CNI en Ostula, Michoacán:

“Esta situación no puede continuar” 

Gloria Muñoz Ramírez, Xayacalan, Santa María Ostula, Michoacán. El territorio nahua recién recuperado fue el escenario donde más de 250 delegados pertenecientes a 13 pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas del país coincidieron en que “el capitalismo se comporta ahora con la mayor saña que se haya visto en la historia, en una empecinada voracidad por nuestros recursos, agua, viento, vidas, tierras y territorios”. Ante esto, la Segunda Asamblea Nacional extraordinaria, del Congreso Nacional Indígena (CNI), advirtió que en estos momentos los pueblos indios se encuentran en una situación de emergencia.

El ambiente en el campamento en resistencia del nuevo poblado de Xayacalan, dentro de las asambleas y en conversaciones fuera de ellas, no sólo fue de descontento y denuncia sino de propuestas de acciones conjuntas, con la firme determinación de defender los territorios, ejercer la autonomía en los hechos y enarbolar un basta colectivo ante la violencia sistemática del Estado, traducida en despojos, desalojos, asesinatos, cárceles, desaparecidos, exiliados y represión —situación que, advirtieron en la declaratoria final, “no puede continuar”.

Hasta estas tierras del litoral del Pacífico michoacano llegaron representantes de los pueblos, tribus y naciones wixárika, yaqui, rarámuri, triqui, binnizá, tenek, nahua, purhépecha, ñahñu, mazahua, coca, amuzgo, tlapaneco, mixteco y cuicateco. Sus voces se mezclaron con cientos de participantes de las comunidades anfitrionas de Ostula, Pómaro y Coire, protagonistas de la recuperación de tierras del pasado 29 de junio, en una acción en que hicieron uso del derecho a la autodefensa, ante un ataque mercenario ordenado por un grupo de supuestos pequeños propietarios que habían invadido su territorio.

Fue precisamente la recuperación de estas más de mil hectáreas el motor de esta reunión. Para los anfitriones del significó el apoyo y solidaridad de Congreso Nacional Indígena (CNI) y en las cuatro mesas de trabajo fue el tema prevaleciente, como ejemplo de dignidad, organización, lucha y resistencia. Los retos no se vislumbran fáciles. En este paraje coexisten (o coexistían pues en estos momentos han hecho las siglas a un lado), militantes y simpatizantes de todos los partidos políticos. Hoy se declaran al margen de ellos, unen sus esfuerzos y trabajan en la construcción de un municipio autónomo. Y no de un “municipio soberano”, pues, como diría don Juan Chávez, representante purhépecha, “esa es una fórmula capitalista que no tiene cabida en la autonomía”.

El referente más importante de la reapropiación de este territorio fue sin duda la activación de la policía comunitaria y guardia tradicional, cuyos representantes hicieron acto de presencia ante la asamblea en medio de los aplausos y ovaciones de los delegados y observadores agrupados bajo la enramada recién construida. Con el rostro cubierto con telas negras improvisadas, miembros de la guardia tradicional se posesionaron en los costados de la reunión. “Ellos resguardarán nuestro encuentro. Nos cuidarán todo el tiempo”, señaló el moderador Teódulo desde el micrófono.

La autodefensa de los pueblos indígenas, afirmaron en la declaración final de Xayacalan, “es un modo de organización y acción que estamos buscando y ejerciendo como un paso necesario para defender y proteger nuestra autonomía, nuestra vida, nuestros pueblos, naciones, comunidades, tribus y barrios”.

Y ante voces aisladas que pidieron el reconocimiento institucional de las policías comunitarias indígenas, la asamblea aclaró que “la autodefensa no está sujeta a ningún tipo de negociación inter o paragubernamental, ya que es un recurso para lograr el buen vivir en equilibrio en nuestras comunidades, ante el resquebrajamiento y corrupción del entorno y de las instancias irresponsables de la seguridad estatal, nacional e internacional”.

La autodefensa, advirtieron “es un buen gobierno por nosotros mismos nombrado, reconocido y respetado, en el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación como pueblos que somos”.

