El sindicalismo de protección es un negocio millonario para familias como la de Ramón Gámez y Susana Rivas Aguilar, donde padres, hijos y parientes cercanos administran decenas de sindicatos y contratos colectivos impunemente, se religen indefinidamente, nunca realizan elecciones ni asambleas, reciben igualas de las empresas para evitar revisiones salariales, todo con la complacencia de autoridades laborales.

En el caso de Gámez son innumerables los sindicatos que tiene bajo su tutela, detenta los contratos colectivos de Cinemex y de casi todas las tiendas comerciales de esta ciudad. En el caso de Rivas Aguilar, esta familia controla 19 sindicatos de diversas áreas; así como Víctor Manuel Mendoza y Rubén Romo, quienes administran 945 contratos.

Los expertos en materia laboral José Alfonso Bouzas y Luis Oliver Reyes señalaron lo anterior al presentar su libro Evaluación de la contratación colectiva en el Distrito Federal, el cual documenta que en la industria de la construcción 67 sindicatos manejan 2 mil 273 contratos colectivos, bajo el cobijo de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y la Confederación de Trabajadores de México.

Catedrático de la UNAM, Alfonso Bouzas plantea que están en extinción las organizaciones gremiales democráticas y los que venden protección han logrado penetrar todo el sector laboral en México. Señala que 90 por ciento de los sindicatos son de pantalla, controlan la titularidad de gremios hasta en cinco sectores diferentes de la economía y en realidad sólo se dedican a administrar las cuotas de trabajadores o las igualas que les entregan las empresas por sus servicios.

La corrupción ha permeado totalmente el ámbito sindical, indicó Bouzas; México es el único país donde prácticamente en todos los sectores de la actividad económica los trabajadores están en condiciones de contratación simulada.

La investigación apoyada por la fundación Friedrich Ebert y la UNAM señala que estos sindicatos, también llamados fantasmas, en realidad usan machotes de contratos colectivos que sólo rellenan con los nombres de los trabajadores; firman los contratos antes de que la propia empresa se instale, como en el caso de Wal-Mart.

Aceptan contratos a prueba, aunque la ley lo prohíbe. Asimimso, Oliver Reyes afirmó que la característica de los contratos de protección es que los patrones escogen su sindicato y lo compran.

Mauricio Aguilera, de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, comentó sobre el libro: desnuda todo lo que pasa en el submundo laboral, con datos concretos de quienes han hecho del sindicalismo un comercio de influencias.