En Honduras se corre el riesgo de una guerra civil, y ésta será responsabilidad exclusiva del gobierno de facto de Roberto Micheletti. Hoy hace un mes existe en esa nación una cotidiana y gravísima violación a los derechos humanos, la cual se inició con el allanamiento a la casa, arresto y posterior expulsión del país del presidente constitucional Manuel Zelaya, pasando por el ilegal toque de queda, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, el cercenamiento de la libertad de expresión, las restricciones a la libertad de circulación y una clara persecución, especialmente contra dirigentes políticos y sindicales, defensores de las garantías básicas, líderes sociales, periodistas y extranjeros. Todo ello instrumentado por quienes perpetraron en esa nación un golpe de Estado cívico-militar.

Una misión internacional conformada por observadores de 15 organizaciones y redes de derechos humanos visitó Honduras entre el 17 y el 24 de julio y documentó los atropellos a las garantías individuales, frente a lo cual la población se encuentra totalmente desprotegida ante la respuesta inadecuada de las instituciones responsables de velar por el respeto a las garantías fundamentales de los hondureños.

Ante tal estado de cosas, que tiende a agravarse, Luis Guillermo Pérez, de Iniciativa Copenhague para Centroamérica y México, y Efraín Olivera, de Plataforma Interamericana de Derechos Humanos y Desarrollo, recién llegados de aquel país, expusieron que las acciones efectuadas por los golpistas acreditan delitos que harían válida la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI).

Solicitaron a México, como integrante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), que impulse una resolución del organismo contra el golpe de Estado y adopte medidas que contribuyan al restablecimiento del orden constitucional en Honduras.

Dichas acciones, más la presión y acciones de otros países e instancias como la Unión Europea, son fundamentales para conseguir que Zelaya retorne a Honduras y concluya su mandato, porque la única solución es respetar el contrato social (las elecciones), más allá de si nos gusta o no la persona.

Ello, indicaron, porque resulta inconcebible que a estas alturas se piense que un golpe de Estado puede tener cabida. No puede aceptarse que por esa vía se deponga a un gobierno, porque esto representa anular las conquistas de la ciudadanía y de la democracia en América Latina.

Mil 500 detenidos

Esta misión, que decidió constituirse como el Observatorio de Derechos Humanos en Honduras, documentó durante su estancia en esa nación la muerte de seis personas. Todas, según diversas fuentes, en hechos vinculados con el golpe de Estado (a los que debe añadirse el asesinato del joven Pedro Magdiel Muñoz), dos víctimas de desaparición forzada, cerca de mil 500 detenciones por infracciones al toque de queda y un aumento significativo de arrestos de ciudadanos extranjeros, particularmente nicaragüenses, en abierta actitud xenófoba.

Alertaron sobre la espantosa polarización social que fomenta el gobierno de facto, sobre el cual ejerce total control Roberto Micheletti, lo cual llevó a ambos defensores de los derechos humanos a concluir que si en Honduras hay un baño de sangre será responsabilidad de Micheletti y no de Zelaya.

También demandaron la intervención inmediata de la Cruz Roja Internacional para que se permita el paso de víveres a los lugares que han quedado aislados por los retenes del ejército. Anunciaron que para los días 23 y 24 de agosto invitarán a destacados jueces y expertos en derecho internacional a Honduras, entre ellos el juez español Baltasar Garzón, para discutir desde ese ámbito los hechos ocurridos en el país centroamericano.