Para esta segunda Asamblea Nacional Extraordinaria, el CNI se organizó en cuatro mesas de trabajo, y en todas ellas se discutieron tres temas centrales: el balance de la lucha indígena a partir del Cuarto Congreso Nacional Indígena realizado en la comunidad ñahñu de Atlapulco en el mes de mayo de 2006; el diagnóstico y evaluación de la guerra de conquista y devastación neoliberal en contra de los pueblos indígenas, de la nación y de la Madre Tierra; y el ejercicio de la autonomía indígena, la protección de los territorios indígenas y el derecho a la autodefensa.

El camino. Carlos Manzo, del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, recordó que la primera sesión del CNI se realizó en San Gregorio Atlapulco en octubre de 1996, convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con una vasta presencia de los pueblos indígenas de todo el país. El segundo Congreso Nacional se realizó en el zócalo de la ciudad de México en 1998, y el tercero en la comunidad purhépecha de Nurío, en el contexto de la marcha del Color de Tierra, encabezada por el EZLN y acompañada por los pueblos indígenas del país. Durante todo este tiempo, recordó Manzo, “la voz de los pueblos indígenas fue traicionada por el Estado mexicano y aprobaron una ley indígena que no recogió los principales postulados de los Acuerdos de San Andrés”. En este contexto, en el cuarto CNI se ratificaron los Acuerdos de San Andrés como ley en las comunidades para fortalecer la construcción de autonomías en los hechos.

A partir del cuarto Congreso, continuó Alberto Guerra, de San Gregorio Atlapulco, “se crea una conciencia: si no participamos en la defensa de nuestros recursos, nos van a despojar y saquear de nuestras tierras, como han hecho desde hace años”. Es precisamente en este encuentro nacional donde el CNI en pleno ratifica su adhesión a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, promovida por los zapatistas como respuesta a la traición de la clase política mexicana al movimiento indígena nacional.

Es notable, señaló Rocío Moreno, del pueblo coca de Mezcala, que con la incorporación del CNI a la Sexta y su incorporación al recorrido de La Otra Campaña, este espacio de vinculación creció geográficamente, principalmente en el Norte del país, donde se llevó a cabo el Encuentro Continental de pueblos originarios de América, en Vícam, Sonora. A partir de ese momento, refirió Moreno, “se plantearon  nuevos problemas y soluciones, y se añadieron fuerzas y resistencias”.

Federico Ortiz, observador de Uruapan, Michoacán, y acompañante del CNI desde sus inicios, coincidió en que ocurre un crecimiento del CNI en el Norte, donde, recordó, se organizó en solidaridad con los cucapá un campamento en defensa de la pesca prohibida por la Profepa. La autonomía y la defensa del territorio, indicó, se han fortalecido en los últimos años y como ejemplos citó la recuperación de tierras del pueblo nahua y la paralización del proyecto carretero que pasaría por lugares sagrados de los wixárika de Santa Catarina.

Eutimio Díaz, wixaritari de Jalisco, refrendó que “antes el gobierno llegaba a las comunidades con programas, pero a estas alturas ya nos hemos organizado y ya no nos convencen. A veces cuando le llegan al comisariado pues se vende, pero ya no ha estado pasando esto. Ahora lo que pasa con nosotros es que los comuneros firman cosas que no deben y ya nos hemos dado cuenta”. Eutimio relató que el comisariado que “se vendió” iba a recibir dinero “para la comunidad” pero “la asamblea no lo dejó”, pues ya no aceptan esos programas del gobierno.

El diagnóstico y la autonomía. En la asamblea extraordinaria del CNI se vertieron un sinfín de dolores de los pueblos indígenas. Y como respuesta y propuesta se habló de formas y acciones para parar los proyectos mineros y las represas que devastan el ambiente y desaparecen pueblos enteros. Se refirieron también a la impostergable defensa del maíz y de todas las semillas naturales; al peligro que representan la iglesia y las sectas religiosas que se están implantando en territorios indígenas, al rechazo a los proyectos turísticos y carreteros, así como a la defensa del agua y el rechazo a su privatización. Se habló, y mucho, de la injerencia nociva que representan los partidos políticos de todos los colores que llegan a destruir la organización comunal y de la represión a la que han sido sometidos los pueblos que resisten.

