La Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos señaló que está de acuerdo con la demanda de Human Rigths Watch (HRW) de que Estados Unidos condicione los recursos de la Iniciativa Mérida a que cese la impunidad en que quedan las violaciones a derechos humanos cometidas por efectivos del Ejército en el combate al narcotráfico, porque sólo así se cumplirá lo establecido en ese acuerdo, que se ha venido soslayando.

Cuando se aprobó la Iniciativa Mérida, el Congreso estadunidense planteó que 15 por ciento de los recursos estaban supeditados a la emisión de un informe, que debe elaborarse y enviarse a ese organismo, para que evalúe asuntos como el respeto a los derechos humanos e investigue presuntas violaciones a las garantías individuales cometidas por militares, señaló Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la red.

En entrevista, precisó que lo único que pide HRW es que se apliquen escrupulosamente las reglas que adoptó el Congreso de Estados Unidos, porque en las ocasiones en que se han revisado los recursos para el segundo y tercer años de la iniciativa, la vinculación entre ésta y los derechos humanos se ha ido diluyendo, se ha olvidado.

Ante las constantes violaciones a las garantías individuales y el elevado número de muertos que ha arrojado la estrategia de combate a la delincuencia organizada, ésta debe revisarse y también el papel del Ejército, comentó Cortez. Precisó que quizá sería más efectiva si se comenzara por “cerrar las fuentes de financiamiento del narco y existiera mayor compromiso del gobierno de Estados Unidos en relación con el tráfico de armas”.

Apuntó que en varias ocasiones se ha planteado que la lucha contra el narcotráfico requiere de menos “operativos ostentosos y parafernalia, y más trabajo de inteligencia, así como entrar de manera abierta al tema del lavado de dinero; quizás así se haría más daño a estos grupos”.