El juez primero de distrito en Sonora, Raúl Martínez Martínez, dictó ayer auto de formal prisión en contra de cuatro socios de la guardería ABC, de Hermosillo –entre ellos Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala–, al considerar que son probables responsables de homicidio culposo de 49 pequeños que fallecieron tras el incendio ocurrido en ese lugar el pasado 5 de junio, donde también resultaron lesionados más de 40 menores.

El juez encontró que fueron suficientes los elementos de prueba aportados por la Procuraduría General de la República (PGR) para iniciar un proceso penal por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y uso indebido de atribuciones y facultades en contra de Gómez del Campo, Sandra Lucía Téllez Nieves, Antonio Salido Suárez y Gildardo Francisco Urquídez Serrano, este último ex tesorero del PRI estatal.

En relación con la causa penal 134/2009, los socios mencionados comparecieron el pasado 31 de julio ante el juez primero de distrito, presentaron su declaración por escrito y solicitaron la duplicación del término constitucional, por lo que este jueves se definió su situación jurídica.

El quinto propietario de la estancia ABC es Alfredo Escalante Hoeffer, a quien hasta el momento no se le ha girado orden de aprehensión.

Ninguno de estos procesados será encarcelado debido a que los cuatro cuentan con suspensiones definitivas en vía de amparo. Sólo deberán acudir una vez por semana al juzgado para realizar trámites administrativos obligatorios. Durante el tiempo que tarde en resolverse el juicio penal (por lo menos pasarán dos años antes de que se emita una sentencia definitiva e inatacable) los dueños de la guardería permanecerán libres.

Aún está pendiente que otros cinco dueños y representantes legales de esa estancia infantil se presenten a rendir declaración preparatoria ante el juez Martínez, a fin de que éste determine su situación jurídica, ya sea con auto de formal prisión o de libertad.

Actualmente siguen prófugos la socia de la estancia infantil Fernanda Camou Guillot, así como Norma Cecilia Mendoza Bermúdez de Matiella, arrendadora del predio donde se ubicaba el establecimiento subrogado del IMSS y una bodega de la Secretaría de Hacienda de Sonora.    También son fugitivos Arturo Leyva Lizárraga, quien fungía como delegado general del Seguro Social en Sonora; Marcelo Meouchi, apoderado legal de los socios de la guardería en 2005, y José Manuel Matiella Urquídez, actual apoderado.

Hace tres días, la Procuraduría General de la República informó en un comunicado que el pasado 31 de julio se presentaron al juzgado primero de distrito de procesos penales federales con sede en Hermosillo, Matilde Gómez del Campo, Sandra Lucía Téllez Nieves, Antonio Salido Suárez y Gildardo Urquídez Serrano para entregar por escrito su declaración preparatoria.

A principios de julio pasado, el juez Martínez obsequió a la PGR nueve órdenes de captura contra los dueños y representantes legales de la estancia ABC, quienes dos semanas después de ocurrido el siniestro huyeron al extranjero, mientras sus abogados tramitaban y obtenían las respectivas suspensiones en vía de amparo.

En ese contexto, el pasado primero de julio la PGR informó que había solicitado nueve órdenes de aprehensión contra los dueños y representantes legales de la guardería, así como de un empleado público.

Los ahora procesados pueden recurrir la resolución del juez por dos vías: mediante una demanda de amparo indirecto o por medio de un recurso de apelación ante un tribunal unitario.

(Con información de Ulises Gutiérrez Ruelas, corresponsal)