La segunda comisión de la Permanente aprobó ayer por unanimidad un llamado al Ejecutivo para que por conducto de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se brinde la debida protección jurídica a la ciudadana Lucía Morett Álvarez, ante la petición de extradición que hizo el gobierno de Ecuador.

De igual forma, en el dictamen aprobado ayer en la comisión referida, también se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) resguardar los derechos de Lucía Morett, protegiendo su integridad como ciudadana mexicana. Este dictamen pasará al pleno en la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente para su aprobación.

El punto fue propuesto por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y en la discusión del dictamen el diputado perredista Juan Guerra sostuvo: es obligación del Estado mexicano defenderla como mexicana y no estar vacilando, ni haciendo juegos a otros gobiernos. No se le ha fincado un solo delito, sostuvo.

El perredista subrayó: “estamos defendiendo que se haga justicia a una mexicana que en este caso no está acusada absolutamente de ningún delito; es señalada de que puede ser parte de una organización terrorista, pero a ella no se le atribuye ningún delito, y lo que admite es que estaba en el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –en Sucumbíos, Ecuador– en labores de estudio”.

La diputada panista Rocío Morgan sostuvo que no creo que tengamos que estar haciendo la defensa a ultranza de nadie. No está acusada de cualquier tipo de delito, está acusada en Ecuador de participar en una de las organizaciones terroristas, y no porque lo diga Estados Unidos, o sabrá Dios quién; a todo mundo nos consta y sabemos que es una de las organizaciones terroristas más feroces, más inhumanas y que más víctimas ha cobrado y que más problemas ha causado.

El senador priísta Mario López Valdez dijo que “no cabe duda que el Congreso tiene que ser solidario con Lucía Morett para que tenga el apoyo del gobierno mexicano y del Estado mexicano. Tenemos que mostrar nuestra solidaridad, queremos que sea justo con ella, que no haya abusos en contra de ella y que México se apegue al estado de derecho, no sólo local sino internacional al que estamos sujetos. En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) coincidimos con el diputado del PRD, Adrián Pedrozo –quien propuso el punto–, lo tomamos como nuestro y mostramos nuestra solidaridad con la estudiante. Solicitamos a la SRE que no haya abusos, que no haya atropellos”.

Por otra parte, en conferencia de prensa, Jorge Luis Morett y María de Jesús Álvarez, padres de la estudiante, aseguraron que si las autoridades mexicanas aprueba la extradición de su hija, interpondrán un amparo para evitar que se concrete esa ilegal petición.

Manifestaron que en las mil 640 hojas que integran el expediente de solicitud de extradición no hay ningún elemento que confirme que la joven universitaria incurrió en una violación a la ley ecuatoriana, e inclusive mostraron una copia de la visa de Lucía, para demostrar que ingresó legalmente a aquella nación.

“Consideramos que la Secretaría de Relaciones Exteriores debería desechar por improcedente la solicitud del Poder Judicial de Ecuador.