Gaudencio Mancilla, nahua del Consejo de Mayores de Ayotitlán, advirtió que “una y otra vez  los caciques y empresarios son los agentes de discordia en nuestra comunidad, como es el caso de la Mina Peña Colorada, donde explotan nuestras tierras y no pagan y no contribuyen en nada al desarrollo de la comunidad”.

Por su parte, Antonio Altamirano, de la colonia Yerbabuena, Colima, indicó que “haciéndose valer de la actividad del volcán nos están reubicando poco a poco… aunque somos pocos los que nos mantenemos en resistencia permaneciendo allí mismo, nos están cortando los servicios públicos como luz y agua”.

De Tuxpan, Jalisco, el nahua Eduardo Patricio Martínez, explicó que en esta comunidad se implementan cultivos orgánicos “que dan la misma producción que en los sembradíos que utilizan agroquímicos”.

Sobre la defensa del maíz, Silvia Ribeiro, en su calidad de observadora e integrante del grupo ETC, advirtió que se pretende que las comunidades “pierdan sus semillas naturales y se vean en la necesidad de comprarlas, además de que ellos están contaminando las semillas de las comunidades para después rastrearlas y quitárselas argumentando su contaminación”. Ribeiro insistió en la importancia de que el CNI se declare en contra del maíz transgénico, se proteja a las semillas propias y denuncie que se las están contaminando.

El representante purhépecha de Nurío, Juan Chávez, denunció en este sentido que la Ley de Protección de Semillas es “para obligar a nuestros pueblos a que se patenten las semillas, y detrás de esto está Monsanto y tres corporaciones más que controlan las semillas del mundo, entre ellas las semillas mejoradas, semillas Terminator y transgénicos, y vamos a tener que comprar esos maíces dependiendo de las empresas. Éstas son nocivas para el consumo humano. En Europa se utilizan para forraje y aquí las quieren vender como alimento. El gobierno con sus programas apoya a las semillas industrializadas, pero no hay apoyo al campo para cuando cultivamos nuestras semillas. Si no registramos nuestras semillas tendríamos semillas piratas y nos cobrarían por usar estas semillas”.

Por otra parte, Vicente Paredes Perales, de Mezcala, Jalisco, explicó que en esta comunidad hay un proyecto turístico que tendrá como consecuencia que los indígenas se conviertan “en esclavos de nuestras propias tierras”. Neftalí Domínguez, de Zitácuaro, mencionó que sus tierras fueron “explotadas para hacer un corredor industrial y nuestros bosques han sido talados por gente capitalista”. Sin embargo, dijo, “ahora nosotros vigilamos nuestros bosques con nuestros propios recursos”. Explicó también su lucha contra la empresa Santorini, que extrae el agua de sus manantiales.

Desde Vícam, Sonora, llegó Juan Domingo por segunda ocasión a Ostula. Aquí se refirió a la intromisión de las sectas religiosas en las comunidades indígenas. Señaló que todas las sectas promueven lo que “es bueno para ellas” pero “no para nuestra cultura, que es la base de la autonomía”. Las sectas, explicó, no permiten a los yaquis “participar en los usos y costumbres de nuestro pueblo y se atreven a opinar en contra de nuestras costumbres. Cada vez más gente nuestra es convencida y algo hay que hacer en lo particular, pues es importante atenderlo con urgencia para detener esa constante intromisión que afecta la fortaleza de nuestra cultura y nuestras costumbres”.

Gabino Ávila, de la Mixteca oaxaqueña, puso a discusión un aspecto relevante de los procesos autonómicos: “Hay comunidades que hablan de autonomía y siguen recibiendo los apoyos del gobierno. Siempre he dicho que los apoyos no llenan las necesidades, pues se les da el sobrante a las comunidades y son proyectos que no se nos consultan, sino que nos los imponen en la Mixteca de Oaxaca.

El Congreso Nacional Indígena se pronunció por la libertad inmediata e incondicional de los doce presos políticos de San Salvador Atenco, los cinco presos de Candelaria, Campeche demandados por la Comisión Federal de Electricidad, y la de “todos y todas los presos políticos indígenas y no indígenas del país”.

Fotos: Heriberto Rodríguez