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Promulgó ley por la que el tope salarial de servidores públicos es el del presidente de la República

Con un mes de retraso, autoriza Calderón que ningún funcionario gane más que él

La percepción mensual del mandatario es de $146 mil 830.21; se cumple el ideal juarista, dice

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Los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Hacienda, Agustín Carstens, flanquean al presidente Felipe Calderón en el contexto de la firma del decreto que regula los salarios de funcionariosFoto Guillermo Sologuren
Claudia Herrera Beltrán
 
Periódico La Jornada
Sábado 22 de agosto de 2009, p. 5

Con casi un mes de retraso y tras haber recibido exhortos de senadores de PRI y PRD, el presidente Felipe Calderón promulgó ayer el decreto que fija topes a los salarios de los funcionarios.

A partir de ahora, ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la República, cuyo sueldo bruto es de 208 mil 847.92 pesos y el neto de 146 mil 830.21, según el tabulador publicado por la Presidencia.

A la vista de la prensa y de los secretarios de Hacienda, Agustín Carstens; de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de la Función Pública, Salvador Vega, el mandatario federal firmó el decreto e hizo un llamado a los gobiernos locales a acelerar el paso en la adecuación de sus legislaciones a estas nuevas reformas y fortalecer sus sistemas de transparencia y rendición de cuentas.

Calderón aseguró que con ello se cumple el ideal juarista que hablaba de la honrosa medianía, ya que el sueldo debe servir a los funcionarios para que puedan vivir con decoro, y no ser visto como botín.

La promulgación se dio 18 días después de que el senador Pablo Gómez Álvarez, promotor de esta reforma, se quejó de que el gobierno de Calderón no había publicado las modificaciones constitucionales, a pesar de que desde el pasado 22 de julio la Comisión Permanente hizo llegar al secretario de Gobernación el oficio para la divulgación.

En esa ocasión, el senador priísta Adolfo Toledo Infanzón deploró también que la administración federal insistiera en retardar la publicación de leyes, y coincidió con su homólogo perredista en que se está actuando de forma ilegal, porque al tratarse de una modificación constitucional, el deber de la Secretaría de Gobernación es publicarla de inmediato en el Diario Oficial de la Federación.

La reforma a los artículos 75, 115, 122, 123 y 127 constitucionales establece la prohibición de que los servidores públicos perciban un sueldo mayor al del presidente y evita las disparidades que se han llegado a presentar en diversas regiones, e incluso entre autoridades estatales, municipales y federales, explicó Calderón.

Queremos que los funcionarios cuenten con una retribución equitativa y coherente con su puesto y su función, y se eviten abusos en la administración de las remuneraciones de los servidores, expresó el michoacano en una ceremonia especial realizada en el salón Manuel Ávila Camacho.

Previamente, hizo su más amplio reconocimiento al Congreso de la Unión y a las legislatura estatales por haber revisado, analizado, enriquecido y aprobado esta iniciativa que su gobierno presentó para reafirmar –dijo– su compromiso de gobernar siempre bajo los principios de equidad, transparencia y honestidad en el uso del gasto público.

La reforma establece que los servidores públicos de la Federación, de los estados y de los municipios recibirán un pago adecuado por el desempeño de su función, que deberá ser proporcional a su responsabilidad.

Además, los poderes de la Unión, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los órganos constitucionales o locales autónomos deberán incluir en sus proyectos de presupuesto los tabuladores desglosados de las remuneraciones de sus servidores públicos.

De esta forma –señaló–, se pone un alto a la discrecionalidad en la fijación de salarios y se rinden cuentas claras a la ciudadanía, lo que es obligación de todo gobierno democrático, sobre todo en momentos en que las familias mexicanas hacen un gran esfuerzo por salir delante de la crisis económica.

Al final de su alocución, aludió al pensamiento de Benito Juárez, quien señalaba que bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa ni improvisar fortuna.