Sociedad y Justicia
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Reiteran apoyo legal a la joven procesada por detener la gestación

Condenan ONG la persecución policiaca contra mujeres en Puebla
 
Periódico La Jornada
Jueves 6 de agosto de 2009, p. 41

Puebla, Pue. 5 de agosto. Integrantes de la organización civil Red de Democracia y Sexualidad (Demysex-Puebla) se manifestaron en contra de la persecución que han iniciado las autoridades judiciales en la entidad para detener a las mujeres que intenten interrumpir voluntariamente su embarazo; estas acciones comenzaron debido a que en junio pasado entraron en vigor las reformas a la Constitución local para endurecer las penas por esa práctica.

El representante de dicha organización, Marco Antonio Moreno Rosado, afirmó que apoyarán legalmente a Alejandra Gómez Sánchez, de 20 años, a quien se le inició un proceso penal por haber abortado y subrayó que la joven no está acusada del delito de homicidio.

Desde principios de 2009, el Hospital de la Mujer de la ciudad de Puebla ha denunciado cuatro casos de aborto ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); con ello, suman cinco los procesos penales que se han abierto contra las que han intentado interrumpir un embarazo, informó Eric Alejandro Varela Gutiérrez, jefe de obstetricia de dicha institución. Dichos casos fueron denunciados durante el primer trimestre del año.

Explicó que en todos los casos que han reportado ante la PGJE han existido evidencias de que son abortos inducidos. En promedio, al año se atiende a mil mujeres por partos, de las cuales, menos de 10 por ciento han interrumpido voluntariamente su embarazo.

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Protesta de jóvenes contra la reforma antiaborto en PueblaFoto Archivo Rafael García Otero

No obstante, el número de mujeres que se ha practicado un legrado por voluntad propia podría ser mayor. José Armando Cáceres Sáenz, director de ese nosocomio, dijo que entre 150 y 160 mujeres llegan con complicaciones de abortos en general; sin embargo, se desconoce cuántos son inducidos o espontáneos, ya que aunque lleguen con hemorragias o fragmentos de tejido dentro del útero, omiten decir si acudieron a un lugar clandestino o a una partera.

El aborto, reconoció el funcionario, es un problema de salud pública, porque es una de las principales causas de mortalidad materna en el estado y para evitarlo se debe comenzar por instaurar una estrategia de prevención; más que discutir si se penaliza o no, las autoridades deben de instaurar estrategias de salud preventiva, no correctiva.

Detalló que la gran mayoría de las mujeres que son atendidas por aborto en el nosocomio son de bajos recursos; primero acuden con las rinconeras, quienes por inexperiencia les hacen maniobras intravaginales o les aplican medicamentos para aumentar la motilidad del músculo uterino, y cuando ya tienen una hemorragia de dos días acuden al hospital, porque presentan complicaciones.