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18 de agosto de 2009 Número 23 Directora General: CARMEN LIRA SAADE |
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Esclavismo, lacra de jornaleros
en tiempos modernos
En fechas recientes los medios informativos han dado cuenta de denuncias y relatos que demuestran que la trata de personas, el secuestro y violación de los derechos humanos son un lacra que afecta a los jornaleros; que las condiciones de esclavitud del siglo XIX persisten y se agudizan hoy por la crisis económica y que hay una nula reacción de las autoridades, y en algunos casos lo que hay es complicidad. Las notas hablan de migrantes explotados en Florida, de guanajuatenses empleados prácticamente sin paga en viñedos de Sonora, de niños indígenas que trabajan en Sinaloa y también de guatemaltecos en fincas cafetaleras de Chiapas.
Antes de reseñar tales notas, cabe dar algunas cifras: en un informe de 2005 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que 12.3 millones de personas trabajan en el mundo bajo amenazas, coacción o en condiciones inhumanas, la mayoría en la minería, otros más son jóvenes y niños cooptados por el comercio sexual, y otros más están en las fábricas, el servicio doméstico y la agricultura.
Casos de Florida. Información de la agencia EFE detalló recientemente que la Coalición de Trabajadores Campesinos de Inmokalee, al suroeste de Florida, intenta llamar la atención del gobernador del estado para que se entere de que los jornaleros de origen hispano que trabajan en la cosecha de tomates son sometidos a abusos y maltratos. En marzo esta coalición entregó una petición firmada por 36 mil 900 trabajadores para que el gobernador emita un “acuerdo de cero tolerancia contra los maltratos, la esclavitud y los abusos laborales”. Durante los siete años recientes se han investigado siete casos de esclavitud en ranchos de Florida. Uno de ellos corresponde a la familia Navarrete, de Inmokalee, cuyos miembros fueron condenados a 12 años de cárcel por haber sometido a mexicanos y guatemaltecos a trabajos duros, a golpes y a encierros durante las noches en un furgón sin ventilación.
Otro reporte, documentado por Excélsior y Contralínea en junio y julio, detalla que más de 80 campesinos originarios de Guanajuato fueron contratados en marzo para trabajar en los viñedos del rancho Las Mercedes, en Hermosillo, Sonora. La operación se hizo apoyada por el Sistema Estatal de Empleo de Guanajuato. Los jornaleros recibieron promesa de buena paga, comida y hospedaje. La realidad era otra, muy cruda. El texto de Excélsior señala:
“El día empezaba a las 4:30 horas para alcanzar a desayunar. El menú, huevo y frijoles. Al terminar, se trasladaban en grupo hacia la zona que les correspondía. ‘Nosotros estábamos en el raleo, que es limpiar el racimo y teníamos que caminar como 40 minutos para llegar hasta donde nos tocaba' comenta Juan Pablo Mosqueda (...) A las 18:30 horas, cuando ya terminaban la línea o planta, se dirigían al comedor. Había que hacer una fila por más de una hora. La cena consistía en frijoles molidos o atole de frijol, tortillas y agua de la llave. ‘Si queríamos refresco nosotros lo teníamos que pagar (...) A veces mejor nos quedábamos sin comer. Nos salían cabellos y las cosas echadas a perder (...) Lo que no me trago en mi casa me lo vine a tragar aquí'. El dormitorio asignado, donde se supone que cabían 45, estaba ocupado por cerca de cien personas que estaban acomodadas en literas sin colchones. ‘A veces juntábamos dos literas y dormíamos de hasta tres para que no nos diera tanto frío'”.
Cero ganancias. Muchos de los jornaleros decidieron abandonar Las Mercedes y regresar a Guanajuato. Cuando los liquidaron, les descontaron las comidas, “y allí se nos fue todo”. La mayoría volvió sin un peso en la bolsa”, pues el patrón les cobró comidas, traslados y más, señala Excélsior. Los afectados acudieron a la Comisión de Derechos Humanos de Guanajuato para quejarse y ésta les respondió:“lo que pasaron ha sido un castigo, una prueba de Dios. Quizá los premien dándoles un buen empleo ahora por acá”. Los gobernadores Eduardo Bours (PRI) y Juan Manuel Oliva (PAN) simplemente guardaron silencio ante la denuncia.
En abril pasado, El Universal publicó un reportaje sobre los “esclavos encubiertos”, relativo a los miles de niños migrantes, jornaleros, vendedores, pepenadores o mil usos que son obligados a abandonar la escuela para contribuir a la economía de sus familias. El texto cita a Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero “Tlachinollan”, quien señala que más de cinco mil infantes indígenas de ese estado abandonaron en los primeros cuatro meses sus estudios para irse a trabajar a los campos de Sinaloa a cambio de 60 pesos por jornada de 12 horas. El reportaje dice que desde hace cuatro décadas cada año miles de niños mixtecos, zapotecos, tlapanecos, amuzgos, triques y purépechas son “enganchados” para ir con sus familias a esos campos sinaloenses. Tienen entre ocho y 14 años de edad y laboran en el deshierbe, regado de surcos, el desbrote o como acarreadores de agua. Ello no obstante que la Ley Federal del Trabajo sólo permite la contratación de niños mayores a 14, siempre y cuando sea con autorización de los padres y no se interfiera en su educación. Asimismo, el artículo primero de la Constitución prohíbe la esclavitud.
Un reportaje más de El Universal, éste de Carolina Rocha, publicado a inicios de 2008 pero muy vigente, relata las condiciones de “esclavitud moderna” que sufren los trabajadores del café, del plátano y de la caña de azúcar en Chiapas, muchos de ellos guatemaltecos. Dice: “Como en la época de la hacienda feudal, está prohibido salir mientras dure el contrato de trabajo; el alimento, techo y cuidado lo provee el patrón, y lo que no da él, sale del bolsillo del trabajador al estilo de las tiendas de raya (...) Los contratos duran entre cuatro y seis semana y la paga va de 50 a cien pesos por caja de café (...). El texto menciona comentarios del quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Mauricio Farra, para quien esta situación se tipifica como “trata de personas” y dice que hay complicidad de las autoridades locales, estatales y federales pues ellas saben “que permanecen en la finca, que no pueden salir, que se les retienen sus documentos personales, que se les cobra el alimento y que son obligados a trabajos en condiciones inhumanas y degradantes”.