrollo y justicia social para la cual se movilizan grandes recursos económicos, logísticos y humanos. Es significativo, al respecto, que el porcentaje del presupuesto público destinado a educación en Venezuela se haya incrementado de menos de 3 por ciento a finales de los años 90, a casi 8 por ciento en 2005, y que la inscripción en las escuelas públicas haya aumentado de 59 por ciento en 1998 a 67 por ciento en 2002.

Estas cifras contrastan claramente con el caso de México, donde sistemáticamente se escamotean los recursos públicos para invertir en educación, y donde los gobiernos del ciclo neoliberal, ante su falta de capacidad o de voluntad por combatir las carencias educativas en las aulas del país, se han dedicado a maquillarlas en las estadísticas, como hizo el ex presidente Vicente Fox cuando incluyó el aporte del sector privado a la educación en el monto total del PIB destinado a ese rubro, y se jactó de haberse acercado al porcentaje recomendado por la UNESCO (entre 7 y 8 por ciento).

Los elementos que se comentan constituyen, en suma, una muestra más de que el gobierno actual y los anteriores han acusado una falta de visión de país y de rumbo en la atención de los problemas más apremiantes de la nación –como es el rezago educativo–, y declaraciones como las de Castro Muñoz no dejan, por desgracia, margen para albergar esperanzas de que esto cambie.