Tuxtla Gutiérrez, Chis., 4 de agosto. Con el asesinato de 45 indígenas en Acteal –cometido el 22 de diciembre de 1997– inició el florecimiento de grupos paramilitares en zonas de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuya existencia era desmentida y se consideraba un mito.

Tras la matanza, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Madrazo Cuéllar, sólo aceptó la existencia de civiles armados y emprendió la detención masiva de adversarios de la organización civil Las Abejas, a la que pertenecían las víctimas.

Entre diciembre de 1997 y marzo de 1998, la PGR inició 13 averiguaciones previas y detuvo a 87 indígenas y 15 funcionarios de segundo y tercer nivel; iniciado el proceso, en el llamado Libro Blanco de Acteal sostuvo que la matanza derivó de un conflicto por la posesión de un banco de arena o fue una venganza por el asesinato de Agustín Vázquez Secum, cometido días antes por gente de Acteal.

La dependencia argumentó que meses antes del múltiple homicidio la disputa de Las Abejas y sus oponentes –entre los que había militantes del Partido Revolucionario Institucional y del Frente Cardenista– produjo la muerte de una treintena de personas de ambos bandos sin que autoridades estatales y municipales intervinieran, lo cual desató el mutuo encono.

Con tal argumentación la PGR quiso invalidar la hipótesis de que la matanza fue cometida por un grupo paramilitar creado para contrarrestar el avance del EZLN; y la hoy extinta Unidad Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, creada ex profeso, concluyó tras casi cuatro años de investigación que la mayoría de grupos paramilitares no existieron.

Además –en agosto de 2001– el entonces fiscal Armando del Río Leal dijo que las 56 averiguaciones previas abiertas y la comparecencia de 948 personas no permitió acreditar la existencia de grupos civiles armados excepto Paz y Justicia, que más que un grupo paramilitar era una banda delictiva.

Hoy, a casi 12 años de los hechos, sólo cinco de los indígenas civiles detenidos: Roberto Méndez, Lorenzo Pérez, Alfredo Hernández, Felipe Luna y Mariano Luna confesaron su participación; pero según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (que apoya a Las Abejas en el proceso) las investigaciones carecieron en todo momento de técnica científica.

Ello –asegura– dejó en la impunidad a las autoridades locales, estatales, de la policía y el Ejército implicadas en los hechos, que sólo enmarcan la política contrainsurgente del Estado. Esta brutal matanza se inscribió en un contexto de guerra en que las acciones paramilitares fueron parte de la estrategia implementada por el gobierno federal contra el EZLN, asegura.

Actualmente, salvo Jacinto Arias Cruz (ex alcalde de Chenalhó), todos los ex servidores públicos procesados están libres porque sus condenas no excedieron los 8 años; mientras de los 87 indígenas seis fueron absueltos y los demás purgan penas de 18 a 40 años de cárcel, pero falta ejecutar 27 órdenes de aprehensión y está pendiente la reparación de daños.